México, D.F.- La Comisión de facilitadoras y facilitadores de la Constituyente Ciudadana-Popular que integran entre otros el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, los sacerdotes Alejandro Solalinde (premio nacional de derechos humanos) y Miguel Concha, así como el artista Francisco Toledo, el poeta y líder del MPJD, Javier Sicilia y el dirigente del SME Martín Esparza, ofrecieron ayer una conferencia-sesión de trabajo en el auditorio del Centro Cultural Universitario (CUC) de la UNAM, a fin de convocar y dar inicio a la construcción de una nueva Constitución de la República, sin la participación de los partidos políticos y a la que han denominado CONSTITUYENTE CIUDADANA-POPULAR.
Señalaron que las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, coronan la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial del país.
Expresaron que dichos “Crímenes de Estado” y de “Lesa Humanidad” muestran a plenitud el sentido profundo de las llamadas “reformas estructurales” y de los tratados de “libre comercio” bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos.
“El desastre económico, ambiental, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia, que devinieron en catástrofe humanitaria, fueron provocados por las decisiones de las oligarquías capitalistas neoliberales y la clase política reinante. Son ellos quienes en aras de intereses antinacionales sembraron el caos y provocaron una crisis del Estado nacional que pone en riesgo el futuro de nuestro país, de la sociedad civil mexicana y de cada una de las personas, hombres y mujeres, que constituimos el pueblo de México”, denunciaron.
En tales circunstancias, dijeron, la superación de la crisis pasa por la necesaria refundación del Estado nacional, así como por la reconstrucción-transformación de los soportes éticos, económicos, políticos y culturales necesarios para garantizar la independencia nacional, la justicia y el bienestar social, la democracia desde el pueblo, la paz y la libertad.
Una salida de este tipo, agregaron, basada en las necesidades y anhelos de las mayorías nacionales, de las mujeres, los trabajadores del campo y la ciudad, las clases medias y los indígenas e indígenas-mestizos, “no podrá venir de la putrefacta clase política reinante, ni de sus partidos e instituciones que sólo han servido para perpetuar la impunidad de sus integrantes. Y, mucho menos, de las empresas trasnacionales que hicieron de la economía una actividad criminal en la que despojo, delincuencia organizada y ganancias empresariales son una y la misma cosa”.
Consideraron que la superación del desastre nacional y de la catástrofe humanitaria sólo podrá venir de la sociedad civil, de los agraviados y víctimas, no de sus victimarios.
“Así, la discusión de los contenidos sociales esenciales de lo que fue la Constitución de 1917, de cómo surgió, de qué le suprimieron los políticos y empresarios, es el primer paso para la formulación de un nuevo texto constitucional fincado en las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Es una de la vías que proponemos para generar las bases de un nuevo Proyecto de Nación y la organización de un sujeto social, integrado por millones de personas que haga valer en todo momento nuestro derecho de alterar o modificar la forma de (…) gobierno como reza el artículo 39° de la Constitución”, anunciaron.
Condenaron el crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho le pertenecen al pueblo.
Acusaron a los tres poderes de reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. “El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la Ley Suprema que rige a mexicanas y mexicanos”.
“Así, nuestra iniciativa de Constituyente Ciudadana asume como propia la tarea de generar las condiciones para el desarrollo de un Proceso Constituyente que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad. Que sea capaz de construir las condiciones necesarias para que las ciudadanas y ciudadanos nombren a las y los representantes de un Congreso de la Unión renovado, desde cada comunidad y desde todos los espacios ciudadanos que forman parte de cada distrito electoral”, expusieron.
Como construcción social desde la base, explicaron, ese proceso marchará de la mano de las iniciativas de lucha social y civil pacífica, para dar paso a un proceso de Refundación Nacional y hacer realidad el clamor de que se vayan todos los responsables de la tragedia nacional. “De llevarlos ante la justicia por su responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala y por la violencia que, de forma directa, ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y la desaparición de 30 mil en los últimos 8 años. Sin contar feminicidios y sus crímenes económicos y sociales en contra de los derechos de los pueblos”.
Reiteraron que para conseguir esos objetivos, la vía que se usará es la constitucional, la resistencia y la desobediencia civil pacífica “ante un régimen ilegal y crecientemente dictatorial, al margen de los partidos políticos. Nuestra vía es la edificación de la unidad a través de la comunidad y la ciudadanía, distinguiendo claramente entre la minoría carente de sentimientos de humanidad y nosotros las mayorías nacionales”.
“Convocamos a la sociedad civil, a mujeres y hombres, sin importar credos, diversidad de género o clase social a poner en marcha la Refundación Nacional; a dar los pasos necesarios hacia la elaboración de una nueva Constitución que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que destierre para siempre todo tipo de ordenamiento jurídico y económico que hace de la gestión pública un botín. Y que ponga fin a la impunidad, el racismo y el patriarcalismo. Servir y mandar obedeciendo ha de ser la nueva condición de quienes ocupen la representación de la sociedad civil”, expresaron.
Luego de este discurso, los citados señalaron que a partir de ese momento y hasta las 3 de la tarde de ayer, se realizaría el registro de las y los interesados en formar parte de dicha iniciativa.
Seguidamente, el obispo de Saltillo Raúl Vera aseguró que es momento de elaborar una nueva constitución y fundar un nuevo Congreso, pero sin la participación de los partidos políticos.
En su oportunidad, el sacerdote Alejandro Solalinde envió un mensaje a Enrique Peña Nieto y le aseguró que este es el fin de su gobierno y lo emplazó a que esta transformación por México se haga de forma pacífica.
Subrayó que de lo contrario será el principal responsable de los actos de represión en contra de quienes participan en este Constituyente.
