Jenaro Villamil - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Un comando asesinó este martes a Miguel Ángel
Luna Munguía, candidato del PRD a diputado federal en el distrito 23 del
Estado de México, correspondiente al Valle de Chalco.
El mismo día en que el gobernador mexiquense Eruviel Avila y el
instituto local electoral insistían en que los comicios en la entidad
más poblada del país se desarrollarían en paz, la violencia se hizo
presente, como también ha estado en los últimos días en Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Yucatán.
Con el crimen de Luna Munguía suman ya 20 políticos ejecutados en 10 entidades, rompiendo el récord de asesinatos en un proceso electoral federal reciente.
Antes de Luna Munguía, la lista de candidatos asesinados fue la siguiente:
–El 19 de febrero fue asesinado en Tlaxiaco, Oaxaca, el precandidato del PRD a diputado federal, Carlos Martínez.
–El 1 de mayo, el mismo día de los narcobloqueos en Jalisco, fue
asesinado en Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a
la alcaldía. Tan duras han sido las amenazas en este municipio en focos
rojos en Guerrero, que la candidata de Morena, Laura Patricia
Hernández, renunció al tiempo que un comando amagó al candidato a
gobernador del Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton.
–El 14 de mayo, en Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado el candidato
de Morena a alcalde Enrique Hernández, un personaje que denunció la
infiltración de los Caballeros Templarios desde antes de la fundación de
los grupos de autodefensa.
–En Huimanguillo, Tabasco, el 15 de mayo fue asesinado el aspirante a regidor, el priista Héctor López Cruz.
A estos asesinatos de candidatos se suman los crímenes contra
exregidores, dirigentes partidistas y operadores electorales en varias
partes del país, hasta sumar una lista de 20 homicidios.
También los enfrentamientos entre simpatizantes ha dejado un saldo
rojo en varias entidades: en la comunidad de Ixcaputzalco, Guerrero,
fueron asesinados cuatro simpatizantes del Panal, el 30 de abril; el 31
de mayo, en el municipio de Peto, Yucatán, dos simpatizantes del PAN
murieron y seis fueron heridos luego de enfrentamientos con presuntos
grupos de choque del PRI.
El final de mayo se puso muy violento con los crímenes de Jehová de
la Cruz Gallegos del PRD en Juchitán, Oaxaca; el del exedil panista en
Cuitláhuac, Veracruz, Ambrosio Borbonio; el del regidor priista de
Chignahuapan, Puebla, José Salvador Méndez, y el del coordinador de la
campaña priista en el DF, Israel Hernández, el 28 de mayo.
A estos homicidios se suman más de 70 episodios de secuestros,
amenazas de extorsión y de muerte, agresiones de grupos de choque y
ataques directos a las instalaciones del INE.
El 21 de mayo,un grupo de sujetos sin identificar lanzó granadas en
las instalaciones del INE y de la Policía Federal (PF), en Matamoros,
Tamaulipas, la entidad donde la narcoviolencia le cobró la vida al
candidato a gobernador del PRI en 2010, Rodolfo Torre Cantú.
Por si faltaran más elementos de tensión y crisis, en vísperas del
proceso electoral las protestas y movilizaciones de la CNTE y de otros
grupos han repuntado en varias entidades. Este 2 de junio, mientras el
líder del PRI, César Camacho, encabezaba el cierre de campaña de sus
candidatos en Tuxtla, Gutiérrez, profesores de la CNTE tomaron
gasolinerías y oficinas del INE.
Situaciones similares se han producido en Oaxaca, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
En el Distrito Federal, la tensión entre contendientes del PRD y de
Morena ha prendido también los focos rojos en 13 de las 16 delegaciones
que tendrán comicios el próximo domingo. La disputa real entre estas dos
organizaciones partidistas se reflejará en las demarcaciones más
disputadas: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Milpa Alta, Gustavo A.
Madero, Azcapotzalco, Coyoacán y Magdalena Contreras.
En otras palabras, estamos frente a tres tendencias que marcan el derrotero de esta contienda:
1. Un incremento real de la intimidación de grupos criminales a los
candidatos para eliminarlos de la contienda, sin que las autoridades de
seguridad pública y mucho menos las electorales puedan dar garantías
mínimas. La Fepade y la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO) han sido absolutamente rebasadas.
2. La violencia en tiempo electoral se empata con la aguda crisis en
materia de respeto a los derechos humanos y de sistemáticas violaciones
cometidas por cuerpos de seguridad en entidades como Guerrero,
Michoacán, Jalisco y Oaxaca, que se han convertido en el corredor más
preocupante para observadores y funcionarios.
La intimidación y la violencia también tienen otro objetivo mucho
menos noble que los simpatizantes de la anulación del voto: inhibir la
participación de los ciudadanos a través del miedo.
Este es el sello de un proceso electoral que llega a su término en profunda crisis para los partidos y las autoridades.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
