En la última semana los ánimos se exacerbaron en Guerrero. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cansados del desdén de las autoridades a su petición de investigar al Ejército, arremetieron contra las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Ese evento terminó por doblar a las autoridades federales. El martes 13, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a abrir las puertas del cuartel a los padres agraviados, e invitó a la CNDH a acompañarlos. Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, dice que el largo historial de abusos militares obliga a las autoridades civiles, por lo menos, a investigar al Ejército.
MEXICO, DF, 17 de enero (proceso).- Las escenas de confrontación entre padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y soldados el lunes 12 frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, son muestra de su desesperación por saber dónde están sus hijos.
El desdén de las autoridades federales para atender institucionalmente su petición y la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir una línea de investigación sobre el Ejército alimentaron el encono de los padres, sostiene Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que los representan.
“Los papás han estado insistiendo mucho en este punto (la revisión de los cuarteles) desde hace tiempo. En ese sentido, lo que pasó el lunes 12 en Iguala se explica porque no se le ha buscado un cauce institucional a su petición”, comenta Aguirre Espinosa a Proceso.
Esa inquietud por buscar a sus hijos en instalaciones militares ha sido una constante, insiste. El 29 de septiembre, por ejemplo, acudieron al 27 Batallón y preguntaron al comandante José Rodríguez Pérez sobre la refriega del 26 de septiembre.
El militar les dijo que se había enterado “al último” y rechazó que los soldados a su cargo hubieren participado en las detenciones de normalistas o de policías agresores. Pero los padres no han quitado el dedo del renglón.
El martes 13, en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los padres de los jóvenes desaparecidos lograron el compromiso de las autoridades para ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Horas después la invitación se hizo extensiva al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
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Enfrentamiento entre padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa y del Colectivo Anarquista, en contra de elementos de la Policía Militar Antimotines, en las instalaciones del 27 Batallón Militar de Infantería en Iguala. Foto: José Luis de la Cruz
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Debe investigarse al Ejército
En tanto se definen los términos y condiciones del ingreso al cuartel, el subdirector del Centro Prodh advierte que la negativa del gobierno federal a abrir una línea de investigación sobre el Ejército ha exacerbado los ánimos.
“No concordamos con la PGR de que no hay un solo elemento en el expediente que justifique investigar al Ejército”, sostiene Aguirre Espinosa. Y explica: si bien es cierto que “hasta ahora no hay elementos para decir que (tropas del Ejército) actuaron de manera directa en la desaparición, sí los hay para hablar de su participación en todo el contexto previo.”
Al recordar la revisión que Proceso hizo del expediente de la PGR en su edición 1992, el abogado advierte que en los documentos oficiales hay pistas para “estimar que deben investigarse los vínculos del 27 Batallón de Infantería con el cártel de Guerreros Unidos”.
La clave está, dice, en la declaración ministerial del exdirector de Seguridad Pública de Cocula, el mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, quien fue efectivo del 27 Batallón.
Según el testimonio rendido por Bravo Bárcenas el 15 de octubre pasado, en agosto de 2013 él denunció ante el comandante del cuartel de Iguala, Juan Antonio Aranda Flores, a varios de sus subalternos, entre ellos su segundo, César Nava González, de presuntos nexos con Guerreros Unidos. Sin embargo, los policías sólo comenzaron a ser investigados a partir de la desaparición de los normalistas.
Para Aguirre, eso demuestra que “lejos de generar una investigación, el Ejército protegió a César Nava”, identificado como uno de los principales responsables del ataque armado contra los estudiantes y de su desaparición.
Reconocer ese contexto previo “implicaría abrir una línea de investigación y agotarla para determinar si hubo alguna participación directa del Ejército el 26 y 27 de septiembre; no puede descartarse, en la medida en que sí están probados los vínculos Ejército-Guerreros Unidos”, sostiene el abogado del Centro Prodh.
A este escenario de sospechas se suma un largo historial de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, un patrón de detenciones arbitrarias y resistencia a rendir cuentas a las autoridades civiles, agrega Aguirre.
“Como Centro Prodh –dice– estamos convencidos de que en México sí existe un patrón de detenciones ilegales y en muchos casos de desaparición forzada cometidas en instalaciones militares, patrón acreditado desde la Guerra Sucia. Sin embargo nunca ha sido formalmente reconocido por el Ejército, porque nunca ha habido un proceso serio de justicia transicional de investigación de esos delitos.
Historias de los marinos
La utilización ilegal de las instalaciones militares en la Guerra Sucia está acreditada en la recomendación 26/2001 de la CNDH y es “una práctica que no se ha eliminado”, apunta.
Tras señalar que el Centro Prodh acompaña también casos cometidos durante la Guerra Sucia y el combate al narcotráfico, Aguirre Espinosa advierte que el patrón de detenciones arbitrarias en instalaciones castrense está siendo replicado por la Secretaría de Marina (Semar).
Así lo demuestra el caso de Claudia Medina Tamariz, cuyo domicilio en Veracruz fue allanado por marinos el 7 de agosto de 2012. Ella y su marido Isaías Flores Pineda fueron trasladados a las instalaciones de la Marina. Ahí Claudia fue torturada sexualmente y obligada a firmar una declaración autoinculpatoria. Día y medio después ella fue presentada ante los medios con armas y personas que no conocía; también se le acusó de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Ante el Ministerio Público los marinos dijeron que Claudia fue detenida a las 0:30 horas del 8 de agosto, pero el documento firmado por sus captores fue recibido 12 horas más tarde, dato que fue considerado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito.
En la resolución de amparo contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada se advierte que por lo menos durante esas 12 horas Claudia estuvo en las oficinas de la Semar, “lugar donde le elaboraron los dictámenes médicos y los formatos de cadena de custodia” presentados por la dependencia.
Pese a la existencia de este patrón documentado de detenciones arbitrarias en instalaciones de las Fuerzas Armadas, hay una negativa para reconocerlas, particularmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al menos así lo ha demostrado el Centro Prodh en el litigio llevado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) contra la opacidad de la Sedena, asunto en el que el organismo autónomo dio la razón a la organización civil.
El 28 de julio de 2014 los abogados del Centro Prodh ingresaron 79 solicitudes de información a oficinas de regiones, zonas y batallones militares para requerir relaciones de civiles, hombres y mujeres “detenidos en flagrancia por elementos de la Sedena, por haber solicitado una autoridad ministerial civil durante la fase de averiguación previa, aduciendo alguna cuestión de seguridad o por cualquier otra razón, de 2006 a la fecha”.
Cuenta Aguirre: “Hicimos las solicitudes a partir del acompañamiento de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidos en instalaciones militares, partiendo de que obviamente el Ejército registra cualquier ingreso a sus instalaciones y considerando también que existe hoy la obligación de las autoridades mexicanas de hacer un registro de la detención”.
El 16 de agosto, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, dio respuesta en un documento a las 79 solicitudes en un resolutivo de “inexistencia”. Su argumento fue que “durante las operaciones que realiza el personal militar… en términos de lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 2/o fracción IV y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, las personas detenidas en flagrancia delictiva sin demora son puestas a disposición inmediatamente ante la autoridad ministerial correspondiente, quien conforme a sus facultades es la que acuerda su detención”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
