Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ha forzado la ley para concretar el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, otorgado a su constructor favorito, Juan Armando Hinojosa. Apenas llegó a la presidencia, canalizó dinero a ese negocio y expropió tierras indígenas –que incluyen zonas protegidas de bosque– para allanarle el terreno al contratista de la Casa Blanca de Las Lomas.
MÉXICO, DF (Apro).- El jueves 9 Peña Nieto firmó el decreto mediante el cual, con el argumento de "utilidad pública" y la necesidad de "facilitar el transporte" entre el Valle de México y el Distrito Federal, expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla. A cambio pretende entregar un total de 10 millones 850 mil 440 pesos "a quienes legítimamente" demuestren ser comuneros.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo; Armando García, delegado de la comunidad de Xochicuautla, y José Luis Fernández Flores, vocero de los indígenas otomíes, consideran que es un "despojo" y viola sus derechos pluriétnicos, pues no se les consultó el proyecto y, por lo tanto, no autorizaron la entrega de sus tierras.
Además, cuentan con un amparo federal que obliga a las autoridades del Estado de México y a Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa Autovan, a suspender cualquier obra en el Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica.
En entrevista, los comuneros adelantan que impugnarán el nuevo decreto presidencial e interpondrán una segunda queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El conflicto agrario inició en 2006, cuando Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, lanzó la licitación para construir la carretera Toluca-Naucalpan a fin de conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.
Para entonces Hinojosa Cantú ya tenía varias obras estatales en sus manos, una de ellas el estacionamiento del aeropuerto de Toluca. También se le otorgó el contrato para construir la autopista. Y como se trata de una concesión, pues podrá cobrar el peaje de esa vía durante 30 años, se le otorgó el correspondiente título en abril de 2007.
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Comuneros de Xochicuautla protestan contra la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Foto: Benjamin Flores
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DAÑOS A FLORA Y FAUNA
Según la licitación SCEM-CCA-01-06, de los 39 kilómetros de la autopista, cerca de 30 pasan por el bosque estatal Otomí-Mexica y por el Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo, que el propio Peña Nieto declaró áreas protegidas cuando era gobernador.
De acuerdo con el trazo, la autopista cruzará cinco municipios y afectará siete comunidades, entre ellas San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, y Santa Cruz Ayotuxco, en el de Huixquilucan.
El primer inconveniente que planteó la obra fue que, por el decreto presidencial de 1952, la tierra está en posesión de indígenas otomíes-mexicas de las siete comunidades.
El delegado comunal Armando García señala que, después de darle el título de concesión sobre la autopista a Hinojosa Cantú —el contratista que tiene en posesión la Casa Blanca de la familia presidencial en Las Lomas, de la Ciudad de México—, el gobierno estatal intentó dividir a las siete comunidades, que en conjunto suman 7 mil habitantes.
Sin embargo, la administración estatal logró que se conformara un grupo de 441 lugareños que demandaran en mayo de 2007, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, su reconocimiento como "comuneros", lo que consiguieron el 29 de octubre de 2008.
El delegado de Xochicuautla explica que si bien los 7 mil habitantes de la comunidad son beneficiarios del decreto presidencial de 1952, los 441 que están reconocidos por el mencionado tribunal son los que pueden realizar asambleas.
El 10 de julio de 2007, el gobierno del estado presentó el proyecto de la autopista, cuyo costo estimó en 4 mil millones de pesos.
Durante 2009 y 2010 las autoridades estatales y las federales consideraron en diversos documentos que la construcción de la vía provocaría daños a la flora y la fauna del bosque otomí. Los comuneros de Xochicuautla sostienen que los daños van más allá, e incluyen afectación a los mantos acuíferos de la zona, los cuales son parte de los alimentadores del sistema Cutzamala.
FIRMAN ACUERDO
Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad, basada en la Manifestación de Impacto Ambiental que realizó la propia empresa de Hinojosa Cantú, Autovan, detectó que "por su actividad de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan se requiere la afectación de un total de 51.57 hectáreas de bosque por el trazo de la autopista, lo que representa una afectación potencial de 20 mil 936 individuos arbóreos (árboles)".
Ese documento, del cual tiene copia este semanario, establece que la flora afectada incluye 13 especies en peligro de extinción, sujetas a protección o amenazadas.
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) especifica que en la zona hay 27 especies en peligro de extinción, amenazadas y con protección especial, a las cuales, "por las actividades de construcción de la autopista, por el uso de vehículos y maquinaria pesada, (se) ocasionará su desplazamiento y/o ahuyentamiento temporal". A sabiendas de los graves daños que ocasionaría, el gobierno de Peña Nieto, mediante su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, entregó el título de concesión a Hinojosa Cantú.
Ese documento obligó al constructor a entregar al gobierno mexiquense 175 millones de pesos, de los que 65 fueron para modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio; 90 para construir la conexión bulevar Aeropuerto, y los 20 restantes para la construcción del ramal Huixquilucan.
Las maniobras del gobierno del estado siguieron, relata el delegado de Xochicuautla. El 12 de junio y el 14 de agosto de 2011, los 441 comuneros reconocidos por el sistema agrario aceptaron por mayoría un convenio con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) para que les pagara 54 millones de pesos por el derecho de vía, pues avalaban la construcción de la autopista.
La mayoría compuesta por 320 comuneros votó por aceptar el convenio de ocupación previa y con ello el pago de 230 pesos por metro cuadrado (para un total de 55 millones 538 mil 758 pesos); los otros 121 comuneros reconocidos se inconformaron porque, dijeron, la asamblea no cumplió con los requisitos y fue amañada.
Aunque la disputa se fue a los tribunales, el acuerdo con el SAASCAEM se firmó el 16 de noviembre de 2011.
