Ernesto Martínez Elorriaga | Corresponsal | Periódico La Jornada | Sábado 25 de abril de 2015, p. 23
Morelia, Mich.- Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron ayer un paro de labores de 48 horas y llevaron a cabo dos marchas para luego bloquear los accesos de los institutos Electoral de Michoacán (IEM) y Nacional Electoral (INE), con el fin de boicotear el proceso de votaciones en tanto no se esclarezca el destino de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre del año pasado.
Los inconformes protestaron contra reformas estructurales y las medidas que pretende aplicar el INE. Con la movilización de los mentores de escuelas básicas –preprimaria, primaria y secundaria– un millón de alumnos se quedaron sin clases.
En Morelia, un contingente partió del monumento al general Lázaro Cárdenas hacia el IEM, ubicado a medio kilómetro en la colonia Villa Universidad. El otro grupo partió de la calzada Ventura Puente, esquina con Camelinas hacia al bulevar García de León, donde están las oficinas del INE.
Los manifestantes bloquearon el acceso a la Secretaría de Educación estatal; mientras, en Uruapan también fueron tomadas las oficinas del órgano electoral federal. La dependencia estatal informó que el paro de 48 horas afectó a 40 por ciento de los cerca de 11 mil planteles de educación básica, en tanto que la CNTE afirmó que la medida se llevó a cabo en más de 80 por ciento de las escuelas.
Al mismo tiempo, unos 500 normalistas se manifestaron entre el palacio y casa de gobierno para exigir la cancelación de 40 órdenes de aprehensión de sus compañeros y de 16 comuneros que participaron en los disturbios de octubre de 2012, cuando fueron incendiados varios vehículos que habían sido retenidos por normalistas que exigían se pospusiera un año la reforma curricular en las escuelas normales rurales.
El presidente del Consejo General del IEM, Ramón Hernández Reyes pidió a la CNTE
no utilizar de rehén al órgano electoral, ya que se trata de peticiones de carácter político que deben ser atendidas por las autoridades competentes.
