
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Expreso mis reflexiones y
divergencias en torno al artículo de Armando Bartra Votar o no votar:
¿he ahí el dilema? (La Jornada, 8 de febrero de 2015). Coincido con el
breve diagnóstico que inicia su texto, al considerar que el gobierno de
Peña Nieto ha colapsado. No creo que pueda sustentarse, en cambio, que
la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del
movimiento nacional por la vida de los
jóvenes de Ayotzinapa. Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula. Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
jóvenes de Ayotzinapa. Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula. Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
No puede afirmarse, como lo
hace Bartra, que el movimiento en favor de una nueva Constitución está
compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”.
Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó a andar un
proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones
y personas que participan en el esfuerzo, donde se distinguió la
intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país.
Identificarla con una asamblea de un “comité de honorables”, de
“personalidades esclarecidas”, de “minorías politizadas”, de
“vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un
presídium conformado por personas conocidas públicamente, pero también
por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la
República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado
mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente
de los Pueblos (enelvolcan.com/ número 34, noviembre-diciembre de
2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da
lugar a un Estado criminal.
Dicho cuestionamiento al Estado y a sus corruptas y
desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización
discursiva” y, todavía más, señala que éste “cuestionamiento integral”
al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un
“segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha
planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso
ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo.
No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa
interpretación radica en que el movimiento de padres, estudiantes y
eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección
políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la
combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido –se
afirma– en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un
análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos
tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político
imperante por la irrupción de masivos movimientos indígenas,
revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo
impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza
inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.
Además, no todos los procesos electorales tienen un
carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los
crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no
traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de
la Unión, en los Congresos locales, gubernaturas y otros cargos de
elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la
naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema
electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y
sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o
tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones
de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y
que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las
autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus
obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y
masiva.
Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de
lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento
organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando
elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su
propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó
en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones
socialistas, que refrendó en el último periodo 55% del electorado, con
80% de participación ciudadana.
Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos
sociales y organizaciones electorales, como si no existiera en México
una historia de varias décadas de luchas democráticas que establecieron
por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la
República, incluyendo la capital, los que se corrompieron hasta perder
su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y no se
distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen
(Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca,
Chiapas); la profusión de críticas se hace como si no hubieran tenido
lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados
finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales,
partidarios o de grupo, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del
PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente.
Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las
traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una
autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni
tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía
preparándose meses antes de las elecciones de 2012; entrampadas en la
institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente –sin
fundamento alguno– actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales,
muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica
hacia su candidato a la Presidencia, sus posiciones equívocas en temas
fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del
todo por la irrupción juvenil del YoSoy132, que vino a darle una
impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos
sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que
traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el
que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país,
firmó “pactos de civilidad” en 2012, a sabiendas de que los operativos
fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña
muy amorosamente indulgente con grupos empresariales, clericales y con
priistas recientemente conversos, entre ellos nada menos que quien en
1988 operó la “caída del sistema”; y otro caso significativo de acomodo
fue el de quien fungió como subsecretario de Gobernación y hoy es
gobernador de Tabasco.
Que Andrés Manuel López Obrador “lleva 10 años recorriendo
el país, dialogando con la gente y creando una organización de
ciudadanos”, como dice Bartra, no me queda duda. La pregunta es si esta
organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y
de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el
nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada
desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa
estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos
precandidatos, como el secretario de Salud del gobierno de Aguirre, o el
del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en
Morelos pretende ser gobernador por Morena, surgen algunas dudas. Según
se ha venido conociendo, en otros estados los precandidatos o candidatos
de Morena para las elecciones de este año son empresarios o
“personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni
relacionados orgánicamente con ningún movimiento social, mientras las
plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición
humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos
que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Que se
busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena
partido-movimiento?
Claro que todos quisiéramos para México potentes
organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se
ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta
combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa.
Desgraciadamente, no es el caso.
Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha
estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y
desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las
corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La
responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez
más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza
masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas
populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como
la que ahora se aproxima.
Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se
organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin
comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y
condiciones históricas disímiles, me pregunto: ¿Es realmente el dilema
en México votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo,
están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa
vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando,
se espera, sea por el bien del país y por las transformaciones de fondo
que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que sí coincido plenamente con Bartra es en el
clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso