Jenaro Villamil - Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- “Ambas partes están agraviadas, molestas, y en
este momento no veo arreglo alguno”, declaró Felipe Chao, vicepresidente
de Relaciones Institucionales de Grupo MVS, durante una entrevista con
Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, al dar la posición de la empresa
sobre el conflicto con Carmen Aristegui y el despido de Daniel Lizárraga
e Irving Huerta.
Chao afirmó que la salida de Aristegui no tiene relación alguna con “presiones del gobierno ni mucho menos” y tampoco “tienen nada qué ver con un atentado a la libertad de expresión”.
El vocero de MVS reiteró en su interpretación del caso que se trata
sólo de “dos partes” y descartó a las audiencias, los principales
agraviados y quienes más fuerte han protestado ante la abrupta y
desaseada expulsión de Aristegui y de su equipo informativo.
MVS construyó un caso de “agravios”, de “violaciones al uso de la
marca”, de “pérdida de confianza” y “uso indebido de nuestros recursos
humanos y tecnológicos”, ignorando a sus propias audiencias y su derecho
a tener una opción informativa crítica que, por si fuera poco, es la
que les dio mayor rating, patrocinadores y credibilidad en una intensa competencia en los noticiarios matutinos.
Sorprende aún más que la familia Vargas –concesionarios de varios
años atrás, respetuosos en otras ocasiones de la autonomía editorial de
sus periodistas y comentaristas y que se han enfrentado muy duro a los
intereses de Grupo Televisa– haya construido un caso como si se tratara
de una fábrica de hamburguesas o una maquila de noticias que ahora
tendrá métodos soviéticos de control de calidad y de contenidos.
En su argumentación contra Aristegui y su equipo se olvidan que ellos
son concesionarios de un bien público de la nación que les permite
comercializar el tiempo-aire. A cambio, ofrecen servicios que están
amparados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, en especial el
derecho a la libre expresión y los derechos de las audiencias. Esta
“pequeña” diferencia entre un medio de comunicación masivo y una fábrica
de hamburguesas es lo que convierte a sus comunicados y a sus nuevos
“lineamientos” en una claudicación.
El menosprecio a sus audiencias es lo que ha llevado a MVS a
interpretar este conflicto como si fuera un divorcio o un ring de boxeo
sin juez y sin árbitro.
La violación a los derechos de las audiencias –que sólo forman parte
del discurso “políticamente correcto” de políticos y empresarios de
medios que no los entienden ni los comparten– está claramente
documentada por el propio ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, y por
los otros defensores de audiencias que el lunes 16 expresaron su
preocupación de “estar ante un acto de censura”.
El conflicto con Aristegui constituye apenas la punta del iceberg de
un retroceso mayor en la esfera pública. Este caso se suma a la ola de
crímenes contra periodistas que han quedado impunes, a las presiones que
se ejercen desde el poder político contra medios impresos y
electrónicos y a un retroceso mayor desde los crímenes de Tlatlaya y
Ayotzinapa. “Un vendaval autoritario”, interpretó Aristegui en su
emisión del viernes 13.
Las audiencias no son sólo rating. Las audiencias no son
sólo público radioescucha que consume todo lo que le transmitan. Las
audiencias no son un público de “jodidos”, como interpretó El Tigre Azcárraga.
En el México contemporáneo las audiencias también fiscalizan
contenidos, contrastan posiciones, demandan y defienden su derecho a
tener espacios informativos verídicos, creíbles, diferentes a la
uniformidad prevaleciente en los medios masivos. La censura a estos
espacios constituye un agravio mayor contra los ciudadanos.
MVS ignoró, menospreció y humilló a su propio ombudsman en este
capítulo que, si algo bueno puede traer a largo plazo, es canalizar la
molestia e indignación por la salida de Aristegui y de su equipo en la
conformación de nuevos medios electrónicos y cibernéticos informativos.
No es sólo la fama o el innegable prestigio de Carmen Aristegui lo
que ha provocado que su defensa sea Trending Tópic en Twitter desde hace
una semana o que la plataforma Change.org
lleve en menos de siete días más de 200 mil firmas para defender a la
periodista. Es la indignación ante el agravio. La orfandad de quienes
todos los días la escuchábamos en las mañanas porque su noticiario era
el que tenía nuestra atención y credibilidad.
Extraña que una empresa como MVS haya mordido el anzuelo de una
orden, de una provocación o de una presión de este tamaño a cambio de
algo que no compensará nunca el déficit de credibilidad y desprestigio
que está generando este caso, con impacto para otra de sus empresas más
importantes como Dish.
Por esto mismo, hay una interpretación muy amplia de que se trata de
una orden de censura. Un retorno a la era cavernaria del PRI, como en el
golpe a Excélsior que expulsó a Julio Scherer y a su equipo
del principal periódico del país en ese momento. Una muestra más del
estilo Atlacomulco de cobrárselas a quienes “osen” cuestionar o molestar
al presidente de la República y a su esposa, a sus colaboradores y
amigos contratistas.
Desde el poder político insisten en afirmar que se trata de un
“conflicto entre particulares”, como lo hizo Vicente Fox en el asalto de
TV Azteca a Canal 40 y su frase emblemática “y yo por qué”. Sólo ellos
no quieren admitir que en el centro del conflicto está el escándalo de
la Casa Blanca revelado por el equipo expulsado de MVS.
Muchos ciudadanos saben que es el contragolpe contra Aristegui por
haberse atrevido a informar de un claro conflicto de interés y
corrupción. Las audiencias movilizadas en la defensa de Carmen en las
redes, en sus casas, en las calles también entienden algo: esto
constituye un nuevo e imperdonable agravio del gobierno de Peña Nieto.
Este episodio podrá derivar en un mal arreglo, en un pleito
prolongado o en la fundación de nuevos medios electrónicos o
cibernéticos en México ajenos al monopolio de la opinión pública que
pretenden imponer Televisa-TV Azteca y el gobierno. Para eso, nos hacen
falta empresarios modernos, periodistas organizados y legislación que
haga realidad el respeto al derecho a las audiencias y sancionable la
censura.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
