La Jornada - Editorial
De acuerdo con el
reporte más reciente sobre finanzas y deuda públicas dado a conocer por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos
petroleros se redujeron 3.5 por ciento entre enero y noviembre del año
que termina hoy, lo que provocó un déficit presupuestal de 461 mil 300
millones de pesos.
A lo anterior debe sumarse la volatilidad que impera en el mercado
cambiario, en el que el peso ha experimentado una fuerte depreciación en
las semanas recientes, así como el desmesurado incremento de la deuda
externa, la cual se incrementó en cerca de 10 por ciento en un año, para
alcanzar la suma de 145 mil millones de dólares.
En este contexto, la reactivación de la economía estadunidense no es
necesariamente una buena noticia, pues podría generar una salida de
capitales hacia el país vecino y aumentar de esa forma la incertidumbre
con respecto a las perspectivas de la economía nacional.
En suma, el saldo del año que termina arroja indicadores como
un erario mermado, un peso en disminución ante el dólar, un
endeudamiento nacional e internacional incrementado y, por tanto, un
achicamiento en las perspectivas de recuperación económica para 2015.
Si a este panorama se agrega la crisis institucional que enfrenta el
país a consecuencia de la agresión contra estudiantes normalistas en
Iguala, y las persistentes violencia e inseguridad, se obtiene un cuadro
de preocupante fragilidad para la economía y las finanzas nacionales y
una perspectiva por demás incierta para la realización de la reforma
energética operada por la administración en curso y para la continuidad
del modelo económico en su conjunto.
El momento hace necesario, en suma, que el gobierno federal emprenda
una rectificación en las políticas neoliberales impuestas al país desde
hace tres décadas, que realice un viraje en la conducción económica y dé
marcha atrás en la reforma energética.
Si a la reducción de la renta petrolera por factores externos e
imponderables se suma la transferencia de una porción sustancial de esa
renta a empresas privadas nacionales y extranjeras, la debilidad de la
finanzas públicas redundará, de manera inevitable, en una debilidad
política y social del Estado y en un nuevo angostamiento de la
gobernabilidad.
Cabe esperar que los responsables de la conducción nacional logren darse cuenta a tiempo y actúen en consecuencia.