La Jornada - Editorial
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
manifestaron ayer posturas opuestas e irreductibles acerca del proceso
de evaluación a docentes de educación básica y media superior, previsto
en la reforma educativa operada a principios del sexenio en curso: en
tanto que el titular de esa dependencia, Emilio Chuayffet, declaró que
la evaluación se aplicará
llueva o trueney elevó la duda sobre su realización a
ofensa al Presidente, dirigentes de la organización disidente del magisterio afirmaron que el examen no se aplicará en las entidades donde la CNTE cuenta con mayor presencia.
La prueba de fuerza tiene lugar luego de dos semanas en las que el
asunto de las evaluaciones ha sido sometido a toda suerte de vaivenes.
Cabe recordar que el pasado 29 de mayo la SEP anunció en un escueto y
oscuro comunicado la
suspensión indefinidadel proceso evaluatorio debido a
nuevos elementos a consideraren su aplicación. Un día antes dirigentes de la CNTE habían advertido que de no cancelarse los exámenes realizarían un boicot a los comicios que estaban, por entonces, próximos a realizarse. El anuncio provocó airadas reacciones de los mismos grupos empresariales que previamente habían presionado para imponer tales evaluaciones en la reforma educativa. Uno de los membretes que más cabildeó en este sentido llegó incluso a interponer un amparo para ordenar a la autoridad educativa que realice las pruebas y la fracción senatorial del Partido Acción Nacional demandó la remoción de Chuayffet por la medida, a la que tachó de ilegal.
Un día después de la elección, el 8 de junio, la SEP reculó: su
titular anunció que la evaluación sí se realizaría y explicó que la
medida de suspenderla se había debido a que en su momento algunos
gobiernos estatales no contaban con las sedes, las computadoras y la
conectividad necesaria para realizar los exámenes. El martes el propio
presidente Enrique Peña Nieto ratificó que el proceso de evaluación a
los maestros del sistema de educación pública
sigue adelante, ni se pospone ni se difiere y por ninguna razón se cancela. Desde entonces, las partes se han mantenido inamovibles en sus posturas.
Si bien es cierto que desde mayo el conflicto parecía
empantanado, el zigzagueo del gobierno federal no sólo despertó
suspicacias de que la
suspensión indefinidaera un manejo de circunstancia electoral, que restó fuerza a la posición oficial y sembró gran confusión en la opinión pública, confusión que se mantiene hasta el momento presente.
Cabe, en tal circunstancia, pedir a las autoridades y a los
educadores disidentes que se conduzcan con moderación y flexibilidad,
abandonen posturas irreductibles y se empeñen en encontrar una solución
negociada en la mesa del diálogo.
Más allá de la situación actual, la reforma educativa exhibe sus
limitaciones e incongruencias, puesto que en realidad no fue educativa,
sino que consistió en un recorte de derechos laborales a los docentes de
la educación pública, una transferencia de obligaciones monetarias a
las familias de los educandos y una concesión a voraces exigencias de
grupos proempresariales supuestamente preocupados por la calidad de la
educación.
En tal circunstancia salta a la vista la necesidad, si no de
revertir, al menos de adecuar la llamada reforma educativa, a fin de
hacerla aceptable a los principales afectados por ella, que son los
maestros de las escuelas públicas y sobre quienes se ha hecho recaer, en
forma por demás injusta, la total responsabilidad por la desastrosa
situación de la educación primaria, media y media superior que imparte
el Estado.
