La Jornada - Editorial
El Instituto Nacional
Electoral (INE) reconoció que una falla en su sistema de cómputo
propició que la información difundida sobre los conteos distritales
cerraran ayer en 100.61 por ciento de avance, a pesar de que ese proceso
aún no concluía formalmente. El referido error en el conteo de los
votos provocó, por ejemplo, que hubiera distritos con 500 casillas y en
los que se computaron 550.
El dislate numérico dista de ser el único punto cuestionable de la
jornada comicial del pasado domingo. A lo anterior se suma el conflicto
abierto que se vive en la delegación Gustavo A. Madero, donde el
Instituto Electoral del Distrito Federal se ha negado a realizar un
conteo de ciento por ciento de los votos, como lo indica la legislación
nacional, con el argumento legaloide de que ese instituto
no está facultado para hacerloy que la ley electoral contiene
cierta ambigüedad. Lo cierto es que el rechazo mencionado ha abierto paso a una tensión poselectoral que no debiera tener lugar si se respetara el principio de transparentar el resultado de las elecciones; por el contrario, la actitud del IEDF ha hecho que surjan denuncias de alteración de boletas electorales en su contra por Morena, y que pese una sombra de duda sobre el resultado real de las votaciones en esa demarcación.
Si a esto se añade la confrontación y la violencia que
marcaron al proceso electoral en su conjunto, así como las constantes
violaciones de la legislación electoral por partidos políticos y
particulares, es claro que la elección celebrada este año dista mucho de
haber sido ejemplar, como señalaron las autoridades electorales y el
gobierno federal, y que la eficacia de las primeras ha quedado de nueva
cuenta en entredicho a consecuencia de su ineficiencia, indolencia y
conductas omisas.
La perspectiva es grave, porque una vez más, como ocurre cada tres y
seis años, las instituciones pidieron a la sociedad del país un voto de
confianza que no han sabido respetar: lejos de dar a los ciudadanos
certeza sobre el respeto a sus derechos políticos y a la voluntad que
expresaron en las urnas, esas autoridades han colocado a la elección en
un panorama de desaseo e incertidumbre y ante la perspectiva indeseable
de que el resultado final de las elecciones tenga que definirse en los
tribunales.