El Tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es el retrato de un país que no existe: en el México actual campean la impunidad, la desigualdad, la miseria, la corrupción. En el caso de los indicadores económicos, el informe falseó algunos, manipuló otros y eligió los que más le convinieron para crear la imagen de una nación idílica en la cual sus políticas son exitosas: un México con estabilidad macroeconómica, con crecimiento y en proceso de aceleración, que crea empleos formales y contribuye al bienestar de las familias.
Pero si por algo se caracterizan estos 3 años es por sus múltiples y devastadoras crisis, entre ellas la económica, que ha contribuido a que más de 100 millones de personas se encuentren en situación de pobreza y miseria; la social, exacerbada por los conflictos derivados de los megaproyectos (mineros, carreteros, acuíferos, petroleros, eléctricos, turísticos…); y la humanitaria, que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas inocentes, como los 43 normalistas rurales que fueron víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero; los miles y miles de desaparecidos y de ejecutados en el contexto de la violencia extrema.
Pobreza
Para el presidente de la República, en México sólo existen “6.2 millones de personas en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación; de los cuales 4.5 millones viven en hogares atendidos por al menos un programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Cálculos de especialistas como Julio Boltvinik y Araceli Damián, investigadores de El Colegio de México, sostienen que el 84.3 por ciento de la población de México, más de 100 millones de personas, padece pobreza por ingresos.
Las cifras presidenciales se desmienten incluso con los reportes del propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que para julio de este año documentó que más de 28 millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria.
Al presentar su Tercer informe, el presidente aseguró que la Cruzada Nacional contra el Hambre “ha permitido mejorar drásticamente la condición de vida de las personas en pobreza extrema de alimentación, esto es, de los más pobres entre los pobres”. Los datos que no se especifican van de 11.5 millones a 11.4 millones, de lo cual se desprende que la mejoría fue apenas para 100 mil personas en extrema pobreza.
Más aún, según el Coneval, en 2014, 63.8 millones de mexicanos vivieron con un ingreso inferior a la línea de bienestar, que para el área urbana está delimitada en 2 mil 542 pesos mensuales. En tanto que en el área rural fue de 1 mil 614 pesos mensuales.
Economía
En materia económica no nos va mejor. Aunque el presidente aseguró que México vive estabilidad macroeconómica, los mercados financieros del país sufren los costos de la volatilidad externa y de la especulación, que han afectado a la bolsa, al mercado de dinero y provocado la devaluación de cerca del 20 por ciento de la moneda. Y los precios del crudo se han desplomado 60 por ciento y provocado la pérdida del 37 por ciento de los ingresos fiscales reales del Estado, obligando al gobierno a recortar el gasto que ha comprometido el crecimiento económico en 2015 y 2016.
Peña Nieto dijo que la economía creció 2.4 por ciento, en promedio, en la primera mitad de 2015. Pero debajo de esa media se ocultó algo: que la economía se desaceleró en el segundo trimestre, por lo que hasta Agustín Carstens –gobernador del Banco de México– cree que al cierre del año la tasa será de 1.7-2.5 por ciento y no de 3.7 por ciento como se programó. Así, el crecimiento medio en lo que va del sexenio es de 2 por ciento, menor al 2.4 registrado por los gobiernos neoliberales que le antecedieron. Éste es el peor desde Miguel de la Madrid.
Añadió que ese crecimiento supera al de algunos países. Es cierto. Pero también es peor que otros: China o India crecen por arriba por del 7 por ciento. La dinámica mexicana es comparable a Haití y otros países del Caribe.
Afirmó que el desempleo de julio (4.7 por ciento) fue la tasa más baja para el mismo mes desde 2008. Pero en diciembre de 2014 había sido de 3.8 por ciento y al inicio del sexenio era de 4.4 por ciento.
En su informe resaltó la creación de 1 millón 424 mil puestos de trabajo formales en su mandato, la cifra formal más alta para la primera mitad de las últimas cuatro administraciones. Sin embargo, cada año se requiere entre un 1 millón y 1.2 millones de empleos nuevos.
Y aunque también se habló de mejoría laboral, en el país existen 28 millones de desocupados, subocupados, informales y personas que dejaron de buscar un empleo, equivalentes al 56 por ciento de los ocupados. De estos, el 63 por ciento no tiene acceso a la salud pública; 38 por ciento no tiene prestaciones laborales, y 45 por ciento carece de contratos. El empleo que se crea se ubica entre uno y dos salarios mínimos que garantizan la pobreza y la miseria.
Alta burocracia y austeridad
Lo que Peña Nieto no pudo esconder es que el país enfrenta una “caída en los ingresos públicos”. Pero prometió que no va a aumentar los impuestos ni a “endeudar al país”. Su gobierno, aseguró, se apretará el cinturón: gastará menos y mejor. Hasta 10 párrafos destinó para apuntalar su compromiso con “la austeridad presupuestal”. Son 10 maneras de decir lo mismo pero sin ninguna cifra. No pudo proporcionar un solo dato de las “estrictas medidas de austeridad” que adoptará su administración.
Ni una sola palabra de los altos sueldos que perciben los funcionarios federales en México, de los tres poderes. Nada respecto de si dejará de ser el presidente que más gana en todo el Continente, con alrededor de 30 mil dólares mensuales, y que representan más de nueve veces de lo que gana, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Evo Morales.
Lo cierto es que la alta burocracia, que encabeza el propio Peña Nieto, resulta una de las cargas más pesadas para las arcas públicas. Lejos de disminuir, el gasto corriente (sueldos, prestaciones y gastos de operación de los funcionarios) se incrementa año con año. Tan sólo para 2015, el aumento fue del 8.9 por ciento con respecto del año anterior. Hoy, mantener a la burocracia cuesta a los mexicanos cada año más de 1 billón 150 mil 536 millones de pesos. La “austeridad” debería empezar por ahí.
Seguridad
En materia de seguridad, indicó que en su gobierno “estamos desarticulando sus estructuras operativas y capacidades financieras y hemos emprendido modificaciones de fondo para prevenir la incidencia delictiva y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”.
Nada más alejado de la realidad: la fuga del principal capo del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera, es ejemplo de ello. Pero no sólo eso: en el país operan al menos 52 organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas, de las cuales nueve son consideradas “grandes” por su estructura y capacidad de acción: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación –escindido del de Sinaloa–, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Carrillo Fuentes, Los Beltrán Leyva, Los Zetas y Los Caballeros Templarios.
Respecto de las capacidades financieras del crimen organizado, del propio Tercer informe se desprende que poco se ha hecho: mientras el gobierno de Estados Unidos calcula que en México se lavan entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales (unos 330 mil 600 millones y 504 mil 600 millones de pesos respectivamente, a un tipo de cambio de 17.4 pesos por dólar), el gobierno de Peña Nieto indica como “logros” en el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el aseguramiento de apenas 167.6 millones de pesos más 14 millones de dólares (unos 411 millones de pesos en total).
La cifra decomisada equivale al 0.05 por ciento de los 330 mil 600 millones o al 0.03 por ciento de los 504 mil millones de pesos que conservadoramente se calcula habrían lavado los criminales. Más ridículo aún resulta el monto correspondiente a la banca, acusada de lavar dinero como quien cumple un servicio más, mientras sus accionistas y directivos son reconocidos por el propio presidente como filántropos, benefactores de la sociedad.
Corrupción
Como parte “del año difícil”, de los “casos y sucesos lamentables” que molestan y perturban a los mexicanos, apuntó la corrupción de funcionarios públicos y empresarios, pero no la previsible impunidad en la mayoría de ellos, garantizada a tal grado que el propio presidente la ejemplifica:
“Señalamientos de conflictos de interés –que incluso involucraron al titular del Ejecutivo–; así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal –y en algunos casos en el ámbito privado–, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana”.
Como respuesta, dijo, “vamos a enfrentar los desafíos, con claridad de rumbo y absoluta determinación”. Quizá se refería a la “claridad” y “absoluta determinación” con las que la Secretaría de la Función Pública le dio carpetazo al caso de la compra de la llamada casa blanca, en la que estuvieron involucrados el presidente, su esposa, Angélica Rivera, y el Grupo Higa, empresa contratista del gobierno federal.
Otro caso emblemático de la corrupción –que alcanzó incluso al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a quien por supuesto nada le ocurrió– son los sobornos de OHL México, filial de la compañía española, en las contrataciones con los gobiernos federal y del Estado de México.
Justicia
En materia de justicia, el Ejecutivo hizo suyas las promesas del Consejo de la Judicatura Federal –que suelen gestar retrasos contados por meses o años– y aseguró que se han “sumado esfuerzos con las entidades federativas para concretar la transformación del Sistema de Justicia Penal en tiempo y forma, como lo mandata la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”. Pero admitió que a menos de 10 meses de que se cumpla el plazo (18 de junio de 2016), en sólo seis estados operan “de forma total” los juicios orales, mecanismo clave, según sus impulsores, para combatir la impunidad y acercar el derecho a la justicia a todos.
También resaltó la aprobación de la nueva Ley de Amparo y del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislaciones que no han evitado que casi la mitad de los encarcelados en el país permanezcan en tal condición sin haber recibido sentencia o a pesar de violaciones sistemáticas al debido proceso.
Nada dijo de los alcances de dichas “reformas que amplían los derechos de las personas”; tampoco especifica qué personas son las beneficiadas, físicas o morales.
Los 10 mil indígenas encarcelados que jamás vieron a un intérprete siguen sin saber de qué se les acusa, y mucho menos que existe el juicio de amparo; para ellos ni una palabra. Tampoco para los del polo opuesto: mineras y corporativos que logran ampararse hasta contra el pago de regalías al Estado o reducir su contribución impositiva por gracia de la creatividad tributaria.
Educación
El presidente aseguró que “en Oaxaca y en todo México se aplicará la ley”. Peña Nieto se refirió, por supuesto, al conflicto magisterial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero, en sus 3 años de gobierno, esa ley que invocó el habitante de Los Pinos no ha alcanzado a los 7.5 millones de analfabetas, quienes fueron borrados del informe presidencial y tampoco están en la lista de prioridades –decálogo– de la “reforma educativa”, que según el presidente es “la más trascendente que hemos concretado”. Será porque busca con ella aplastar a los maestros disidentes de la Sección 22.
La prioridad peñista en el sector educativo la ha centrado en que los niños aprendan inglés; en la “evaluación educativa” como punto toral de su reforma, y en la emisión de bonos a través de la Bolsa Mexicana de Valores por 50 mil millones de pesos para crear infraestructura escolar, que sin duda hace falta en todo el país, pero que no resuelve el problema, como explicó a El Universal el especialista Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. “Sólo seis de cada 10 estudiantes dominan el pensamiento lógico matemático y 20 de cada 100 tienen la capacidad de comprensión de lectura y de escritura”.
Peña Nieto criticó a populistas y demagogos surgidos de crisis internas que, según él, alientan el encono, la desconfianza, el retroceso y la división social, al mismo tiempo que anunciaba los tres ejes de su gobierno para “resolver” el problema educativo: aprender inglés, evaluar a maestros y más endeudamiento por 50 mil millones de pesos que, dijo, es para las escuelas. ¿Quién es el demagogo y populista?
También anunció la creación de una Secretaría de Cultura, como si por el solo nombre este país pudiera elevar sus bajos índices culturales, cuando lo único que hace es crear más burocracia y más gasto público en momentos en que hay recorte presupuestal. Para qué queremos una Secretaría de Cultura si millones de mexicanos no saben leer ni escribir.
Son las ocurrencias finales del tercer año de gobierno y aún faltan 3 más.
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