Miguel Badillo - Contralinea
Sobornos en contratos públicos / Gestores, comisionistas y coyotes / Fernández Castello contra Alstom
Para nadie es un secreto que a México se le conoce en el extranjero
como el país del pago de comisiones por la asignación de contratos
gubernamentales. Cualquier nacional o extranjero que pretenda obtener
algún contrato del gobierno, sabe de antemano que deberá pagar una
comisión por ello.
Muchos antes de que los panistas arribaran al poder con Vicente Fox
al frente (2000), los gobiernos priistas habían instaurado que toda
empresa privada que recibiera algún contrato gubernamental debía pagar
una comisión por ello. Estas podrían variar entre el 5 y 10 por ciento
del monto total del contrato, según el tipo de licitación y el costo en
que se cerrara la operación; aunque en algunos casos el abuso del cobro
de comisiones llega hasta un 20 o 30 por ciento, dinero que sale del
mismo presupuesto público, lo que lo convierte en un robo a la nación.
Por supuesto que con estas acciones hablamos de actos de
corrupción, de sobornos, de chantajes, de tráfico de influencias, de
abuso de poder de quienes han gobernado este país. No se entiende de
otra manera la enorme riqueza que servidores públicos han acumulado a su
paso por la administración pública federal y que eso le permite a
familias enteras vivir el resto de sus días sin preocupaciones ni
agobios económicos en un país caracterizado por su pobreza extrema y la
injusticia.
Cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, hace unos
15 años, lo cual logró con su discurso "ranchero" de combate a la
corrupción, como no recordar aquellas frases de que iba a acabar con las
víboras prietas, las tepocatas, los alacranes y con todos aquellos
animales priistas ponzoñosos que tanto daño hacían al país.
Pero fiel al panismo todo fue un montaje foxista, un vil producto
propagandístico, un discurso que le permitió a Fox alcanzar la máxima
investidura del país, fue sólo eso, pues su gobierno y el que lo siguió,
el de Felipe Calderón Hinojosa, fueron tan corruptos como los son los
priistas y perredistas, con el ingrediente panista de también más
torpes.
Fue tan descarada la corrupción panista, que la prensa hizo público
cómo miembros del gabinete hicieron negocios económicos ilícitos al
amparo del poder y hasta los hijos de Marta Sahagún traficaban con
pasaporte de Los Pinos para obtener contratos de Pemex en beneficio de
empresas privadas, como el caso de Oceanografía que muchos años después
les reventó en el cara. Y éste sólo por mencionar un caso emblemático de
corrupción en la asignación de contratos gubernamentales.
Y como no hay grupo político que se quede atrás en el tráfico de
influencias para obtener beneficios económicos, hace unos meses se tuvo
que paralizar una línea del Metro por las irregularidades en su
construcción y esto corresponde a la administración perredista cuando
Marcelo Ebrad era jefe de gobierno en la capital del país. En este caso
hay exfuncionarios ya procesados, aunque es casi seguro que este juicio
penal no alcance a mandos superiores.
En las últimas semanas el gobierno priista de Enrique Peña Nieto se
metió en el terreno de las sospechas cuando canceló sin justificación
clara la asignación de un contrato multimillonario para la construcción
del tren rápido México-Querétaro, decisión que causó malestar al
gobierno de China, pues una de sus empresas estatales había ganado junto
con el mexicano Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú,
la licitación y ello causó tensión diplomática entre ambas naciones.
Con ello vino el descubrimiento del caso que se conocería como la
Casa Blanca, propiedad de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera,
quien había hecho negociaciones para su adquisición con uno de los
amigos y constructores privados beneficiados con contratos por el
político mexiquense cuando gobernó aquella entidad, el mismo que también
había resultado ganador junto con los chinos en la licitación del tren
rápido. Aunque se han dado explicaciones al respecto, la realidad es que
debería investigarse por lo menos el posible conflicto de interés.
Así vemos que priistas, perredistas y panistas no se salvan de
actos de corrupción cuando se trata de licitaciones públicas, en donde
se presentan delitos como conflictos de interés, tráfico de influencias y
abuso de poder, entre otros. Pero hoy voy a contar otra historia que no
ha sido pública y también refleja esa vieja costumbre de hacer negocios
al amparo del poder.
Fue hace más de 18 años que en una fotografía publicada en un
diario capitalino aparecía José Córdoba Montoya con un directivo de la
empresa francesa Alstom mientras desayunaban en un restaurante del hotel
Camino Real, lo que alertó a la opinión pública sobre el tráfico de
influencias que el exasesor de Carlos Salinas de Gortari realizaba a
favor de la firma francesa para ganar una licitación internacional
convocada entonces por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para
adquirir 28 trenes.
Las sospechas en torno a la “amistad” del francés Córdoba Montoya
con los empresarios galos aumentaron cuando el consorcio que competía
contra Alstom por el jugoso contrato era descalificado por la
administración del Metro, a cargo en ese momento de Alfonso Caso. Habían
sido la española CAF, la japonesa Mitsubishi y la mexicana ICA la que
impugnaron esa decisión ante el entonces secretario de la Contraloría,
Arsenio Farell Cubillas, quien ordenó la suspensión del fallo y así
estuvo hasta 2002, cuando bajo la administración perredista se otorgó el
contrato a CAF por más de 428 millones de dólares para construir no 28
sino 45 trenes.
En 2003, la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada de la
PGR revelaría que contaba con pruebas de los cheques por 800 mil
dólares que Alstom depositó en bancos suizos a favor de Alfonso Caso,
luego de que las gestiones de Córboba Montoya habían sido insuficientes
para lograr el contrato del Metro. Luego vino una época en la que el
Metro no convocó a nuevas licitaciones; sin embargo, fue la obra de la
Línea 12 del Metro la que terminó con esa época de sequía en materia de
contratos.
Mientras tanto, Alstom, a través de su filial Alstom T&D, fue
inhabilitada en 2005 para participar en futuras licitaciones y contratos
debido a diversas irregularidades. Esa fue la época de Óscar Espinosa
Villarreal en el gobierno capitalino y fue la época en la que el abogado
Enrique Fernández Castello era asesor jurídico de la francesa que en
ese entonces buscaba contratos con el Sistema de Transporte Colectivo
Metro mediante un consorcio conformado con Bombardier (GEC
Alstom-Bombardier).
Una investigación de esta columna –Oficio de Papel – que se realizó
en México y Francia confirmó el tráfico de influencias que años más
tarde se transformó en un expediente criminal binacional para indagar si
los fondos depositados en el extranjero por Fernández Castello fueron
resultado de malas prácticas para obtener contratos.
Después, otros medios replicaron la relación y amistad que habían
construido los entonces directivos de Alstom encabezados por Bernard
Prieur, José Córdoba Montoya – asesor de la Presidencia de Carlos
Salinas de Gortari – y, por supuesto, el abogado Fernández Castelló.
Alfonso Caso, entonces director del Metro, también sostenía encuentros
privados con Córdoba Montoya, el pequeño hombre todo poderoso del
gobierno salinista.
Egresado de la UNAM, el licenciado en Derecho y amigo del extitular
de la Secretaría de Gobernación en el sexenio panista de Vicente Fox,
Fernández Castelló firmó con la francesa Alstom un interesante contrato
como comisionista que establecía el pago de entre 5 y 10 por ciento de
cada obra contratada por la francesa. Castelló, como asesor de Alstom,
estuvo directamente involucrado en los tratos que la colocaron bajo los
reflectores y que hicieron que la firma francesa se replanteara su
presencia en México.
La plana mayor de ejecutivos de la firma fue remplazada por
completo; salieron los directivos franceses, quienes por cierto también
tuvieron que declarar ante la PGR por las gestiones impulsadas por
Fernández Castelló.
La suerte, sin embargo, favoreció al abogado-comisionista-coyote
porque a la llegada de los panistas y en medio de la investigación sobre
los sobornos a Caso, logró que se le aceptara como una especie de
testigo “protegido” para entregar toda la información de los corruptos
funcionarios priistas.
Fue, sin embargo, una compañía constituida y que encabezaba Enrique
Fernández Castelló la que fue investigada por las transferencias entre
bancos de Panamá y Suiza.
Desde las cuentas de la compañía Inamex no sólo se hicieron
transferencias por 800 mil dólares a Caso, exdirector del Metro, sino
también al entonces funcionario de Luz y Fuerza del Centro, Antonio
García Rojas, subdirector de Abastecimiento y Transporte de Luz y
Fuerza, quien benefició a Alstom con contratos para la adquisición de
transformadores de corriente. Esta es la vieja práctica corrupta que
Peña Nieto debería combatir para evitar que se siga ultrajando al
presupuesto público y mandar un claro mensaje en contra de los
funcionarios que acostumbran a pedir comisiones por la asignación de
contratos.
Después de esta crisis, Alstom eliminó a los “gestores” de
contratos; a los “comisionistas”; a los despachos de cabildeo. Sin
embargo, no sólo la estela de corrupción persigue a esta empresa que
regresó a la búsqueda de contratos con el gobierno federal. A Alstom,
aunque parezca increíble, todavía la persigue el abogado Enrique
Fernández Castelló, quien reclama que la francesa cumpla con el pago de
comisiones por un contrato millonario que gestionó. México el país de
los gestores, comisionistas y coyotes promovidos desde el gobierno.
El asunto que forma parte de un juicio en Francia también se sigue
en tribunales mexicanos y en él aparece otra vez el exsecretario de
Gobernación, el panista Santiago Creel, en una historia que involucra
conflictos de interés, omisiones por parte de la autoridad y, por
supuesto, la guerra política entre el PRI y el PAN para develar sus
prácticas de corrupción y capitalizar sus causas partidistas.
En otras palabras, Fernández Castelló entregó a los panistas
información relevante para demostrar las prácticas de corrupción en las
que participó con los priistas pero logró que, como testigo, los
funcionarios foxistas lo protegieran. Santiago Creel, además, ha sido
testigo de Fernández Castelló para recuperar sus comisiones con Alstom.
Sin embargo, ahora busca recuperar sus comisiones de contratos que,
en apariencia, no estuvieron relacionados con esos negros expedientes.
Son 20 millones los que reclama Fernández Castelló, quien –asegura ante
autoridades de México y Francia – gestionó para Alstom contratos ante
Transportación Marítima Mexicana (TMM), de José Serrano Segovia, por 100
millones de dólares para el mantenimiento de sus vías férreas. Esta
historia continuará…