martes, 23 de diciembre de 2014

Premiados, los jueces relacionados con el caso Raúl Salinas

21 diciembre 2014 | Jenaro Villamil | Proceso
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tras 19 años de litigios, Raúl Salinas de Gortari libró todas las acusaciones. Además, los jueces y magistrados que conocieron del expediente en sus distintas instancias –la mayoría radicadas en el Estado de México– han sido premiados desde que él salió del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el 14 de junio de 2005. Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que lo liberaron tras 10 horas de deliberación fueron ascendiendo en los intrincados laberintos del Poder Judicial.

José Nieves Luna Castro fue el responsable de elaborar el proyecto de sentencia que autorizó el amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual de Raúl Salinas en el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.

Emparentado con la poderosa familia Luna Ramos –que ocupa posiciones centrales en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Luna Castro fue mencionado en 2009 como uno de los posibles aspirantes a ocupar las vacantes que dejaron los ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela.

Y aun cuando no logró la posición en el máximo tribunal, es titular de la Unidad de Implementación de la Reforma Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo su mando estará el diseño de los 44 centros de justicia federal en todo el país, un proyecto en el que se invertirán más de 4 mil millones de dólares.

Adalid Ambriz Landa y Manuel Baráibar Constantino, los otros dos magistrados que le dieron el amparo a Raúl Salinas, también fueron beneficiados por la fortuna. Baráibar fue uno de los 35 aspirantes que se inscribieron en febrero de 2013 para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal.

Para ese cargo, la bancada del PRI en el Senado apoyó a Baráibar y a la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, exsubprocuradora del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hernández es la misma juez que preparó la reciente sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal que consideró inocente a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito que ascendió a 224 millones de pesos, presuntamente desviados de la llamada “partida secreta” de la Presidencia de la República entre 1990 y 1994.

Durante las negociaciones en el Senado, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, defendió como “prioridad” a Hernández Álvarez y, en segunda posibilidad, a Baráibar. Su argumento principal en la Comisión de Justicia era que el consejero saliente era “posición del PRI”; por tanto, le correspondía a ese partido designarlo.

En aquella ocasión, el PAN apoyó a Jorge Zermeño y el PRD a Leticia Bonifaz, exconsejera jurídica durante la gestión de Marcelo Ebrard en el gobierno del Distrito Federal. Ni el PAN ni el PRD aceptaron la posibilidad de Hernández Álvarez. Su principal argumento fue el papel que la exsubprocuradora jugó en el caso de la niña Paulette­ Gebara.

Sin importar las objeciones, el pasado 7 de noviembre Peña Nieto nombró a Hernández Álvarez como nueva integrante del Consejo de la Judicatura, en remplazo de Daniel Cabeza de Vaca. Detentará el puesto hasta 2019. Es la primera mujer en ocupar uno de los siete asientos de este organismo responsable de la administración del Poder Judicial federal.

Con el nombramiento de Hernández Álvarez, el Tercer Tribunal Unitario del Distrito Federal quedó bajo el control del secretario técnico, Fermín Cotero Cárdenas, quien confirmó la sentencia absolutoria de Raúl Salinas el viernes 12, justo cuando salía de vacaciones.

Cotero Cárdenas también aspira a ser “premiado” por sus servicios en el Poder Judicial. Está en la lista de los 866 funcionarios admitidos al segundo concurso para designar jueces del nuevo sistema penal acusatorio. En 2005 Cotero participó en el concurso, pero no se quedó.

Vínculo con González Anaya

Hernández Álvarez trabajó bajo las órdenes de Aberto Bazbaz Sacal, el efímero procurador del gobierno peñista que acabó envuelto en el desprestigio por cambiar con unos cuantos días de diferencia su dictamen del caso Paulette Gebara. Primero dijo que “no hay duda que se trata de un homicidio” que involucraba a los propios padres de la menor, y luego resultó que la menor se asfixió en el colchón de su propia cama, sin que nadie se diera cuenta durante días.

Bazbaz también está vinculado a las redes de poder de los Salinas de Gortari. Formó parte del despacho jurídico que compartió con David Korenfeld, exsecretario estatal del Agua durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, que participó también en la defensa del “hermano incómodo” del expresidente Carlos Salinas.

Uno de los principales padrinos de Bazbaz Sacal fue José Antonio González Anaya, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, exempleado y exconcuño de Carlos Salinas, ya que contrajo nupcias con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula Gerard.

González Anaya, cuya capacidad como funcionario ha sido celebrada por el propio Salinas de Gortari en su libro México, un paso difícil a la modernidad, trabajó en 1991 como director de Análisis Económico en la Secretaría Técnica de la Oficina de la Presidencia de la República bajo las órdenes de José Córdoba Montoya.

La influencia de los Salinas en los gobiernos de Arturo Montiel y de Peña Nieto no fue casual. Tanto la liberación de Raúl Salinas, en junio de 2005, como el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004, ocurrieron en territorio mexiquense.


En su libro La década perdida 1995-2006, Carlos Salinas relató de esta manera el crimen de su hermano Enrique:

“El 6 de diciembre de 2004 fue encontrado el cuerpo sin vida de mi hermano Enrique. Era el cuarto de cinco hermanos. Estaba dentro de un automóvil abandonado en el Estado de México. Su muerte causó gran conmoción en mi familia. El dolor por su ausencia persiste entre nosotros. También la ira por el motivo de su muerte.

“No fue un accidente. Las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinaron con celeridad que se trataba de un homicidio a consecuencia de asfixia por sofocación. Quienes lo victimaron habían intentado extorsionarlo.

“Por una carta encontrada en su cuerpo se determinó que había sido redactada bajo presión y que mi hermano se encontraba en un estado anímico depresivo. Poco antes, un semanario había publicado detalles personales y familiares de su divorcio, lo cual alteró su estado de ánimo, pues consideró que ponía en peligro su vida y la de sus hijos, como relató la PGJEM en un informe publicado posteriormente.”

El semanario al que hacía referencia Salinas de Gortari era Quién. El episodio es relatado por el reportero Alberto Tavira en su libro reciente Los Salinas: en la edición número 95, la revista publicó una entrevista con Gilda Deneken, esposa de Enrique Salinas, quien relató detalles de sus conflictos maritales. Antes de que se publicara el texto, Carlos Salinas ya sabía de su contenido. En una visita a las instalaciones de la revista, le pidió a los editores de Quién: “No sean malos, ya dejen en paz a mi familia”.

El documento al que se refirió Salinas en su libro fue el Balance sobre la averiguación previa iniciada con motivo del homicidio del ingeniero Enrique Eduardo Guillermo Salinas de Gortari y las acciones legales contra probables responsables, emitido el 12 de mayo de 2005.

La procuraduría mexiquense, entonces a cargo de Alfonso Navarrete Prida, se convirtió en la instancia que al expresidente le pareció confiable; confiaba en que lograría desentrañar la trama del asesinato de su hermano.

Carlos Salinas documentó que el homicidio de Enrique estaba relacionado con la investigación de las cuentas de Raúl, emprendida en Francia por los fiscales Patrick Fievet y Henri Pons. El expresidente acusó a ambos de darle validez a los testimonios de dos testigos protegidos enviados por la PGR, y acusó a su titular, Jorge Madrazo Cuéllar, y a sus dos principales colaboradores de fabricar pruebas y violar los derechos humanos de los acusados.

El 2 de mayo de 2006, la Sala Número 11 del Tribunal de lo Penal en París anunció la absolución de Raúl y Enrique. Sin embargo, Carlos Salinas dejó muy claro en su libro que aún estaba pendiente “la responsabilidad y moral” en la muerte de Enrique. Escribió que enfrentaría la “perversidad” de los “procuradores neoliberales”, entiéndase los del periodo de su sucesor Ernesto Zedillo. De esta clasificación excluyó a los procuradores estatales de los gobiernos mexiquenses de Arturo Montiel y Enrique Peña.

Los dos casos se convirtieron en la obsesión de Carlos Salinas. La defensa de sus dos hermanos, en especial, por el caso abierto por enriquecimiento ilícito contra Raúl Salinas, lo vinculaba directamente a él como expresidente. El manejo de la “partida secreta” y su presunto robo volvió a salir a escena cuando el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del calderonismo, Luis Téllez, lo mencionó en una conversación grabada. También lo hizo el expresidente Miguel de la Madrid en una entrevista con Carmen Aristegui.

En ambos casos, Salinas de Gortari y su “oficina de prensa” fueron implacables a la hora de desmentir estas acusaciones y dichos. Luis Téllez tuvo que decir que no contaba con pruebas para sustentar su afirmación de que los Salinas “se robaron la mitad de la partida presupuestal”. Y el expresidente De la Madrid mandó una carta pública para afirmar que sus respuestas “carecen de validez y exactitud”, ya que se encontraba “convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos”.

El exprocurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida, quien conoció las primeras investigaciones sobre el homicidio de Enrique Salinas, es actualmente el secretario del Trabajo en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Su nombre se ha mencionado en distintas columnas periodísticas como posible relevo de Jesús Murillo Karam, otro viejo conocido político de Carlos Salinas, al frente de la PGR, tras la crisis de Ayotzinapa.

Fuente: Proceso