La Jornada - Editorial
Uno de los aspectos
menos mencionados del conflicto que tiene lugar en San Quintín, Baja
California, entre jornaleros agrícolas explotados y sus patrones, es el
conjunto de factores binacionales que han hecho posible su atroz
situación laboral, de la cual este diario ha dado cuenta en sus más
recientes ediciones. El más obvio de esos factores es el escenario fronterizo, tradicional
zona de difuminación del control del Estado y, por tanto, zona propicia
para los atropellos y abusos de toda suerte en contra de habitantes y
trabajadores; terreno fértil para el surgimiento de grupos de la
delincuencia organizada y para el establecimiento de lazos de
connivencia entre éstos y las autoridades formales. No es casual que
haya sido en uno de estos ámbitos donde se presentó una de las primeras
manifestaciones de la ola de violencia que ocurre en el país: los
feminicidios en Ciudad Juárez, que han cobrado a buena parte de sus
víctimas entre trabajadoras de la maquila.
Por otra parte, las condiciones de explotación, abuso, negación de
los derechos laborales básicos y virtual reducción de los trabajadores a
situaciones de esclavitud tienen lugar también al norte del río Bravo y
las víctimas suelen ser las mismas que en las plantaciones de Baja
California: agricultores expulsados de sus tierras por la política
económica devastadora impuesta en el país desde hace tres lustros, a
quienes no se han dejado más horizontes que la marginación informal
urbana, la delincuencia o la migración, sea al país vecino o, en el
territorio nacional, a los centros maquiladores y a las plantaciones
propiedad de grandes agroindustrias, como las que operan en San Quintín.
Un tercer elemento a tomar en cuenta en la dimensión global
del movimiento de los jornaleros en Baja California es que buena parte
de los productos agrícolas cosechados por ellos están destinados a los
mercados estadunidenses.
El ínfimo valor fijado para la mano de obra mexicana –aun menor en el territorio nacional que en el país vecino–, así como las sequías que han afectado a California en épocas recientes, han llevado a diversas corporaciones a trasladar sus cultivos al sur de la frontera. En México tales corporaciones cuentan con el factor adicional de la complacencia de las autoridades locales y federales ante los abusos patronales y los desmanes ambientales de las agroindustrias.
Tal complacencia se ve fortalecida porque entre las empresas explotadoras de los jornaleros y la clase política bajacaliforniana existen lazos de asociación y, a la larga, de complicidad, lo que explica que haya debido ocurrir la sublevación de los trabajadores agrícolas para que la opinión pública nacional e internacional se enterara de las inhumanas condiciones de trabajo a que son sometidos en forma rutinaria.
En suma, infiernos laborales como el de San Quintín tienen como telón de fondo un proceso de integración económica inequitativo, concebido no sólo para favorecer a los agricultores empresariales estadunidenses frente a los mexicanos, sino también para crear condiciones ventajosas a la parte patronal, en detrimento de los derechos laborales básicos.
