Mineras vs. pueblos indígenas / Usurpación y "buenos deseos" / Del dicho a la criminalización

Carlos Fernández-Vega / México SA

Como dicen los clásicos, del dicho al hecho hay un enorme trecho, y las supuestas buenas intenciones manifiestas en el discurso oficial suelen mantenerse en extremo alejadas de la realidad. Por ejemplo, en días recientes el inquilino de Los Pinos declaró en la ONU que el gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y su calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país.

Bien, pero los buenos deseos no son sinónimo de buenos resultados ni de políticas públicas congruentes con el discurso, como en el caso de la explotación minera y las empresas nacionales y foráneas arropadas por el mismo gobierno que dice respaldar a los pueblos originarios. Y algunas leyes incluso van en contra de los pueblos indígenas, mientras sigue en el aire el compromiso de promulgar una nueva ley minera para transformar este sector en una industria eficiente y socialmente responsable, cuyos beneficios incluyan a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece. No es gratuito que esta disociación entre discurso y práctica mantenga encendidos muchos focos rojos por la usurpación de tierras indígenas por parte de consorcios mineros y la respectiva depredación, con la venia gubernamental.
Por ejemplo, poco más de un año atrás el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU denunció que en México existe un reclamo permanente de los pueblos originarios, por la falta de cumplimiento de las autoridades mexicanas en el respeto y protección de sus derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales; la falta de participación en procesos de consulta y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado antes del otorgamiento de concesiones (mineras) y de la operación de este tipo de industrias en sus territorios.
De igual forma, exigió erradicar la criminalización de sus protestas cuando han reclamado sus derechos, conatos de violencia que han llegado al asesinato de sus dirigentes; de la pérdida de sus recursos naturales, impactos medioambientales negativos, la afectación a su salud provocada por los procesos de extracción de estos metales quienes niegan haber sido beneficiados por dichas industrias. A los pueblos indígenas en su relación con las industrias extractivas mineras se les debe considerar su derecho de libre determinación, particularmente en su derecho a ser consultados, a la participación en la toma de decisiones y a la obtención, en su caso, de su consentimiento libre, previo e informado; a la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Pues bien, ahora la Cepal –organismo especializado también perteneciente a la ONU– ha puesto el dedo en la llaga y denuncia que los conflictos locales relacionados con el control y uso del territorio y los recursos naturales se están convirtiendo en un fenómeno común en todas las regiones del mundo y también en los países de América Latina. El surgimiento de conflictos bien puede ser una manifestación o síntoma de la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como de las brechas que persisten en su aplicación.
Para el caso de México, dicho organismo elaboró un mapa en el que se anotan los conflictos en la geografía nacional donde se registran conflictos (de Chiapas a Baja California) derivados de proyectos extractivos en el sector de la minería en territorios habitados por pueblos indígenas, y subraya la permanencia de muchos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, en particular limitaciones al ejercicio de los derechos a las tierras tradicionales y recursos; graves actos de violencia y el desplazamiento forzoso, derivados de proyectos económicos a gran escala; así como la supresión de las organizaciones indígenas y las formas tradicionales de gobierno.

Entre el discurso presidencial y, por ejemplo, las prácticas de la Secretaría de Economía (que otorga concesiones mineras a los amigos como si se tratara de dulces) y de Medio Ambiente (la responsable de cuidar el entorno ecológico, como en Cananea) hay un enorme trecho. Allí está el caso de Salaverna, población zacatecana en el municipio de Mazapil, donde dichas autoridades no sólo palomearon, sin más, que la Minera Tayahua, de Carlos Slim, explotara a tajo abierto una mina de cobre subterránea, sino que avalaron la expulsión de los 320 pobladores originales, porque estorbaban la actividad minera. Y como este existen muchos casos más.

Advierte la Cepal que en los últimos años el aumento de los conflictos relacionados con el control y uso del territorio y los recursos naturales ha sido habitual en los países de América Latina. La expansión de las actividades primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica.

En este contexto, el organismo enumera seis nudos de problemas, es decir, conflictos por: inadecuado o inexistente resguardo jurídico de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales, biodiversidad y territorialidad; por afectación de lugares sagrados de los pueblos indígenas; deficiente o inexistente evaluación independiente del impacto ambiental, social, económico y territorial de los proyectos extractivos; incumplimiento del deber estatal de consulta con los pueblos indígenas y de adopción de los resguardos y medidas para proteger sus derechos antes de otorgar concesiones o autorizar la ejecución de proyectos extractivos; exclusión de los pueblos indígenas de la participación en los beneficios por la explotación de recursos de sus territorios, y criminalización de la protesta social indígena por proyectos de inversión que afectan sus derechos y territorios.

Y México reúne todos los elementos. Pero eso sí, el discurso en la ONU fue muy emotivo, con todo y cascos azules.

Las rebanadas del pastel

Para la colegiza interesada: el Club de Periodistas de México firmó un convenio de colaboración con una universidad veracruzana, con el fin de promover la carrera de medios de información y la titulación de los periodistas empíricos en el Distrito Federal y municipios conurbados.

Fuente: La Jornada - Opinión