En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se busca a
un nuevo Presidente. Desde hace varios meses, el titular de la
Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida analiza la salida de
Diódoro José Siller del cargo que resulta clave para esa dependencia,
pero también para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
porque allí se contienen muchas presiones que en el sector obrero ha
generado la actual crisis. Sin embargo, una crisis al interior de la
JFCA aceleraría la decisión de Navarrete Prida de pedirle a Siller su
renuncia.
Siller enfrenta serias críticas sobre la imparcialidad con la que
encabeza ese organismo. Al menos en la Secretaría del Trabajo se
considera seriamente desde hace varios meses su remoción de la
Presidencia de la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, el máximo
órgano para la impartición de la justicia laboral en el país.
Los resultados, sin embargo, no son buenos. Al menos ese es el
balance que se desprende de la más reciente confrontación entre
funcionarios de la JFCA y el presidente Diódoro José Siller, un abogado
que se había consolidado como litigante en el ámbito laboral y que se
convirtió en funcionario público pero que no abandonó su círculo de
amigos, casi todos litigantes laboralistas.
Aparentemente, Siller estaría incurriendo en excesos y violaciones a
las normas y buenas prácticas de la JFCA en su intención de operar
ciertos asuntos dirigidos y en beneficios de abogados de grandes
empresas.
Durante la administración de Diódoro Siller, 11 funcionarios de
alto nivel han sido suspendidos de su cargo con procedimientos
administrativos por supuestas diversas irregularidades, aunque los
salientes aseguran que su remoción fue sin apego a derecho, arbitrarios y
viciados. Algunos de ellos, luego de ganar sus casos en otras
instancias, han sido restituidos en sus cargos con el pago de salarios
caídos e indemnizaciones “pagadas con el dinero de los contribuyentes,
lo que ha causado un daño patrimonial al erario federal, establecen
denuncias contra el funcionario.
La actuación del actual presidente de la Junta se sintetiza con las
cifras siguientes: el índice de conciliación en la dependencia en 2013
era de apenas 22.4 por ciento y se resolvieron 19 mil 187 asuntos; en
2014 de 19.1 por ciento y 12 mil 760 asuntos resueltos, respectivamente,
por la vía de la conciliación, de un universo de 400 mil casos
radicados en la Junta Federal y a la espera de ser resueltos.
Se trata, por supuesto, de acusaciones sumamente graves que, hasta
el momento, representa el centro de las quejas contra Siller. Pero
siendo el Presidente de la JFCA un puesto clave para el clima laboral
del país, preocupa en el gobierno lo que sucede allí y que se dio a
conocer hace unos días a través de un inusual comunicado de prensa, en
el cual se informó sobre el inicio de varios procesos administrativos en
contra de funcionarios nombrados directamente por el propio titular de
la ST. Ese comunicado sólo agudizó una crisis que se develó públicamente
pero si tener conclusiones o evidencias de indagatorias serias contra
funcionarios de la JFCA, incluyendo al propio Siller.
Al parecer, el principal enfrentamiento entre Diódoro José Siller y
el grupo de funcionarios que no está de acuerdo con algunas prácticas
que tienen lugar en la JFCA es con Carlos Mauricio Salazar Douglas,
coordinación general Administrativo y con la Secretaria General de
Conciliación y Asuntos Individuales, Adriana Llaca Sánchez. La relación
de los dos primeros es insostenible y alguno de ellos tenía que irse, la
decisión fue la salida de Salazar Douglas.
Desde julio pasado, Llaca Sánchez comenzó a revisar la
transparencia con la que se conducían las resoluciones en la JFCA. Como
responsable de la vigilancia de todas las juntas locales (680 en todo el
país y sólo 22 en la ciudad de México, Llaca – en los últimos meses –
registró la presión que se ejercía ante la Junta por parte de litigantes
y abogados externos de empresas como Merrill Lynch, Mercedes Benz y
Unilever.
Esta última, por cierto, todavía se encuentra en riesgo de cubrir
una indemnización por al menos 90 millones de pesos. Así de cuantiosos
son algunos de los litigios que se deciden en la JFCA. Sin mencionar,
por supuesto, lo relevante para la SHCP de las negociaciones de los
contratos colectivos de trabajo, tanto públicos como privados, a través
de los cuales se marca una clara tendencia para los incrementos
salariales en el país.
Ha sido, por lo tanto, la propensión a defender a las empresas
sobre los derechos de los trabajadores lo que, según los involucrados en
esta controversia, ha confrontando a Siller con funcionarios clave en
la JFCA.
Pero a Llaca Sánchez, desde la Presidencia de la JFCA, se le habría
iniciado un proceso administrativo que buscaría demostrar que, sin
contar con atribuciones, ordenó cambios de funcionarios en las juntas
locales que sólo podían ser ordenados por la Dirección de Recursos
Humanos de la Secretaría del Trabajo, pues también corresponden a
nombramientos directos del titular de la dependencia.
Hasta el momento, el balance es la renuncia el pasado primero de
diciembre de Carlos Mauricio Salazar Douglas a la Coordinación General
Administrativo de la JFCA. Lo extraño, sin embargo, es que la JFCA envío
un comunicado en el que, por primera vez, revela que inició en contra
de este exfuncionario un proceso administrativo a cargo de su Órgano de
Control Interno. No se trata de un asunto juzgado; además, el boletín
de la Junta omite informar que Salazar Douglas ya había renunciado al
cargo 15 días antes, pero con fecha 31 de diciembre. Por ello, se prevé
que ahora los funcionarios acusados públicamente interpongan amparos
administrativos.
El abogado Carlo Salazar Douglas, quien siendo litigante – antes de
llegar a la JFCA – se especializó en derecho penal, asegura que hasta
el momento no cuenta con información sobre el supuesto proceso
administrativo y acusa que la Unidad de Quejas de la JFCA se utiliza
ahora como instrumento de presión ante las diferencias con el presidente
de ese órgano.
Otro dato que revela el estilo de Siller para gestionar la JFCA es
que no sostuvo reuniones de trabajo con la responsable de todas las
juntas locales; simplemente ignoró la supervisión de su trabajo.
Siller, aparentemente, no ha querido asumir la directiva del Tribunal.
Los hechos de la confrontación
Fue el pasado 15 de diciembre cuando la JFCA dio a conocer, a
través de un comunicado de presa, que suspendió temporalmente de su
función a cuatro altos mandos.
En un boletín y no en un documento oficial, el coordinador general
de Administración, Carlos Mauricio Salazar Douglas, se enteró por
primera vez que enfrentaba un supuesto procedimiento administrativo. Lo
mismo sucedió con el secretario auxiliar para el Apoyo y Control
Procesal de Juntas Especiales, Federico Gabriel Acevedo Flores; el
secretario auxiliar de Peritajes y Diligencias, Ricardo Quevedo
Astudillo, y la secretaria general de Conciliación y Asuntos
Individuales, Adriana Llaca Sánchez.
Sin proporcionar mayores detalles, la Junta Federal señaló que las
suspensiones se derivan de diversas quejas y denuncias administrativas
que promovieron trabajadores, patrones y funcionarios de la propia Junta
Federal. El comunicado habría sido emitido 15 días después de que a los
funcionarios se les sacara por la fuerza de las oficinas, denuncian
Carlos Mauricio Salazar Douglas, Federico Gabriel Acevedo Flores,
Ricardo Quevedo Astudillo y Adriana Llaca Sánchez.
El viernes 28 de noviembre de 2014, a las 14:30 horas, un grupo de
alrededor de 20 vigilantes y funcionarios tomaron las oficinas de los
servidores públicos, sin que se les permitiera sacar sus objetos
personales. Las instalaciones fueron selladas, denuncian.
Salazar Douglas presentó su renuncia el 1 de diciembre de 2014 con
fecha 31 del mismo mes, según dice por decisión personal y ante las
diferencias en criterios con Diódoro Siller Argüello “por la
arbitrariedad, irresponsabilidad y falta de probidad con la que se
conduce como presidente de la Junta Federal”.
“Al día de hoy no tengo conocimiento sobre procedimiento
administrativo ni notificación alguna en mi contra y, en consecuencia,
suspensión decretada por ese motivo, además de que resultaría imposible
suspenderme al haber presentado mi renuncia previamente. De existir
algo, por supuesto estaría viciado de origen y sería irregular al no
habérseme notificado en tiempo y forma como lo establece la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ya
renuncié, pero podría pelear mi caso y lo ganaría en tribunales.”
Tanto Adriana Llaca Sánchez, como Ricardo Quevedo Astudillo y
Federico Gabriel Acevedo Flores, en uso a su derecho de réplica,
califican el comunicado oficial, emitido por la Junta Federal, como
parcial, deforme y omiso.
“Fui suspendida por no concordar y acceder a los intereses
personales, oscuros y corruptos del titular de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje”, afirma Llaca Sánchez en el escrito.
El 1 de diciembre, Adriana Llaca fue notificada de la suspensión
temporal por causas, dice, no justificadas como graves para imponer una
suspensión de funciones.
Con 24 años de servicio en la dependencia, Llaca Sánchez enfrenta
tres procedimientos administrativos bajo el expediente QU/704/2014. En
concordancia con el Acuerdo de Suspensión Temporal –al que esta columna
tuvo acceso– 48 servidores de la Junta habrían promovido la queja por
presuntas irregularidades administrativas “consistentes en tomar
decisiones arbitrarias, negligentes y caprichosas; realizar
destituciones de presidentes de Junta Especial y de personal jurídico
del Tribunal Federal Laboral; llevar a cabo cambios de adscripción e
imposición de secretarios auxiliares, presidentes de Junta Especial,
funcionarios conciliadores, secretarios de acuerdos, actuarios,
etcétera, neófitos en materia laboral […]. Y, además era del
conocimiento general del personal de la Junta el historial que tenía la
presunta responsable, respecto a su conducta abusiva, de discriminación y
prepotencia con la cual se conduce con todo el personal; y que para lo
anterior, ha utilizado amenazas, miedo y terrorismo laboral, obedeciendo
a intereses particulares y no de esta Junta Federal”.
Por lo que inició una queja en la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y denuncias administrativas y penales en la Secretaría de la
Función Pública y en la Procuraduría General de la República.
Ricardo Quevedo Astudillo, designado secretario auxiliar de
Peritajes y Diligencias el 1 de julio de 2014, suspendido temporalmente
acusado de la supuesta sustitución de un perito en grafoscopía y
documentoscopía, expediente QU/713/2014, apunta: “no existió nunca tal
sustitución y antes de verificar los datos que obran en el expediente de
mérito y ante la Junta Especial número 11, Daniel Ornelas Salazar
emitió la suspensión pese a que no es un hecho grave”.
Federico Gabriel Acevedo, designado como secretario auxiliar para
el Apoyo y Control Procesal a Juntas Especiales el 1 de julio de 2014,
se encuentra también bajo proceso, expediente QU/714/2014. El área,
acusa, resolvía dos casos de relevancia, uno de ellos relacionado con la
trasnacional Unilever.
Según se lee en el Acuerdo de Suspensión Temporal, el expediente
administrativo: “ se motiva por una queja promovida por David Orlando
Piza Avilés, apoderado de Servicios Profesionales Unilever, S de RL de
CV, y Unilever de México, S de RL de CV, contra Federico Gabriel Acevedo
por presuntas irregularidades administrativas, consistentes en que de
manera sorpresiva y sin fundamento legal alguno el expediente laboral
963/2011 ha estado desde hace aproximadamente 3 meses de manera
inexplicable en el área de la Secretaría General de Conciliación y
Asuntos Individuales y la Secretaría Auxiliar para el Apoyo y Control
Procesal de Juntas Especiales, sin que las personas encargadas de dicha
área den una causa justificada o legal, por lo que se tiene el temor de
que dicho expediente pueda ser manipulado o resuelto de manera
irregular”.
Para Federico Acevedo se trata de una maniobra para impedir que se
dictamine a favor del trabajador afectado al que Unilever se vería
obligado a pagar 90 millones de pesos. “La Junta Especial 16 [donde
radica desde 2011 el expediente] pretende ahorrarle a la empresa 90
millones de pesos”, señala.
A decir de Acevedo Flores, el área a su cargo cuenta con las
facultades para solicitar el expediente en cuestión además de que
existen los mecanismos y protocolos para que la Secretaría Auxiliar
solicite expedientes sin riesgo de ser manipulados, por lo que al igual
que Llaca Sánchez y Ricardo Quevedo, inició queja en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y prepara su defensa legal en la
Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la
República.
En medio de esta crisis de este órgano autónomo, hay enorme interés
del presidente Enrique Peña Nieto por enviar al secretario de Trabajo,
Alfonso Navarrete Prida, a lo que será la Fiscalía Anticorrupción, la
cual podría convertirse en el salvavidas de la actual administración que
en esa materia parece que ha hecho agua en los primeros dos años de
gobierno.