El dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes, hizo un llamado el martes 5 a los 33 mil núcleos agrarios del país para que –una vez que las leyes que componen la reforma energética se publiquen en el Diario Oficial de la Federación– interpongan un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el dirigente de esa organización afín al Partido de la Revolución Democrática (PRD), la ley energética y su Ley Secundaria de Hidrocarburos violentan los artículos 1, 14, 16 y 27 del título primero de la Constitución, así como el Acuerdo Internacional con la Organización Internacional del Trabajo (OTI) número 169, que en conjunto tratan sobre los derechos humanos, el derecho a la propiedad y el derecho de los ciudadanos a ser consultados.
La propuesta de Narro Céspedes coincide con la de Javier López Macías, de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), filial del Partido Acción Nacional (PAN), quien alude también al acuerdo 169 de la OIT.
Más receloso es Álvaro López Ríos, representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Arguye que la SCJN se “dejará corromper” e intentará desechar el recurso de amparo porque, al igual que los diputados y senadores –quienes presuntamente recibieron un bono a cambio de votar a favor del paquete–, obedece a los intereses del Ejecutivo federal y las empresas trasnacionales.
Narro Céspedes expone el procedimiento legal que seguirá la CNPA para interponer el amparo. Después de que el decreto se publique, dice, tienen 30 días para presentar el recurso correspondiente ante la SCJN.
“Nos ampararemos en varios artículos constitucionales que se están violentando: el artículo 1, que en el título primero capítulo I de los derechos humanos y sus garantías de la Carta Magna señala: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse…”.
Otro artículo, el 14, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En este caso, “se están violando los derechos de los pueblos tribales, los poseedores de la tierra desde antes que el Estado mexicano existiera”.
A su vez, el artículo 16 dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En lo concerniente al 27, en una de sus partes señala que las expropiaciones sólo podrán realizarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
El nuevo escenario
La Ley Secundaria de Hidrocarburos, sostiene el dirigente de la CNPA, en ningún momento es de interés público; al contrario, lo que encubre es el interés de las empresas petroleras.
Explica que aun cuando el artículo 1 constitucional alude al derecho a la propiedad, con la reforma un título de propiedad queda sujeto al interés privado, no al público; por lo tanto, toda actividad implicada en la generación de energía eléctrica, en la extracción de petróleo, gas o minerales, puede ser causal para que se afecte cualquier superficie.
Sin embargo, alega, este título de propiedad se encuentra en entredicho, pues los legisladores no le dejaron ningún valor; en el caso de los pueblos indígenas, la reforma legal debió someterse a consulta.
–¿Sólo en el caso de los indígenas? –se le pregunta a Narro Céspedes.
–A los demás también, por el artículo 1 constitucional, pero sobre todo a los pueblos indígenas porque sus derechos son anteriores a la creación del Estado mexicano y están respaldados fundamentalmente en el marco internacional.
–¿En qué incurrió el Estado mexicano?
–Violenta los derechos de los mexicanos. En el caso de los pueblos indígenas, nunca fueron consultados ni informados antes de la aprobación de esta reforma.
–¿Cómo se van a amparar los 33 mil ejidos y las 4.5 millones de unidades de producción?
–No sabemos cuántas puedan ampararse. Vamos a constituir los comités de defensa de la tierra y del territorio en cada ejido, en cada comunidad, para que presente su propio recurso legal.
–Tienen 30 días a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
–Sí, por eso intentamos constituir una estructura nacional. La CNPA tiene organizaciones en 28 estados y buscaremos que compañeros nuestros promuevan esta actividad en todos los ejidos y comunidades. El martes 12 en un taller nacional vamos a discutir sobre el tema, aquí en la Ciudad de México; también vamos a perfeccionar el recurso jurídico, y a organizar la movilización de la gente.
–Es probable que el país quede a merced de la especulación de los mercados internacionales, ¿por qué?
–Se generará mayor dependencia alimentaria y dependeremos más de los monopolios. En el caso del maíz importamos cerca de 13 millones de toneladas; en el del arroz, 80% de lo que se consume en el país; en el del trigo, 60%, y en el de la leche, cerca de 90%. Ahora se impulsará más a trasnacionales, como Cargill, productora de granos; Monsanto, con las semillas mejoradas; también a Maseca, Nestlé, Bimbo…
–¿Qué posibilidades hay de echar atrás la ley secundaria con la consulta de 2015?
–Muchas. Y si aquí no da resultado, iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La consulta se acordaría el próximo 15 de septiembre para que se realice el primer domingo de junio de 2015; aún tenemos tiempo. La consulta puede tumbar la ley secundaria, no importa que haya entrado en vigor.
En busca del consenso
Javier López Macías, representante de la Unimoss, refiere: “En las últimas reuniones en torno a las leyes secundarias los diputados no tomaron en cuenta a las organizaciones agrarias.
–¿Funcionará el amparo?
–El acuerdo con los diputados fue que los ejidatarios sean parte del beneficio del desarrollo. Este es el tema de fondo, de ahí la necesidad de que se formen comités de vigilancia o contralorías sociales y que la Procuraduría Agraria sea defensora de los núcleos agrarios para evitar que la expropiación u ocupación temporal sea unilateral.
La Ley Secundaria de Hidrocarburos, de las servidumbres energéticas –servidumbres de paso–, deja abierta la posibilidad de que los asuntos se diriman en tribunales civiles, aunque se mencionan los agrarios. Eso violenta la ley agraria y el origen de la propiedad agraria.
Además, dice, “los indígenas fueron, antes que el Estado, los poseedores de la tierra; por lo tanto ninguna ley puede ser retroactiva. Esto es un hecho histórico, tiene que haber una posibilidad de autodeterminación de los pueblos, sobre todo de los indígenas, respetando sus autonomías como estipula la Constitución”.
López Macías se refiere al Convenio 169 de la OIT, un instrumento jurídico internacional vinculante que trata en específico de los derechos de los pueblos indígenas y tribales y que fue ratificado por 20 países, incluido México.
Una vez que se ratifica, los firmantes tienen un año para alinear su legislación, políticas y programas antes de que el convenio devengue jurídicamente vinculante y están sujetos a una supervisión para observar si cumplen con la aplicación de la norma.
Álvaro López Ríos, de la CNPA, no es tan optimista: “Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial funcionan en sintonía, corresponden a los mismos intereses y no creo que pueda haber independencia de poderes; ni que el Poder Judicial pueda dar entrada en un mecanismo de juicio de garantías a los propietarios de tierra que quieran proteger por esa vía sus derechos”.
No obstante, considera viable agotar ese camino, “aunque no creo que el Poder Judicial se sustraiga de la hegemonía que impone el presidente Enrique Peña Nieto y los intereses que representa el Estado en su conjunto, ni a la sumisión que ha asumido en relación al capital trasnacional y los intereses que hoy representa, como para que dieran oportunidad a que se litigaran los juicios de garantía”.
En una república con separación de poderes sí sería posible que los ciudadanos ejercieran ese derecho y tuvieran de su lado a la justicia. “Pero aquí –dice–, tenemos un Poder Judicial supeditado a los intereses de las trasnacionales que quieren apropiarse –vía la ocupación temporal– de las tierras ejidales, comunales y la propiedad privada. Es el caso de las mineras chinas y canadienses; o, en materia de exploración y explotación del petróleo, de compañías como Exxon”.
Y remata: Debe recordarse que en este país “el problema de la tierra ha sido detonante de violencia y revoluciones”.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
