24 octubre 2014 | Gabriela Hernández | Proceso
PUEBLA, Pue., (apro).- Al vencer este día el plazo para cumplir con las 11 recomendaciones que emitió la CNDH en torno al caso Chalchihuapan, organizaciones y partidos consideraron que el gobernador Rafael Moreno Valle no sólo incumplió, sino que volvió a violentar los derechos humanos de los pobladores.
La dirigente estatal del PRI, Isabel Allende, consideró que el ombudsman Raúl Plascencia debe declarar como “no cumplidas” las recomendaciones y turnar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La priista consideró que, mínimo, el mandatario poblano debió proceder con la destitución y consignación de Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública, como responsable de la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, sin embargo, sólo le sancionó con una amonestación y una multa económica.
Ricardo Jiménez, dirigente del Movimiento Alternativa Social, dijo que la única resolución que el mandatario acató fue la de nombrar a un fiscal especial para el caso, pero lo hizo poniendo en el cargo a José Antonio Pérez Bravo, quien ya había sido criticado por su actuación en el caso Digna Ochoa.
Indicó que Moreno Valle pretende poner la responsabilidad de la muerte del niño José Luis sólo en dos policías que participaron en el operativo, cuando se sabe que éstos recibieron órdenes, y no son propietarios del equipo que portaron en esa ocasión, entre ellos los 930 cartuchos, granadas y proyectiles de gas lacrimógeno e irritante empleados contra la población.
Además, refirió que en lugar de ofrecer una disculpa pública a las víctimas, como lo marca la recomendación, el gobierno de Moreno Valle “se burló” de las familias al entregarles la invitación apenas dos horas antes de que se realizara el acto, que hasta ahora se desconoce si realmente se llevó a cabo o cuál fue el mensaje que ofreció.
Otras de las recomendaciones que hizo la CNDH, agregó, fue que implementara “mecanismos efectivos” para la atención de las demandas sociales que privilegien el diálogo, además de que se abstenga de criminalizar la protesta social y evite riesgos de usar la fuerza pública contra manifestaciones y se capacite al personal policiaco en el respeto a los derechos humanos.
Esto, mencionó, también lo ha incumplido el gobierno poblano, y prueba de ello es que encarceló con violencia a cuatro líderes opositores a la construcción del Parque de las 7 Culturas en Cholula y envió un operativo para allanar casas, encañonar y golpear a mujeres, niños y ancianos y detener a cinco pobladores de Chalchihuapan.
En cuanto a la reparación de daños, Misraim Hernández Fernández, del Contingente Puebla, señaló que ésta no puede ser en “abonos chiquitos” como pretende hacerlo el gobierno de Puebla, al crear un fideicomiso para que las víctimas acudan a pedir ayuda, sin que hasta ahora se conozca públicamente el monto que integra la indemnización.
“No es posible que les quieran dar unos cuantos pesos, pues de acuerdo con la justicia y tratados internacionales, hay leyes que estipulan las cantidades que se les tienen que dar, no que estén sujetos a que se les pague en ‘abonos chiquitos’ para pagar poquito, si bien parte de la justicia no es el dinero, pero sí es una reparación de daños”, declaró.
Además, señaló que es absurdo que el gobierno haya emprendido una persecución en contra de los pobladores, con la cual se volvieron a violentar sus derechos humanos, y que diga que lo hace para cumplir con la recomendación que les hizo la CNDH.
“Nadie de Chalchihuapan merece estar en la cárcel, la gente únicamente estaba exigiendo sus derechos (en la protesta del 9 de julio), pero el gobierno de Puebla no agotó el diálogo y eso está evidenciado en las investigaciones que hizo la CNDH”, declaró, “lo que hizo la gente fue hacer uso del último recurso que tenían para ser atendidos, que fue la protesta en la autopista”.
El caso de Chalchihuapan no está resuelto, asentó, pues la principal demanda de la población, que es la devolución de las oficinas del Registro Civil, aún no se atiende, aparte de que todavía no hay responsables por la muerte del niño José Luis, ni reparación económica para los heridos y sus familias.
“No han resuelto ningún conflicto; al contrario, encendieron más la llama que ya hay, encendieron más el coraje, la tristeza y la desesperación”, acusó.
Hernández Fernández dijo que parece que Moreno Valle pretende aprovechar que a nivel nacional la atención pública está puesta en lo ocurrido en Ayotzinapan para cometer un nuevo atropello contra esta comunidad.
Arturo Rivera Pineda, abogado de Elia Tamayo, madre del niño asesinado, dijo que la fiscalía especial creada para el caso se limitó a proceder contra los mandos bajos de la fuerza pública, pero no buscó al autor intelectual de este operativo ni a quien ordenó la ejecución material de la instrucción.
Indicó que esperarán a que la CNDH haga un pronunciamiento sobre si da o no por cumplidas las recomendaciones. “Las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son inapelables; entonces, ahora hay que ver cuál es la opinión que da”, puntualizó.
Independiente a ello, adelantó que Tamayo presentará una demanda en contra de Facundo Rosas Rosas, a quien responsabilizará por homicidio de su hijo y, de forma paralela, se presentará una demanda de juicio político en contra del gobernador Moreno Valle.
Formal prisión a 5 habitantes
El Juzgado Tercero de Distrito se negó a admitir pruebas periciales que evidenciaban errores en la identificación de tres de los pobladores detenidos en Chalchihuapan el sábado 18, por lo que les dictó el auto de formal prisión.
A los detenidos, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes se les acusa por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares y a tres de ellos por intento de homicidio.
La defensa ha mostrado fotografías que evidencian diferencias físicas entre dos de los detenidos y las personas que la policía identifica como quienes participaron en el enfrentamiento con policías, además que en el caso de otro de los detenidos, la averiguación previa marca dos nombres Fausto Montes García y/o Bernardino Ocotl Ocotl.
