Al unísono, defensores de derechos humanos dicen que México es un país de impunidades, sobre todo en esta materia. Y enumeran los agravios acumulados en los últimos meses: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo, Ostula, Calera… Frente a este tsunami de sangre, ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas e incremento de actos de tortura que dejó Felipe Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto está revolcado en esa ola.
MÉXICO, DF (Apro).- Alejadas de la agenda de Enrique Peña Nieto durante los dos primeros años de gobierno, las violaciones a los derechos humanos cobraron relevancia a partir del segundo semestre de 2014.
La luna de miel del Mandatario con los medios extranjeros durante sus dos primeros años de gestión se agotó cuando salieron a la luz las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
A esos hechos oprobiosos se sumaron las masacres de Apatzingán y Ecuandureo, en Michoacán este 2015. Luego vinieron las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula. En todos ellos han participado fuerzas federales de seguridad.
Defensores de derechos humanos y miembros de grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la figura de Peña Nieto se resquebrajó ante su incapacidad de renovar el modelo de seguridad sostenido por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que tiene a las fuerzas castrenses como fundamento de la política de combate al narcotráfico y de control social.
Aunado a ello, la figura presidencial se resquebrajó aún más con las posiciones reacias al escrutinio internacional ante los informes del Comité contra la Desaparición Forzada y del relator especial contra la tortura, Juan Méndez, expuestas en el último año de gobierno peñanietista.
BAÑOS DE SANGRE
La tragedia humanitaria no ha parado, comentan a Proceso Santiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara Bermúdez, integrantes de los grupos de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada y sobre detenciones arbitrarias, respectivamente, así como los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Mario Patrón Sánchez y Fernando Ríos Martínez.
"El baño de sangre y los datos de desaparecidos y de personas desplazadas se han agravado en los últimos tres años", señala Corcuera. Eso sólo se explica, dice, por la decisión de Felipe Calderón Hinojosa de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de persecución del crimen organizado, que ya tenía el control, o casi, de poblaciones y municipios". Vicente Fox, aclara, no quiso enfrentar el problema.
Maestro en derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y perito en el litigio contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla —atribuida al Ejército durante la guerra sucia—, Corcuera lo admite:
"Frente a este tsunami de sangre, de ejecutados, desaparecidos, desplazados de trata de personas e incremento de tortura que deja Calderón, el presidente Peña Nieto está revolcado en esa ola, y no ha podido o no ha querido cumplir su promesa de cambiar la estrategia de seguridad".
Catedrático de la Universidad Iberoamericana e Integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU desde 2004, Corcuera insiste en que mantener al Ejército en las calles es fuente de graves violaciones a derechos humanos.
MEMORIAL DE AGRAVIOS
En el sexenio de Calderón, dice Santiago Corcuera, "empezaron las ejecuciones extrajudiciales y se malacostumbró al Ejército a realizar esos operativos. Lo malo es que no han cesado las masacres".
Y alude a los 22 muertos de Tlatlaya: "eso demuestra que el Ejército no es capaz de controlar su violencia y hace un uso excesivo de la fuerza"; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre: "falta aún esclarecer la participación del Ejército"; la masacre de 16 civiles en Apatzingán la Noche de Reyes de este 2015 y los 42 muertos en Ecuandureo, el 22 de mayo pasado: "dicen que actuaron elementos de la Policía Federal, pero a lo mejor eran soldados".
José Antonio Guevara Bermúdez, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de la ONU, coincide con Corcuera. Para él, el estancamiento de la política de seguridad ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Ante ello, las autoridades minimizan los hechos, como en el caso de Tlatlaya, en el de Ecuandureo, donde todo apuntaba desde el principio hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, respectivamente.
Director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Guevara Bermúdez apunta que más allá de los tropiezos políticos de la actual administración, las cifras de la violencia revelan que la estrategia de seguridad no ha cambiado durante la gestión de Peña Nieto.
"Entre 2006 y 2014 se presentaron 4 mil 55 denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil 273 son atribuibles a militares —resalta—. Contamos con cifras conservadoras de 24 mil 851 desaparecidos, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 281 mil 418 desplazados internamente por la violencia; 8 mil 595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan sólo a nivel federal".
DOCUMENTADO
De acuerdo con los datos obtenidos por Guevara y la CMDPDH a través de diversas solicitudes de información pública, a los datos duros de la tragedia, agrega que habría que alertar sobre "27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada contra defensoras de derechos humanos y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos". Todo está documentado, dice.
Ministro de Asuntos de Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra de 2006 a 2009, Guevara sostiene que, en el ámbito internacional, la política de derechos humanos de la administración de Peña Nieto es considerada regresiva.
Muestra de ello, dice, son los desaguisados con el Comité sobre Desapariciones Forzadas y con el relator especial sobre tortura, Juan Méndez, en los que el gobierno de Peña Nieto confrontó las conclusiones de ambas instancias que describían a México como un país donde las desapariciones y la tortura son delitos generalizados. Otra pifia más de la administración de Peña Nieto es el retiro inopinado de la candidatura de Miguel Sarre para el Comité contra la Tortura para imponer a Claude Heller, "un diplomático sin experiencia en materia de tortura", refiere Guevara.
Tras recordar que en diciembre pasado la cancillería intentó influir para que la Corte Penal Internacional no abra una investigación contra México, el director ejecutivo de la CMDPDH considera que "son señales muy claras del pensamiento oficial del gobierno de Peña Nieto sobre cómo percibe los derechos humanos y cómo trata de controlarlos".
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sostiene que los casos graves registrados en el último año pusieron al gobierno de Peña Nieto en el centro de la mirada internacional y son, también, el resultado de su "visión electorera".
Parte de la defensa de los familiares de las víctimas de Tlatlaya y Ayotzinapa, Patrón Sánchez sostiene que la reacción de Peña Nieto en esos asuntos estuvo motivada precisamente por una gran presión internacional y no por algún interés en esclarecerlos y castigar a los culpables.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
