La Redacción - Proceso
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un juzgado de Baja California fijó
una fianza de 7 millones de pesos a cada uno de los tres jornaleros
detenidos por la destrucción de patrullas y la comandancia de Policía de
Vicente Guerrero durante los enfrentamientos del pasado fin de semana
en San Quintín.
Pese a que durante los disturbios en la comunidad triqui el sábado pasado fueron detenidas 11 personas –entre ellas cuatro menores de edad que ya están en libertad–, tres pagaron una fianza menor y dejaron la prisión.
El juzgado determinó, con base en datos recabados por el Ministerio
Público, que los tres jornaleros de origen oaxaqueño tuvieron la mayor
responsabilidad durante el choque con elementos de la Policía estatal.
A los tres detenidos se les acusa de daño al patrimonio de la
humanidad, destrucción de patrullas y daño a los carros blindados y
equipo de la policía estatal.
Trascendió además que a un cuarto detenido se le fijó una fianza de
500 mil pesos. Las fianzas podrían ser modificadas conforme avance el
proceso judicial.
El sábado pasado, jornaleros fueron golpeados por policías
municipales y estatales en el conjunto habitacional conocido como “La
Triqui”, en la delegación Vicente Guerrero, en el Valle de San Quintín.
Los hechos violentos dejaron al menos 70 jornaleros agrícolas heridos y varios hospitalizados.
De los 70 lesionados, 60 son oaxaqueños y siete aún están hospitalizados; dos de ellos están en condición grave.
Integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y
Municipal por la Justicia Social acusaron a la policía estatal de Baja
California de los hechos de violencia en San Quintín.
Lucila Hernández, integrante de dicha agrupación, dijo que la policía
irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde
residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la
idea de detenerlos.
Con base en testimonios, la activista aseguró que la madrugada del
sábado los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque”
de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para
ir a trabajar.
Los uniformados, prosiguió, arremetieron sin motivo alguno contra los
jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola;
incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se
refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
Fuente: Proceso
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