Gabriela Pulido Llano y Pedro Salmerón Sanginés - Opinión
El Poder Legislativo no
es sólo el encargado de hacer leyes: sus integrantes son los
representantes del pueblo y, por tanto, su misión es también debatir los
problemas nacionales; así como limitar y equilibrar al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la 62 Legislatura no representa, no debate, no limita:
aprueba los proyectos del Ejecutivo y repite sus posicionamientos frente
a los problemas más candentes. Así lo muestra su actuación ante un caso
paradigmático: la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En ese caso, el Legislativo actuó sólo cuando Peña Nieto, 11 días después de la tragedia, se declaró
indignado y consternado ante la información(sí: 11 días después). Pasados dos días más (8 de octubre) el Legislativo instaló una
comisión especialintegrada por un representante de cada fracción parlamentaria (siete) para
dar seguimiento a las investigaciones. El presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya, declaró que
el temaera presa de un “manejo político… escandaloso” y pidió a sus colegas
tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas.
La comisión se reunió con el procurador, con el secretario de Gobernación, con representantes de la ONU, de ONG y del Ejército. El informe de sus pesquisas no contenía ninguna conclusión operativa ni daba cuenta de ninguna acción efectiva. Sus integrantes no se reunieron nunca con los familiares de los estudiantes, ni con los supervivientes. Ni siquiera fueron a Iguala o Ayotzinapa, pues era
peligroso. Como señala Flor Goche en un muy completo reportaje de Contralínea
no habían turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición. Mucho menos, cuando varios integrantes de la comisión hicieron suya
la verdad históricade Murillo Karam.
Los legisladores recibieron, entre otros informes, el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuya integración fue aceptada por el Estado mexicano. El 3 de noviembre de 2014 este grupo difundió un informe en el que describe las inconcebibles contradicciones entre las instancias federales, estatales y municipales (incluida la CNDH). Tras el devastador análisis, los expertos sugirieron
impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia. ¿Lo atendió la 62 Legislatura? De dientes afuera.
El 19 de febrero una comisión del Legislativo se reunió con
parlamentarios europeos preocupados sobre el tema, que mostraron a sus
pares mexicanos su extrañamiento por la no resolución del caso
Ayotzinapa. Los senadores priístas Omar Fayad y Blanca Alcalá
respondieron que en dos meses el gobierno había detenido a los
responsables materiales e intelectuales y el caso estaba cerrado. Fueron
los eurodiputados quienes mostraron los escalofriantes números de la
desaparición en México, que hacen palidecer a la dictadura militar
argentina. Fueron los eurodiputados quienes recordaron a sus pares
mexicanos que todos los expertos y las instancias independientes
rechazan la
verdad históricade Murillo y los senadores priístas. Y les preguntaron:
¿cómo se comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué consultas sociales?, ¿cómo se comunican ustedes con las familias del caso Iguala?No oyen, no ven, no escuchan. Tampoco entonces, los legisladores mexicanos acusaron recibo de lo que se les decía alto y claro.
El 29 de abril se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional,
que tipifica la desaparición forzada. Durante su discusión en el Senado
se pronunciaron discursos escalofriantes: más allá del reconocimiento de
que la desaparición forzada es una constante en nuestra historia
contemporánea, escuchamos a los senadores plegarse a la
verdad históricadel Ejecutivo federal o simple y llanamente hacer campaña electoral. Ayotzinapa pasaba así a la lista de pendientes: un asunto más a analizar en un futuro indefinido. A ninguno parecía inquietarle el destino de los 43 normalistas.
En los medios y las redes se ha publicado ingente información. Poca y
pobre ha sido la que da cuenta de las acciones de la 62 Legislatura.
Sólo una está relacionada con el arte y privilegio de legislar: la
reforma al artículo 73. Por ahí, opiniones y comentarios a título
personal. No vale la pena citarlos: son sólo eso, opiniones. En
realidad, omisiones, silencios cómplices, que pintan a los integrantes
de la 62 Legislatura como lo que son, con contadas excepciones: un
conjunto de individuos pusilánimes que representan únicamente sus
intereses de grupo, que dan la espalda a los grandes temas nacionales.
