Abel Barrera* | Opinión-La Jornada
El 2 de octubre de 1968
miles de jóvenes que ejercían sus derechos fueron masacrados en la
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cuarenta y seis años después,
en Iguala, Guerrero, una protesta estudiantil derivó en la muerte de
seis personas y, al día de hoy, en la desaparición de 43 jóvenes cuyo
paradero se ignora hasta la fecha.
Entre un hecho y el otro pueden trazarse paralelos que cuestionan las
verdades asumidas sobre los alcances de la transición mexicana. En
contextos como el guerrerense, la atomización del poder implicó el
fortalecimiento de la delincuencia organizada, heredera y continuadora
de los caciques de siempre. Lo hemos dicho hasta el cansancio: en
Guerrero, la línea entre la delincuencia organizada y amplias franjas de
los gobiernos es indistinguible. No se sabe dónde comienza uno, dónde
termina el otro, quién infiltra a cuál.La impunidad es otro paralelo. Los hechos de Iguala no habrían sucedido si el Estado mexicano hubiera investigado cabalmente los hechos previos de violencia en la región. La desaparición y ejecución de los activistas de la UP; la masacre en el Cereso; las incursiones armadas en Carrizalillo, todo fue tolerado y quedó sumido en el único estado de derecho que realmente existe en Guerrero: el estado de impunidad. Si los policías de Iguala dispararon contra autobuses de estudiantes es porque sabían que nadie los sancionaría, como nadie ha sancionado a los agentes que asesinaron y torturaron a normalistas el 12 de diciembre de 2011. Para el poder, los jóvenes normalistas –reducidos al denigrante epíteto de ayotzinapos– no son ni siquiera daños colaterales; son vidas prescindibles, como lo eran para el Ejército las y los universitarios del 68.
Pero sin duda la cuestión más preocupante, que remite también al 68 y a la guerra sucia, es que a cinco días un número importante de normalistas continúan desaparecidos. Los testimonios son contundentes: al menos 20 de ellos fueron violentamente subidos a patrullas de la policía igualteca y el procurador de Guerrero ha aceptado que en un video se aprecia que los jóvenes efectivamente fueron trasladados en vehículos oficiales. ¿Adónde los llevaron? ¿Los entregaron a los civiles que rafaguearon inocentes esa noche? ¿Los retuvieron pensando que eso les permitiría negociar la liberación de los policías presos? ¿Dónde están los normalistas de Ayotzinapa?
Como en el 68 y durante la guerra sucia, a las desapariciones estudiantiles ha seguido la indiferencia. Las recientes declaraciones de Enrique Peña Nieto dejaron pasmados a los padres y a las madres que anhelan el regreso de sus muchachos. Lejos de prometer justicia o de ofrecer el respaldo de la Federación para la búsqueda, el Presidente dijo que el gobierno de Guerrero debe asumir su responsabilidad, como si la desaparición forzada de más de 40 estudiantes no fuera un asunto que interpelara a la responsabilidad del mandatario de la nación. Sin duda, hay ineludibles responsabilidades de las autoridades guerrerenses que prohijaron la descomposición que trajo el narcotráfico en Iguala y en cientos de municipios del estado sin distingo de color partidista, pero eso no resuelve que esta noche 43 padres y madres no saben dónde están sus hijos, quienes fueron detenidos por policías la última vez que los vieron.
La Federación no se ha sumado decididamente a la búsqueda de los estudiantes; los operativos de localización descansan, sobre todo, en los esfuerzos de sus familiares, de las organizaciones y de las autoridades estatales. Este desdén es inaudito y presenta visos discriminatorios. ¿Cómo habría respondido Peña Nieto si los más de 40 desparecidos no fueran estudiantes de Ayotzinapa, sino de su alma mater? ¿Cómo se les buscaría si no fueran normalistas, sino estudiantes de una universidad privada del Distrito Federal?
Como cada 2 de octubre, ayer en todo el país marchamos para recordar que en México todas y todos los jóvenes tienen derecho a manifestarse. Cuarenta y tres compañeros no nos acompañaron, porque continúan desaparecidos. Desde la montaña de Guerrero hicimos un llamado para que en esta jornada una demanda central fuera la inmediata presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y la intervención coordinada de todas las autoridades del Estado mexicano para su ubicación sin demora.
Entre tanto, ayer en Guerrero las y los estudiantes salieron de nuevo a la calle sin que nadie pudiera garantizarles que no irrumpiría un comando de civiles armados a agredirlos. Esa es hoy, a 46 años del 2 de octubre, la realidad de nuestra dolorosa entidad suriana.
* Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
