Pese a la defensa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien asegura que el presidente Enrique Peña Nieto “no trabaja encuestas en mano”, lo cierto es que el primer mandatario sí destina millones de pesos para autopromoverse –en dos años habrá ejercido más de 9 mil millones de pesos según proyecciones de Fundar– pero ni así repunta su devaluada imagen. La paradoja es clara; pese al dispendio, la lluvia de spots, infomerciales, entrevistas, e incluso su singular artículo sobre el “nuevo México”, el mexiquense simplemente va a la baja.
Pese a la defensa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien asegura que el presidente Enrique Peña Nieto “no trabaja encuestas en mano”, lo cierto es que el primer mandatario sí destina millones de pesos para autopromoverse –en dos años habrá ejercido más de 9 mil millones de pesos, según proyecciones de Fundar– pero ni así repunta su devaluada imagen. La paradoja es clara; pese al dispendio, la lluvia de spots, infomerciales, entrevistas, e incluso su singular artículo sobre el “nuevo México”, el mexiquense simplemente va a la baja.
Rehén del manejo de las percepciones y adicto a la pantalla televisiva, Enrique Peña Nieto llega a su segundo año de gobierno atrapado en una paradoja: las 11 reformas legislativas que más presume en una decena de spots que inundan los medios electrónicos tienen una aceptación menor a 50% en casi todas las encuestas y su popularidad como mandatario va a la baja.
A mayor número de spots, de infomerciales disfrazados de entrevistas en programas de espectáculos o de talk shows colectivos, como el programa Conversaciones a Fondo, conducido por el director del Fondo de Cultura Económica, menor es el nivel de aceptación de los mexicanos encuestados sobre el “ciclo reformador” de Peña Nieto en sus dos años de gobierno.
El dispendio publicitario en los distintos medios está a la vista de todos. Este año, el gobierno federal pretende gastar 4 mil 964.8 millones de pesos en promoción.
El 44% de esos recursos se irán al duopolio televisivo, 24% a decenas de medios impresos, 17% a radiodifusoras y sólo 3% a internet, de acuerdo a los cálculos e información del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Esta suma es superior a la que la administración federal centralizada y paraestatal ejerció durante 2013 –4 mil 195 millones de pesos–.
En otras palabras, en sus dos primeros años, Peña Nieto ejercerá más de 9 mil millones de pesos en promocionarse, monto superior al presupuesto anual de la UNAM, con una clara tendencia a concentrar este gasto en Televisa y TV Azteca.
Este gasto publicitario “no es un ejercicio de rendición de cuentas, sino de autopromoción”, sostiene Justine Dupuy, directora de Fundar; también, dice, es una presunta violación a la prohibición expresa en la legislación electoral y en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíbe la transmisión de propaganda disfrazada de información.
Por esta misma razón, Fundar y otras agrupaciones y 11 ciudadanos impulsan un amparo contra la promoción personalizada de Peña Nieto en el marco de su segundo informe de gobierno. Argumentan que esto es violatorio del artículo 134 de la Constitución, atenta contra el derecho a la información y, además, es “una práctica que vulnera la calidad del debate democrático”, según el documento preparado por los promotores de este recurso legal.
El problema es aún más delicado: esos 9 mil millones de pesos –provenientes de las partidas 36101, 36201 y 33605 del presupuesto federal– no han mejorado la percepción negativa de la población hacia los resultados del gobierno y las reformas aprobadas.
De acuerdo con el sondeo más reciente, publicado el martes 26 por el Pew Research Center, opiniones favorables a la administración de Peña Nieto fueron de 51%, contra 48% desfavorable. El índice de aceptación es seis puntos más bajo que en 2013 y la opinión negativa creció nueve puntos en un año, según el mismo centro.
El nivel de desaprobación es mayor en el terreno económico. El 60% desaprueba el manejo de la economía (14% más que en 2013) y sólo 37% la aprueba (nueve puntos menos que el año pasado). Los indecisos disminuyeron de 8% a 3%.
Entre los cinco problemas más mencionados en ese sondeo, realizado en abril, ninguno de ellos se refiere a los temas de las 11 reformas estructurales promovidas por Peña Nieto: 79% considera el crimen el más importante, 72% la corrupción política, 72% la violencia de los cárteles, 70% la contaminación del agua y 69% la contaminación del aire.
La encuesta del Pew Research Center se difundió justo el día que Peña Nieto realizó su primera visita oficial a California. El 69% de los encuestados se manifestó descontento con las condiciones del país y sólo 30% dijo estar satisfecho. Incluso, casi una tercera parte, 27%, consideró “muy mala” la situación del país. El 51% de los jóvenes de entre 18-29 años consideraban como una oportunidad migrar a Estados Unidos.
El desencanto
La desilusión frente a los resultados de estos dos primeros años se confirma en otras encuestas publicadas entre mayo y agosto de 2014, entre ellas las de Mitofsky, GEA-ISA, Parametría, el Grupo Reforma o Buendía-El Universal. No es la reforma energética ni la de telecomunicaciones las que más mencionan los mexicanos. Es el desempleo, la corrupción y la inseguridad lo que más demandan resolver los encuestados. El desempeño de Peña Nieto es menor a 50% de aprobación en la mayoría de los casos.
Consulta Mitofsky, en su sexta encuesta trimestral –31 de mayo de 2014– reveló que 50% aprueba al actual gobierno, contra 49% que lo desaprueba. Es el índice más bajo en comparación con el mismo periodo de Carlos Salinas (75% de aprobación), Vicente Fox (63%) y Felipe Calderón (61%). Sólo Ernesto Zedillo registró 34% de aprobación como resultado de la aguda crisis económica de 1995, según la medición de Mitofsky.
Al llegar a su sexto trimestre del gobierno de Peña Nieto –el 31 de mayo–, cuatro de cada 10 mexicanos encuestados por esa consultora consideraron que el presidente de la República tiene las riendas del país, “porcentaje ligeramente mejor al de hace tres meses, pero muy inferior a 55% que considera que no tiene las riendas”, apuntó en su análisis Roy Campos, director de Mitofsky.
Las encuestas de Reforma y El Universal han arrojado resultados similares: la calificación del gobierno peñista es menor a 6%. Más de 50% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre la economía; más de 65% cree que con la reforma energética no bajarán los precios de la luz ni de la gasolina (los dos temas que más se promovieron en spots en 2013), y más de 60% tiene percepciones negativas sobre la violencia y el combate a la corrupción.
La Sexta Encuesta Nacional, realizada por GEA-ISA, fue muy reveladora: 65% de los encuestados está a favor de una consulta popular en materia energética, contra 17% que cree que la reforma del Ejecutivo es necesaria; mientras que 50% opinó que se debe modificar la reforma constitucional de diciembre de 2013. Este sondeo se dio a conocer antes que se aprobaran las 21 leyes secundarias.
Sobre el mismo tema energético, 74% de los 800 encuestados por la empresa Parametría opinó que no disminuirá la corrupción en los contratos a compañías privadas derivados de la nueva Ley de Hidrocarburos y 64% opinó que las transnacionales petroleras “sí influirán” en los asuntos políticos del país.
Parametría midió la percepción de los ciudadanos sobre el impacto ambiental de la reforma energética. El 37% cree que “habrá más daños”, frente a 34% que considera que “seguirá igual” y sólo 19% cree que habrá “menos daños”. En otras palabras, 71% tiene una percepción negativa en este tema, especialmente acerca del uso del método del fracking para la extracción del gas shale.
A principios de agosto, Reforma publicó los resultados de su encuesta entre mil 20 mexicanos y documentó que las dos grandes reformas recientes –la de telecomunicaciones y la energética– cuentan con el apoyo de menos de 50%.
El 40% consideró como “mal” y “muy mal” la reforma energética, contra 33-34% que la apoyó como “muy bien” y “bien”. El 66% opinó que será “útil” una consulta popular sobre el tema, porcentaje que coincide con el de Parametría.
El 42% de los encuestados consideró que la reforma de telecomunicaciones “favorece a los actuales monopolios” y 56% de los líderes de opinión, entrevistados por separado, avalaron esta percepción.
El rubro peor evaluado en la gestión de Peña Nieto fue el combate a la corrupción: 84% tiene opiniones desfavorables, seguido por la violencia en el país (68%) y la falta de empleo (62%).
En junio pasado, Buendía-El Universal publicó otro sondeo. Sólo 11% de los consultados destacó como lo mejor de los primeros 18 meses de gobierno las reformas legales. Esta misma encuesta destacó en su encabezado que la aprobación de Peña Nieto “subió de 44 a 48%”, cuando la lectura real del sondeo arroja otro dato: el primer mandatario tenía un índice de reprobación mayor a 50%.
El lunes 25, el mismo periódico publicó otra encuesta, según la cual 49% de los encuestados dijo que el principal problema que debe atender la administración peñista es el empleo; mientras 33% consideró que la seguridad pública es la otra prioridad, y sólo 13% opinó que el principal problema es político.
Casi dos tercios de los encuestados por Buendía & Laredo opinaron que el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de reducir la violencia relacionada con el narcotráfico (62%), contra un tercio (33%) que considera que sí se ha logrado disminuir el nivel de violencia.
En la mayoría de esos casos, se trata de casas encuestadoras “amigables” con Enrique Peña Nieto, que trabajaron en la construcción y medición de su popularidad durante su candidatura presidencial, pero que documentan una caída sostenida de su aceptación como gobernante. Algunas fuentes internas del gobierno federal, consultadas por Proceso, confiaron de manera anónima que los porcentajes son más negativos en las encuestas internas que han realizado Los Pinos y la Secretaría de Gobernación.
Despilfarro en promoción
Ante esta persistente tendencia en las encuestas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró el jueves 28 que Peña Nieto “no trabaja encuestas en mano”. Es “un presidente que no toma decisiones viendo índices de popularidad. Un presidente no hace valoraciones políticas para la toma de decisiones que tienen como efecto la mejoría de las condiciones de las familias mexicanas”, argumentó.
En el primer círculo de Peña Nieto se insiste que esta baja de popularidad es un síntoma de que el primer mandatario está dispuesto a “sacrificar su capital político” con tal de “mover a México” y cumplir con el “ciclo reformador” al que se comprometió desde la firma del Pacto por México.
Así lo expresó Lilly Téllez, la conductora de TV Azteca, una de las participantes en la mesa “Conversaciones a Fondo” del martes 19, bajo el pretexto del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica.
“Usted arriesgó su capital político. ¿De dónde sacó ese valor?”, le preguntó con calculada admiración a Peña Nieto, quien sonrió. Sin embargo, evadió la pregunta, e insistió que él no gobernaba para quedar bien con las encuestas.
En su artículo Un Nuevo México, publicado en el periódico español El País el domingo 24, Peña Nieto insistió en que las reformas impulsadas en tan sólo 20 meses constituyen “un logro histórico”.
La promesa de que disminuirán las tarifas de luz, gas y otros servicios ya no se menciona, como en 2013. En sus entrevistas e intervenciones en medios electrónicos, Peña Nieto insiste ahora en que los efectos se verán “de manera gradual”.
El medio predilecto por Peña Nieto para promover sus reformas ha sido la televisión comercial mexicana, donde apareció tres veces consecutivas en el programa de chismes de la farándula, Hoy, de Canal 2, para presumir reformas que ni los conductores entendían. El duopolio televisivo ha divulgado la versión oficial de los cambios legislativos a través de spots, infomerciales y entrevistas obsecuentes.
En contraste, los noticiarios de Televisa y los de TV Azteca apenas le destinaron poco más de 1% de su tiempo-aire a la discusión en el Congreso sobre las reformas de telecomunicaciones y energéticas durante los periodos extraordinarios de julio y agosto.
Las reformas y la distribución de los recursos para las campañas de publicidad siguen beneficiando ampliamente a las dos televisoras por encima de los otros medios. Ambas concentran 44% de los recursos que ha destinado el gobierno federal a promoverse.
El informe del ejercicio fiscal que la Secretaría de Gobernación presentó ante el Senado de la República sobre la ejecución de programas y las campañas gubernamentales hasta abril de 2014 arroja algunos datos que confirman esta tendencia a favorecer al duopolio. Por ejemplo:
–Sagarpa destinó 46 millones de pesos a Estudios Churubusco Azteca como prestadora de servicios. El mayor monto autorizado y ejercido en ese periodo.
–SHCP pagó 10.6 millones a Televisa, y 6.7 millones a Estudios Azteca, además de 4.8 millones a Estudios Churubusco Azteca.
–Sedena canalizó 15.2 millones de pesos a Televisa y 10.5 millones a TV Azteca, e invirtió 2.6 millones de pesos en Google, mientras a Canal 22 le dio apenas 500 mil pesos.
–Semar entregó 6 millones a Televisa y 4.5 millones a TV Azteca.
–CFE también fue generosa con las televisoras: repartió 11.5 millones a Televisa como empresa “prestadora de servicios” y otros 6 millones a Estudios Azteca.
Por otro lado, en su informe del periodo enero-mayo de 2014 sobre el ejercicio de la partida 3600 (servicios de Comunicación Social y Publicidad), la Secretaría de la Función Pública revela que el gasto más grande en este rubro es de Pronósticos para la Asistencia Pública (460 millones de pesos), seguida del IMSS (160.7 millones), CFE (110 millones), Sedena (64.5 millones), ISSSTE (41.9 millones) y Fonacot (32.8 millones).
Entre estas seis instituciones se ejerce 80% de los mil 162 millones de pesos que se presupuestaron para el ramo 3600. Además de éste, también está el ejercicio del ramo 33605 (partida de Información en Medios Masivos Derivada de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades) y los ramos 36101 y 36201 (gasto en Servicios de Comunicación Social y Publicidad).
La dispersión del gasto en publicidad y promoción del gobierno federal hace más difícil la fiscalización y la rendición de cuentas en este rubro. Justine Dupuy, de Fundar, prevé que de septiembre a diciembre de 2014 se destinará el mayor monto de los casi 5 mil millones de pesos que se gastarán en promoción presidencial.
En las conclusiones de su reporte sobre el ejercicio de la publicidad oficial en 2013, Fundar y Artículo 19 advirtieron:
“Este documento establece la ausencia de cambios sustantivos en el uso de la publicidad oficial por parte del gobierno de Peña Nieto: una transparencia frágil, montos millonarios ejercidos sin reglas claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar, buscan persuadir a los ciudadanos sobre los alcances de las grandes reformas que implementa el gobierno.
“En julio de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial. Sin embargo, es preocupante que no existen señales de cambios sustanciales en su gestión y uso de la publicidad oficial.”
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
