La salida de Jesús Murillo Karam de la PGR no solamente deja un grave vacío en la dependencia en lo que respecta a las investigaciones pendientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de civiles en Tlatlaya perpetrada por militares, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Deja a la institución prácticamente desmantelada y plagada de encargados de despacho. Es decir, en ruinas y como puente hacia la construcción de la Fiscalía General de la República.
MÉXICO, DF (Apro).- Cuando Jesús Murillo Karam asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República en diciembre de 2012, su diagnóstico fue que la PGR estaba desmantelada… Dos años y tres meses después, la deja aún peor: desarticulada, sin mandos y con el apremio de convertirse en la Fiscalía General de la República bajo un nuevo sistema de justicia penal.
Con excepción del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la salida de Murillo Karam produjo un auténtico vacío en la procuraduría a pesar de las investigaciones pendientes en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la matanza de civiles a manos de militares en Tlatlaya, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto.
La salida del procurador, anunciada por Televisa a través de Joaquín López Dóriga la noche del jueves 26, casi 24 horas antes de que se oficializara, estuvo acompañada de la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, quien será candidata a diputada plurinominal por el PRI en las elecciones del 7 de junio próximo.
De forma inicial, esa misma versión sostuvo que el reemplazo de Benítez Tiburcio sería la senadora con licencia del PRI Arely Gómez González Blanco, quien en la práctica fungiría como responsable de la PGR, toda vez que en caso de ausencia del procurador, esa subprocuraduría se erige en encargada de despacho.
El viernes 27 por la tarde, sin embargo, Peña Nieto propuso al Senado de la República a Arely Gómez como nueva titular de la PGR. Es la segunda mujer propuesta al frente de la procuraduría después de Marisela Morales en el gobierno de Felipe Calderón.
ENTE AUTÓNOMO
Peña Nieto perfiló así a Arely Gómez como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la centenaria Procuraduría General de la República, de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014.
El propósito, según la iniciativa de ley enviada por el presidente al Congreso en septiembre del año pasado, es sacar a la procuración y administración de la justicia del ámbito del Ejecutivo Federal para que la FGR sea un ente autónomo transexenal, por lo que el fiscal general durará nueve años en el encargo.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre último, pero aún está en espera de ser aprobada en el Senado. Como secretaria de la Comisión de Justicia de esa cámara, Arely Gómez fue una de las responsables, junto con el presidente de esa instancia, el panista Roberto Gil Zuarth, de que la ley de la FGR no haya sido aprobada en definitiva, hasta ahora, en el actual periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril próximo.
Además de los casos de graves violaciones a los derechos humanos que tienen al gobierno bajo el escrutinio internacional, la nueva encargada de la PGR deberá tomar el principal pendiente que dejó Murillo Karam: el surgimiento de la FGR en momentos en que, por mandato constitucional, entre en vigor la reforma penal a mediados del próximo año.
La ley de la FGR establece como principio la autonomía del fiscal respecto al Ejecutivo Federal, y de manera expresa señala que deberá contar con dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Por su pertenencia al PRI, que la postuló como senadora, la nueva titular de la PGR, que aún debe ser ratificada por el Senado, y potencial candidata a ser la primera fiscal general de la República, queda en entredicho.
LOS DESAFÍOS
Paulina Sánchez, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) en el tema de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en México, dice que para la creación de la FGR Arely Gómez debe estar a la altura de las reforma penal y de derechos humanos, al tiempo de construir la autonomía.
Participante en la evaluación de la secretaría técnica de la implementación de la Reforma de Justicia Penal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refiere que para ejercer realmente su autonomía la FGR debe desarrollar muchas capacidades técnicas y de políticas públicas.
Además, de acuerdo con la ley, la fiscalía fungirá como representante de la sociedad y al mismo tiempo deberá coordinarse con otros poderes estatales o federales para determinar qué delitos son importantes, definir una política criminal y trabajar con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Paulina Sánchez dice que además de gestionar la institución, Arely Gómez debe hacer investigación policial, saber de servicios periciales, de atención a víctimas y de mecanismos de justicia alternativa, como se prevé en la ley de la FGR.
Egresada de la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales por el CIDE, la académica comenta que la FGR estará obligada a hacer investigaciones profesionales. "Aquí va a impactar qué tanto se va a cumplir con la reforma de derechos humanos" de junio de 2011. Las investigaciones policiales tienen que ser científicas para dar certezas, y no por medios ilegales como la tortura o las confesiones obligadas, señala.
Respecto a la reforma constitucional penal de 2008 para la entrada en vigor de la justicia adversarial en todo el país a partir de mediados de 2016, dice que el tiempo se está agotando para los cambios profundos que se requieren.
Por si fuera poco, la ahora procuradora general propuesta recibirá una PGR descabezada no sólo por la salida de Murillo Karam y Benítez Tiburcio, sino porque áreas sustanciales, como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), están prácticamente acéfalas. La PGR opera ahora sólo con encargados de despachos, empezando por su titular, las subprocuradurías y hasta algunas fiscalías.
Como encargado de despacho de la Seido estaba hasta hace unos días Jorge Hugo Ruiz Reynaud, luego de que el titular de la subprocuraduría desde el sexenio pasado era Rodrigo Archundia Barrientos, quien oficialmente se hizo cargo de la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, supuestamente responsable de organizar la operación de las vicefiscalías que tendrá la FGR.
Pero Ruiz Reynaud también salió de la Seido y apenas el 25 de febrero quedó como encargado Abraham Eslava Arvizu, hasta entonces jefe de la Unidad de Asalto y Robo de Vehículos.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales también tiene un encargado. Se trata de Francisco Camberos Hernández. Éste sustituyó al ahora candidato a diputado por el PRI en Yucatán, Cleominio Zoreda Sotelo, quien ya fue secretario general de Gobierno en ese estado durante la gestión de Víctor Cervera Pacheco como gobernador.
Lo mismo ocurre en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que tiene como encargada del despacho de asuntos a Eliana García Laguna, desde la renuncia de Ricardo García Cervantes en mayo último.
En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la que Arely Gómez fue titular el sexenio pasado y que, según la ley de la FGR, será una de las principales tareas de la nueva institución, apenas la semana pasada se designó a un nuevo titular, Santiago Nieto Castillo, luego de que desde finales del año pasado su anterior titular, Alfredo Orellana, anunció su salida.
BAJO DESEMPEÑO DE LA PGR
"La PGR está desmantelada. Hay puro encargado de despacho, pero esa es una constante que ha padecido la institución en los últimos 20 años o más, y esa inestabilidad se ha traducido en un desempeño muy bajo", dice en entrevista el litigante penalista Gabriel Regino García.
Añade: Ahora hay una gran cantidad de plazas orientadas al tema netamente administrativo, no al personal sustantivo de investigación criminal, como son las fiscalías. Hay mucha gente que trabaja con nombramientos distintos, con plazas de otras áreas. Así ha sido en las dos últimas décadas y se ha recrudecido en los últimos 10 años, con los gobiernos del PAN y lo que va del actual del PRI.
El gobierno de Carlos Salinas tuvo cinco titulares de la PGR; el de Ernesto Zedillo dos; Vicente Fox, dos: Felipe Calderón, tres; y Enrique Peña Nieto ya lleva dos. En conjunto, 14 procuradores en 26 años, lo que en promedio equivale a un cambio de titular de la PGR cada año ocho meses y medio.
Ha sido un periodo de modificaciones en sistemas penales, experimentos y cambios, dice Regino, quien no pone reparos en el perfil de la nueva encargada de despacho de la PGR. Refiere que la mayoría de los procuradores en el país no son penalistas ni policías, ni han tenido funciones semejantes. Cita los casos de Jorge Carpizo, con Salinas; Antonio Lozano Gracia, con Zedillo; y Arturo Chávez, con Fox, quien llegó desde la procuraduría de Chihuahua.
A pesar de su experiencia jurisdiccional y administrativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de su paso por la propia PGR como titular de la Fepade y de haber sido secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, Arely Gómez carece de experiencia en la investigación criminal. Sin embargo, tendrá que recomponer la PGR para su operación inmediata y su tránsito hacia la FGR.
Regino destaca el hecho de que la ahora encargada de la PGR haya trabajado en áreas vinculadas con la administración pública y en áreas muy cercanas al quehacer de la procuraduría. Una de ellas, el Poder Judicial de la Federación (PJF). En particular, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue secretaria de estudio y cuenta, Oficial Mayor y secretaria particular de Mariano Azuela cuando éste era presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.
Gabriel Regino comenta que, al margen de las cuotas de género, Gómez tiene experiencia en el manejo de presupuesto y en la función jurisdiccional, además de que viene del Senado y en particular de la Comisión de Justicia. Pero ahora, dice, tiene que poner orden administrativo en la PGR, además de prepararla para ser transformada en la FGR. El reto inmediato es la capacitación del personal, apunta el ex jefe policial.
Fuente: Proceso
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