Ayer, al anunciar su
decisión de mantener sin cambio la tasa de interés de referencia –que se
ubica en 3 por ciento anual–, el Banco de México (BdeM) ponderó
la posibilidad de una evolución de la actividad económica menos dinámica que la prevista en caso de que los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos.
recientes acontecimientos sociales–un concepto abstracto que trasciende a lo meramente económico–, el BdeM hace un reconocimiento tácito del efecto negativo que pueden tener para el país y su economía sucesos tan desgarradores como el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa; la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya, la ofensiva contra el plan de estudios de Instituto Politécnico Nacional y, en general, las numerosas decisiones, acciones y posturas que se han adoptado desde el poder en perjuicio de la población.
En voz de un organismo que ha propugnado por el adelgazamiento del
Estado, que ha preconizado en forma sistemática la agenda neoliberal y
que ha confiado en exceso en el postulado de
dejar hacer, dejar pasar, la afirmación de que los
acontecimientos socialesde la actualidad podrían afectar la economía adquiere la categoría de declaración autoinculpatoria. En efecto, el drama que vive el país en materia de seguridad y derechos humanos; la exhibición de la descomposición estructural a la que han llegado los principales partidos políticos; la sostenida inmoralidad institucional; la impunidad, alentada por omisión durante sucesivos gobiernos federales, y la inserción brutal del país y de su economía en un ámbito de libre mercado, tienen un correlato ineludible en el abandono, por parte del Estado, de sus responsabilidades más elementales, empezando por la de brindar seguridad a la población.
En esa lógica resulta, efectivamente, inevitable, la
perspectiva de conflictos sociales de larga duración, de la consiguiente
afectación en los ámbitos político, social, institucional y, desde
luego, económico: en tanto los gobiernos carezcan de voluntad política
para incidir en las causas profundas del auge delictivo, la corrupción,
la pobreza y la marginalidad, seguirán siendo incapaces de retomar el
pleno control territorial y de los diversos elementos que confluyen en
el país.
Resulta urgente, pues, que los gobiernos acepten la necesidad de
revertir la pérdida de gobernabilidad, sobre todo en sus raíces
sociales, institucionales y económicas. De otra forma, será difícil, e
incluso imposible, restañar los márgenes de control, paz social y
normalidad institucional del país.