El Correo Ilustrado-La Jornada
Para desgracia de la nación, llegamos a este 27 de
septiembre, cuando cumpliríamos 54 años de la nacionalización de la
industria eléctrica, con un sector desmantelado y privatizado, debido a
la contrarreforma constitucional a los artículos 27 y 28 y a la
modificación a sus leyes secundarias, impulsadas por el titular del
Poder Ejecutivo y aprobadas por la mayoría de los legisladores, con lo
cual dieron marcha atrás a la exclusividad de la nación en materia
eléctrica.
A pesar del discurso oficial, que repite que la
reforma energética permitirá bajar las tarifas eléctricas en aproximadamente dos años, la realidad que vivimos millones de usuarios día con día es diametralmente opuesta a las afirmaciones tanto de Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como de Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos o comemos o pagamos la luz, debido de las altísimas tarifas implementadas por la CFE, sobre todo a los usuarios domésticos.
De acuerdo con datos de expertos en el tema, con la creación de la
figura de usuarios calificados (es decir, los grandes consumidores de
energía eléctrica como los empresarios), los generadores privados serán
los que los atiendan a estos grandes consumidores y no la CFE, con lo
cual dejará de percibir 188 mil millones de pesos y estará destinada a
la extinción, lo que representa una descarada y total privatización del
servicio.
Óscar Leslee Figueroa, Roberto Carlos Miranda Guevara, Héctor Mora Zebadúa, David Jesús Miranda Guevara, Jorge Luis Vargas Carrasco, Paul Bernardo Díaz, Ricardo Arenas Rodríguez, Alberto Martínez y David Miranda Pérez
