Ante el desastre nacional que se manifiesta hoy por hoy en los órdenes político, social y económico, el proyecto de Congreso Constituyente Ciudadano y Popular, al igual que un Comité de Refundación Nacional, ya están en marcha. Lo encabezan organizaciones civiles, estudiantes y ciudadanos, entre los que destacan el obispo Raúl Vera, Alejandro Solalinde, Miguel Concha y Javier Sicilia. El proyecto implica que, ante la exclusión social, la dinámica de violencia, la corrupción sistémica, la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la impunidad, sea el propio pueblo mexicano el que diga qué derechos le han sido arrebatados y proponga las leyes bajo las cuales quiere regirse.8 febrero 2015 | Arturo Rodríguez García | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- Con el propósito de emitir una convocatoria para crear un "Congreso Constituyente Ciudadano y Popular" y refundar el país, ciudadanos y organizaciones civiles que renunciaron a su identidad personal o de grupo para asumirse como "facilitadores" ya recorrieron 24 estados del país, donde se consensuaron aspectos generales.
No es un plan de corto plazo, no pretenden convertirse en partido político ni asimilarse al aparato institucional vigente, ni siquiera desean enviar un mensaje al gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque sí, anticipa el obispo Raúl Vera López, establecer una estructura por regiones para impulsar la nueva carta de derechos y crear un Comité de Refundación Nacional.
A raíz del anuncio que hizo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en diciembre pasado, la primera etapa del plan propuesto tomó forma el pasado 5 de febrero.
El proyecto se ha inspirado en la sentencia emitida por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). En su exposición de motivos, "la Constituyente" —como suelen denominarla sus integrantes— expone que su determinación surge por los procesos de privatización de servicios y la especulación trasnacional sobre "los recursos del futuro", incluyendo la producción de alimentos; la degradación de los derechos ciudadanos afectados por las reformas laborales, y la violencia ambiental, ejecutada principalmente por empresas.
Además, es motivada por la exclusión social y la migración que convierte a las personas en mercancía; la dinámica de violencia en la que es responsable el Estado por acción u omisión; los feminicidios y la convicción de que las políticas neoliberales convierten a las mujeres en víctimas de la exclusión.
Menciona igualmente la revictimización de las víctimas del proceso de violencia; las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, que afectan libertades por razones políticas, y un aparato de justicia deficiente que posibilita la impunidad.
La Constituyente destaca el desmantelamiento de derechos, en un contexto de corrupción sistémica, desigualdad y pobreza, donde el Estado asume el papel de protector de trasnacionales, suprimiendo paulatinamente las garantías.
"Los casos de Tlatlaya y lo ocurrido a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa coronaron la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años, tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país.
"Dichos crímenes de Estado y de lesa humanidad expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas reformas estructurales y de los tratados de libre comercio bajo las órdenes de los gobiernos de Estados Unidos", subraya la exposición de motivos.
Bajo las anteriores consideraciones, el plan propone 20 líneas generales de lo que debiera ser un "Estado Mexicano reformado".
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| Presente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Foto: Mario Navarrete |
‘RUTA DE CONSTRUCCIÓN’
Con la inclusión de los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha, del intelectual y activista Javier Sicilia, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil, empezaron a sumarse posturas para avanzar en la integración de equipos regionales y recoger por todo el país las inquietudes de pueblos y comunidades.
En entrevista con Proceso, el obispo Vera rechaza que se trate de integrar una coalición de grupos u organizaciones que, si bien están participando en el proceso, su función será fungir como "facilitadores al servicio de la promoción del pueblo como sujeto de la historia".
Abunda: "El pueblo es el que tiene la sabiduría para cambiar las cosas. El hecho de redactar una Constitución dictada por los sujetos de ella debe reconocer el derecho del pueblo a la vida digna, a la alimentación, a la vivienda, es decir, a un respeto profundo de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales que las reformas estructurales han triturado".
Con inspiración en los usos y costumbres indígenas, teniendo como punto de partida los Acuerdos de San Andrés, Raúl Vera insiste en que es preciso acudir a los ciudadanos, en especial a los más pobres, para que sean ellos quienes expliquen cuáles derechos les han arrebatado, qué injusticias padecen, e integrar sus propuestas en un nuevo marco constitucional.
"Se trata de realizar el pluralismo de la nación como debe ser, y no como siempre, con los nombres y apellidos que se repiten... No se trata sólo de recibir dádivas y asistencialismo, como suele hacer el poder político del país, con sus Oportunidades y Prosperas, que son limosnas que niegan la estructura de derecho a la dignidad de las personas y su verdadero desarrollo", explica.
El pasado jueves 5, alrededor de mil personas acudieron al Centro Universitario y Cultural, una instancia de la orden dominica aledaña a Ciudad Universitaria en el Distrito Federal.
Entre los asistentes estaban una representación de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; el artista Francisco Toledo; la abogada Talía Vázquez de la Torre; la regiomontana Cristina Sada, y el superior de los dominicos, Santiago Ituarte.
También, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, así como representantes de las secciones magisteriales 18, 34 y 58; numerosos activistas de derechos humanos, sacerdotes, seminaristas y organizaciones de la Iglesia. El único político presente fue Armando Ríos Piter.
La calendarización implicó establecer una serie de acciones entre el 5 de febrero y el próximo 2 de mayo, con encuentros, foros y diálogos para difundir los trabajos ya realizados; crear los comités de "facilitadores estatales" e integrar siete coordinaciones regionales. En ese tiempo se elegirá a los comités de Refundación Nacional, con un hombre y una mujer por entidad.
Durante febrero, marzo y abril, el obispo Vera recorrerá los estados de Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Durango y Zacatecas.
Finalmente, los diferentes comités se proponen fortalecer el diálogo con movimientos que se encuentran en resistencia por Ayotzinapa y otros asuntos de coyuntura, a fin de tener intercambio y encuentros con "los diferentes sectores críticos y personas disidentes de la clase política". El 2 de mayo se realizará una asamblea para delinear nuevos objetivos.
EL COMPAÑERO VERA
Hasta hace poco era tabú la participación de religiosos en asuntos de la cosa pública. La inquietud fue planteada el pasado 20 de enero al Arzobispado de Guadalajara, el cual rechazó que el obispo Raúl Vera estuviera incurriendo en algo ilegal.
El vocero de la arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, expresó:
"Los obispos, como todos los clérigos, todos los mexicanos, somos ciudadanos con obligaciones, que es lo primero, pero también con derechos, y sin duda que él está ejerciendo este derecho a manifestarse", dijo a la agencia Notisistema.
La aceptación del arzobispado tapatío, hasta hace poco una de las jerarquías católicas más conservadoras del país, no es la única muestra de apoyo, o al menos de tolerancia, del alto clero a la Constituyente. El 8 de enero, la Rectoría de la Universidad Pontifica de México (UPM), máxima casa de estudios católica del país, generalmente reticente a las corrientes progresistas de la Iglesia, recibió al obispo Vera, a Solalinde, a Concha, a Sicilia y al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.
Esto ocurrió durante el foro "La Iglesia frente a la corrupción, la injusticia y la violencia en México", convocado por un grupo de estudiantes de filosofía y teología, de acuerdo con Cuauhtémoc Reyes, uno de los organizadores del acto, al que asistieron unas 900 personas.
Reyes señaló que después de lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa, los alumnos de la UPM convencieron a sus autoridades universitarias de realizar una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por los normalistas, y cuando supieron de la convocatoria de Raúl Vera decidieron realizar el foro mencionado.
Las críticas a la jerarquía católica fueron muchas, pero ante la explicación sobre el Constituyente que hizo Vera López, los estudiantes del grupo organizador se sumaron a la propuesta con el propósito de ser facilitadores, y ya lograron establecer diálogos con alumnos de las universidades Iberoamericana, Autónoma Metropolitana y Nacional Autónoma de México.
Respecto a esos visos de apertura en la Iglesia, Vera —a quien en los documentos elaborados hasta ahora se le llama "el compañero Raúl Vera"— cree que tal apertura se ha iniciado por el ejemplo del papa Francisco, pero admite que para él y los curas progresistas el foro en la UPM fue un parteaguas.
Vera y Sicilia aceptan que ha sido notable la respuesta de religiosos a la convocatoria, aunque aseguran que hay una gran mayoría laica que actúa en las entidades donde se están integrando los comités para el Constituyente. Vera indica que intervienen varios grupos que expusieron problemáticas de comunidades ante el TPP, y recuerda que fue la sentencia de dicha instancia internacional ciudadana una de las fuentes de inspiración de su plan para refundar el país.
En el mencionado foro de la UPM, Sicilia fue especialmente crítico.
En entrevista, expone que cualquier movimiento en México puede tener mayoría católica, pues la mayor parte de los mexicanos también son católicos.
Las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen en este esfuerzo acordaron renunciar a sus respectivas identidades para convertirse en facilitadores del diálogo con el pueblo, que será el que haga las propuestas del nuevo Constituyente. Y según el activista Magdiel Sánchez Quiroz, esto permite evitar que las agendas de las organizaciones se confundan con el Constituyente o que se contaminen los procesos de éste o de las agendas.
Para Sánchez Quiroz, la presencia de gente de Iglesia se da en un momento en que el país padece una ola de violencia y una crisis política y de legitimidad, de manera que le parece ideal que la atención recaiga en personas con representación ética, como los clérigos mencionados y Sicilia.
El activista añade que, con independencia de esa notoriedad, la convocatoria avanza en 24 estados, y pone como ejemplo el caso de Monterrey, donde el diálogo ha incluido a personajes del empresariado, o el de Oaxaca, donde tras conocer el llamado del obispo, el artista Francisco Toledo se ofreció a coordinar los grupos de diálogo en esa entidad.
"Se reconoce que gran parte de quienes participan viene de organizaciones que potencian el desarrollo, pero las banderas se dejan de lado para que avance mejor el proceso. Se trata de romper con la inercia de que las banderas particulares se pongan por encima", puntualiza.
CUESTIONES SEMÁNTICAS
En aras de la coincidencia, el distanciamiento de posturas y las diferencias de opinión son minimizados por algunos de los protagonistas del proceso. Por ejemplo, Javier Sicilia llamaba a un "boicot electoral", al nuevo Constituyente y a la integración de un Comité de Salvación Nacional.
Raúl Vera y Alejandro Solalinde se han pronunciado por un Comité de Refundación Nacional y, en el caso del obispo, ese vocablo es preferible al de "Salvación", para evitar que se les pueda atribuir el calificativo de mesiánicos.
Otra diferencia tiene que ver con la propuesta de boicot electoral de Sicilia, quien explica que cuando habla de boicot piensa en el "boicot de la uva" de César Chávez o en el boicot en el sentido gandhiano.
En contrapartida, el llamado de algunos participantes es al anulismo —en las modalidades del voto blanco o nulo— sin abstención. La discrepancia no fue resuelta, y se programó el 21 de marzo como la fecha para discutir la solución a las diferencias y determinar la postura del movimiento frente a las elecciones federales.
"Lo importante es sumar. No importa la modalidad ni el nombre, pero sí que se dé el mensaje al poder de que ya no nos representan", concede Sicilia.
Fuente: Proceso
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