La iniciativa presidencial para modificar las leyes energéticas es una coladera de petróleo y de dinero. Si se aprueba tal como la mandó Peña Nieto, las empresas podrán negociar cuánto pagan de impuestos y cuánto hidrocarburo le dejan al país. Sólo tienen que convencer a la Secretaría de Hacienda, encabezada por un incondicional del Presidente. Chevron, por ejemplo, supuestamente ya sondeó la posibilidad de hacerse con 85% de la renta petrolera.
MÉXICO, DF (Apro).- Si las leyes secundarias de la reforma energética se aprueban tal como las propuso el Gobierno Federal, llevarán a la firma de "contratos leoninos, hiperfavorables para las compañías" y con grandes desventajas para la nación.
Las razones son la discrecionalidad con que podrá actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el hecho de que la renta petrolera que recibirá el Gobierno no está claramente fijada y la opacidad acerca de los ingresos que obtendrían las empresas privadas gracias a la reforma.
Los nuevos tipos de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos (licencia de producción compartida y de utilidad compartida) que se permitirán en caso de aprobarse la nueva reglamentación también pueden poner de rodillas al país, advierten Fluvio Ruiz, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y su equipo de trabajo.
"Tienen una visión muy chata y no de largo plazo. Ellos (el Gobierno) piensan en el mercado y dicen ‘¿Cómo hago para ser más competitivo que Nigeria, Perú, Indonesia? Pues bajando mis costos y así la inversión vendrá aquí; no se irá a otros países’. Finalmente, la competencia es ver quién se pone de rodillas y se agacha más abajo", reclama Ruiz.
El consejero revela incluso que, ante la falta de precisión en las propuestas, una empresa trasnacional, Chevron, ya sondeó la posibilidad de quedarse con 85% de la renta petrolera. La discrecionalidad en los porcentajes que fijará la Secretaría de Hacienda, según le permite la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH), puede dañar al país: "Pudieron haber establecido varios porcentajes en la ley reglamentaria. No lo hicieron. Pudieron precisar que el Estado no se llevará menos de 50% del volumen o del valor de la producción, pero se negaron. Eso sería un reparto justo en términos de la industria petrolera".
Con estas leyes, añade el consejero de Pemex, "el régimen fiscal tú lo manipulas como quieres, depende del cuate que lo haga, depende de la Secretaría de Hacienda. Si ellos son muy entreguistas van a poner un régimen fiscal muy bajo".
En el medio petrolero "régimen fiscal" se refiere a las prestaciones que recibirá el Estado gracias a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Nada tiene que ver con el régimen tributario, de pago de impuestos. Es decir, el régimen fiscal para los nuevos contratos será el porcentaje de la renta petrolera que obtendrá uno y otro participante.
CONTRATOS OSCUROS
La LIH consta de 70 artículos y seis transitorios. Sólo un especialista puede entenderla y encontrar las disposiciones que representan un riesgo para México.
La ley define los tres tipos de contratos, norma la confección de cada uno y las deducciones que se les permitirá hacer a las empresas privadas.
En las páginas 3 y 4 de la exposición de motivos de la LIH se hace hincapié en que el objetivo de la norma es "asegurar que la nación capture la renta petrolera".
En la página 4 se sostiene: "Los ingresos que el Estado mexicano habrá de recibir como consecuencia de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos constituyen uno de los pilares fundamentales del nuevo paradigma en materia energética. (…) No debe haber espacio para dudas, los ingresos que la nación mexicana reciba por estos conceptos deben contribuir a su desarrollo de largo plazo y consolidarse en importantes palancas para el crecimiento y el bienestar de las familias de México".
Pero la ley está llena de huecos y dudas. La primera: no se fija un porcentaje por el "impuesto a las utilidades", como tampoco se establece cuáles costos de producción podrán deducirse y, recuerda el consejero de Pemex, "lo que no está prohibido en la ley está permitido". Tampoco se puntualizan los porcentajes de la renta petrolera con que se quedará el Estado mexicano y la empresa.
EL PEOR ESQUEMA
Ruiz y su equipo aseveran que el tipo de contrato "licencia" es el "más nocivo". Económicamente, afirman, es igual que una concesión, esquema "prohibido en la Constitución" para el sector petrolero. Sin embargo, con cambiarle el nombre los legisladores sortearon esa proscripción.
Ese contrato es un arreglo entre el Gobierno y un particular para ir a buscar petróleo y sacarlo, detalla Ruiz. "Se firma un contrato de entre 20 y 40 años que incluye una serie de operaciones y un reparto de lo que encuentren; dependiendo de cómo hagas el reparto es la modalidad contractual. Tú vas a buscar petróleo, vas a obtener un producto, y la manera del reparto te indica el nombre del contrato".
La licencia es el contrato más sencillo: una parte de lo que la empresa saque la entrega al Estado como "regalía". "Hay tres tipos de regalías y parten de un porcentaje sobre el volumen de producción, un porcentaje sobre el precio o un porcentaje del valor, que es el resultado de multiplicar tu volumen por el precio".
Aquí en México la regalía va a ser un porcentaje sobre el precio. "Este es el primer pago que recibirá el Gobierno desde la firma misma del contrato. Por ejemplo, si el precio del barril de crudo es de 100 dólares, al Estado se le entregarán 10 dólares; si el precio es de 50 dólares, se le darán 5 dólares por barril".
Luego viene un segundo pago al Estado. Aquí empiezan los problemas y la incertidumbre, sostiene la maestra María Antonieta Pérez Escudero, integrante del equipo de Ruiz: "De lo que se obtuvo tras la venta se le paga una parte al Gobierno, que son los 10 dólares mencionados en el ejemplo. Ahí el país ya se lleva una parte. De lo que queda, el Gobierno le dice a la empresa: ‘Te voy a deducir tus costos. Así, de los ingresos que te quedan te resto tus costos y lo multiplico por una tasa’, por un porcentaje que no sabemos cuál será".
IMPUESTO PETROLERO
En otros países, agrega, a esa fracción se le llama "impuesto petrolero" y aquí se le nombrará "impuesto a las utilidades". Es un gravamen "duro y bueno para el Estado", sostiene, pero el problema es que la ley no fija cuál será el porcentaje que se cobrará. "Eso se va a establecer contrato por contrato y ahí es donde entra de Hacienda, que es la que determina la citada tasa".
La decisión será tan discrecional, apunta, que si el funcionario de Hacienda considera que si en el área donde se hará la exploración hay pocas probabilidades de hallar petróleo "te pone un impuesto muy chiquito y una regalía baja. Si es zona donde hay petróleo probado o puede haber reservas, entonces te van a poner un impuesto y una regalía alta. Pero eso es muy discrecional."Hacienda tiene todo el poder para establecer lo que quiera. La regalía sí está en la ley, pero es una parte muy chiquita de todo el conjunto. Lo que importa es el impuesto a las utilidades", abunda.
La investigadora Pérez Escudero lo resume: "La regalía no es el instrumento más apto para captar la renta petrolera; provee de ingresos al Estado, sí, pero el instrumento más efectivo para captarlos es el impuesto petrolero".
Los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cobran 20% sobre las regalías "pase lo que pase, sea el precio que sea o el volumen que se maneje", contrapone.
El análisis de Fluvio Ruiz va más allá. Aclara que el Estado exentará de ciertos pagos a la empresa exploradora durante los primeros cuatro años de labor, con el fin de que recupere su inversión. "El Estado está dispuesto a sacrificar su parte los primeros años. ¡Esto en ningún país sucede! Es decir que, en cuatro años, la empresa podrá deducir toda su inversión, lo cual significa, concretamente, que durante años el Estado va a tener cero ingreso, con excepción de las regalías".
GAS, SITUACIÓN PEOR
En el caso del gas la situación es peor, porque "no se le cobrarán regalías" cuando el precio sea menor de cinco dólares por BTU (British Thermal Unit, medida conocida mundialmente). "Esto significa que todo el gas se le va a la compañía y el Estado se queda con nada hasta que el inversor amortice".
En la página 10 de la LIH, que corresponde a la exposición de motivos, se justifica la exención al gas: "No se aplica la regalía al gas natural no asociado reconociendo que dichos proyectos, y en particular los de gas de lutitas, son poco rentables a precios menores al mencionado".
A diferencia de lo que hace la OPEP en el cobro fijo de regalías, el Gobierno de México sostiene que "si el nivel (de pago exigido) es alto, puede impedir proyectos de altos costos, el abandono temprano del proyecto y, en algunos casos, distorsionar las decisiones de producción e incluso desalentar la participación en el sector. Por estas razones se propone una regalía moderada".
Según Ruiz, el contrato de licencia significa que todo el producto se lo quedará la compañía. Es lo que el Gobierno llama "transmisión onerosa de la propiedad". Traducido: "Tú paga la regalía, paga tu impuesto y el crudo es tuyo. Todo lo que obtengas. El tema es que la compañía agarra todo el producto: gas, crudo, condensado, todo, y se lo lleva".
En consecuencia, prosigue, aparece otro problema. La compañía que posee todo el producto puede enviarlo a donde quiera para refinarlo o hacer petroquímicos. Entonces el hidrocarburo es de la empresa y no de la nación.
MUY COMPARTIDOS
La regalía opera igual para los otros dos tipos de contratos: de utilidad compartida y de producción compartida.
En el primero, el porcentaje de la renta petrolera se determinará con base en la utilidad. En el segundo, partiendo del volumen o producción. El punto, sostiene Fluvio Ruiz, es que aquí tampoco se fija el porcentaje a repartir.
Explica gráficamente el modo de definir el cobro. De un volumen de producción de 100 barriles, por ejemplo, tendrán que hacerse varios cortes: "Y un pedacito es para la recuperación de costos, como una provisión para pagar de ahí los costos. El Gobierno dice: ‘Esto (una exploración, por ejemplo) costará 40% del total que producirá el pozo. Dime, empresa, cuánto invertiste’. El total debe dar ese 40%, y el Gobierno se lo retribuye a la empresa. Con esto, la compañía ya tiene 40% del total de la renta petrolera. Aquí el problema es que la ley te dice lo que no puedes meter como ‘costos’ pero no te dice lo que sí. "Es una puertota muy peligrosa".
En el resto del ingreso —60% de pura ganancia— "viene el cómo nos repartimos. Puede que se llegue al acuerdo de 50 para la empresa y 50 para el Estado, es decir, 30 y 30 de la ganancia real. Así, la trasnacional se queda en términos reales con 70% de la renta petrolera, y el Estado, con 30%".
