La inclusión de dos transitorios en la Ley General de Deuda Pública, discutida en la Cámara de Diputados durante los debates de la reforma energética, generó una de las polémicas más agrias debido a la pretensión del gobierno federal de absorber una parte de la obligación del pago de pensiones de los trabajadores de Pemex (los pasivos) por un monto de casi 1 billón 700 mil millones de pesos, cifra próxima a 10% del PIB nacional, como admitió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Pero para un grupo de asesores de la bancada del PRD en el Senado, el verdadero problema no está en absorber el pasivo laboral, sino en la pretensión de crear un “dumping fiscal” que afectará las finanzas de Pemex y beneficiará a los contratistas privados por los mecanismos establecidos en el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, aprobado en San Lázaro por 336 votos a favor y 114 en contra.
En el caso de los pasivos laborales, la decisión se incorporó en el transitorio tercero de la Ley General de Deuda Pública el cual propone que el gobierno federal asuma una parte de la obligación del pago de pensiones y se cambia el contrato colectivo para que cada trabajador individualice sus pensiones.
En el transitorio cuarto se establece que el gobierno federal también asume una parte del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) correspondiente a los trabajadores contratados antes del 18 de agosto de 2008, ya que después de esa fecha pasaron al régimen individualizado.
La aprobación de estos dos transitorios provocó que los legisladores del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano bautizaran a este nuevo rescate como Pemexproa, así como un airado contraataque del PRI y del PAN para advertir que no se trataba de una nueva deuda y para negar su impacto negativo en las finanzas públicas.
Videgaray afirmó que “el impacto neto sobre las finanzas públicas nacionales sería positivo” pues “debemos tener en mente que Pemex ya es y seguirá siendo parte del sector público federal.
“Todos los gastos que hace Pemex, incluyendo los de pensiones y jubilaciones, ya son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto trasladar un peso de pago de pensiones de Pemex al gobierno federal no modificaría el gasto público, simplemente sería un cambio en el lugar en que se registra en el presupuesto federal”, argumentó Videgaray en un artículo publicado el pasado 28 de julio en Milenio Diario.
El priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, afirmó esta semana que el escándalo generado por los pasivos laborales es una “trampa mediática” y resultado de “verbalizar mal las cosas, como si fuera una deuda.
“No trasladar esa tercera parte de la deuda, hacerla deuda soberana, es dejarla en la panza de Pemex, que generará dos problemas: que sea más caro financiarla, la cual sería una tontería, y dos, echaría por el suelo la voluntad de un Pemex fuerte”, insistió el principal responsable de la dictaminación de la reforma energética en el Senado.
Ni Videgaray ni los legisladores del PRI han mencionado que las estimaciones del pasivo laboral de Pemex pueden sufrir cambios, al grado de que en lugar de decrecer pueden aumentar, como confirman el informe del auditor externo de la paraestatal y los informes presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Un dato de los informes financieros de Pemex: En 2012 su pasivo laboral era de 731 mil millones de pesos; en 2013 se incrementó a 1 billón 288 mil millones, es decir 76% más con un solo año de diferencia.
El informe del auditor externo señala que este aumento no se debió a la modificación del esquema de beneficios para los trabajadores, sino al cambio de las hipótesis o supuestos de cálculo. Entre esos factores mencionó los siguientes: disminución de la tasa de descuento y rendimiento de los activos del plan de 8.65 a 6.90%; aumento de la tasa de incremento de la gasolina de 4.50 a 7.10%; disminución de la tasa de incremento del costo de la canasta básica.
El análisis del auditor indica también que Pemex no ha sido capaz de generar ahorros ni reservas suficientes pues en 2013 sólo tenía 4 mil 318 millones de pesos, es decir 0.4% del monto equivalente al pasivo. Estos recursos sólo alcanzarían para cubrir 12.4% de las pensiones que deben pagar en un año.
Para la senadora perredista Dolores Padierna el problema no está en absorber el pasivo laboral, sino en modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. En su respuesta al análisis del secretario de Hacienda la legisladora argumentó que “una buena idea para Pemex sería disminuir la carga fiscal futura para la empresa paraestatal”, algo a lo cual se han negado en las discusiones de la reforma energética los legisladores del PAN y del PRI.
Multimillonarios pasivos
Al 31 de diciembre de 2013 los pasivos totales de Pemex ascendieron a 2 billones 233 mil millones de pesos. El 37.7% de esos pasivos corresponde a deuda financiera (841 mil 340 millones de pesos) y 50.1% (1 billón 119 mil 208 millones de pesos) a las obligaciones de pago con los trabajadores.
Según el perfil de vencimiento de los pasivos financieros, Pemex tendría que pagar 7.2% en 2014, 25.9% entre 2015 y 2019 y el restante 66.9% después de 2019. Estas erogaciones representarían 8.3% de los ingresos estimados para 2014 y pudieran ser sostenibles para la paraestatal.
En el caso de los pasivos laborales, el total se calcula para un periodo de 100 años y se utilizan varios supuestos que pueden variar. Según la experiencia de la CFE, pese al cambio de sistemas de jubilaciones y pensiones a un esquema individualizado, el pasivo ha crecido en lugar de disminuir como carga para la empresa.
Al cierre de 2012 había 95 mil 617 pensionados de Pemex, que equivale a 76.3% de la planta laboral en activo, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esa proporción de pensionado por trabajador activo es muy alta, y se prevé que crecerá en los próximos años.
La pensión promedio mensual de Pemex es de 15 mil 700 pesos, de acuerdo con la ASF. Si se multiplica eso por los 95 mil 617 pensionados, el monto llega a 22 mil 517.8 millones de pesos, cifra considerablemente menor que el pago de pensiones en 2012: 31 mil 348.9 millones de pesos.
Fondo petrolero
La bancada del PRD en el Senado se prepara esta semana para dar un debate sobre el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, aprobado en la Cámara de Diputados, pues considera que Pemex tendrá que entregar más recursos, vía fiscal, con menos utilidades, mientras se privilegiará un régimen más benigno para los contratistas privados.
Según el informe oficial de Hacienda, este fondo tendrá dos funciones principales: “Servir como medio de recepción y ejecución de los pagos derivados de los contratos (para los privados) y las asignaciones (para Pemex)”, y “canalizar y administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes del petróleo y de los demás hidrocarburos”.
Según Hacienda, el fondo recibirá los ingresos petroleros y administrará los costos en que se incurra para la exploración y extracción del petróleo; transferirá los recursos a las entidades federativas y al Fondo de Extracción de Hidrocarburos y, si quedan recursos, a los fondos en materia de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética.
También transferirá a la Tesorería de la Federación recursos por un monto equivalente a 4.7% del PIB, nivel que se determinó a partir de los ingresos por derechos petroleros que Pemex destinó al gobierno federal en 2013.
En el foro de análisis realizado el pasado 16 de mayo, el senador perredista Mario Delgado advirtió que este mecanismo –administrado entre Hacienda y el Banco de México– “tiene una contradicción porque no es un fondo de ahorro ni un fondo de estabilización ni una caja, sino todo mezclado.
“Es un fondo de estabilización en el fondo y con muy pocas posibilidades de convertirse en un fondo de ahorro”, advirtió el exsecretario de Finanzas del gobierno capitalino.
Agregó que para funcionar como un fondo real de ahorro tendría que bajar la carga fiscal de Pemex para convertirla en una “empresa productiva”. Sin embargo, si disminuyen esta carga “el gobierno tendrá menos recursos.
“¿Cuál es el incentivo real de este gobierno? Asignar la mayor cantidad de campos petroleros, lo más pronto posible para poder recuperar los ingresos. Esto implica riesgos muy importantes de terminar malbaratando el petróleo (…) Y todo esto por esta visión que tiene el gobierno federal de que el petróleo no es un activo, sino un flujo de efectivo. El petróleo, como activo, es finito, no renovable, y nos pertenece a esta generación y a las siguientes”, argumentó Delgado.
Consultados por Proceso, los asesores jurídicos del PRD en el Senado advirtieron que el principal problema del fondo petrolero será que aumente la carga fiscal para Pemex a cambio de una menor carga fiscal para los privados. “Estaríamos ante la posibilidad de un dumping fiscal contra la principal empresa petrolera del país”, indicaron.
