23 mayo 2014 | Yadira Llaven Anzures | La Jornada de Oriente
Desde la Facultad de Economía, académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) declararon que existen las condiciones legales para cancelar definitivamente la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM). Esto fue expuesto durante el “Foro contra la Represión en Puebla”, que se efectuó en el auditorio de la facultad, en el contexto de la Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia. “Criminalización y judicialización de la lucha social”.
En el acto, los investigadores universitarios y líderes de organizaciones sociales presentes demandaron al gobierno estatal la liberación inmediata de los presos ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, recluidos por oponerse a la construcción del gasoducto y el Arco Poniente.
En el foro también participó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla–Morelos–Tlaxcala, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Frente Indígena Campesino de México (Ficam), el Movimiento Alternativa Social (MAS), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre y el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).
La finalidad del encuentro fue unir inquietudes y crear un plan de acción que permita la solidaridad entre las diferentes agrupaciones sociales y campesinas agraviadas por el gobierno del estado, para vincularse al movimiento nacional que se opone a los proyectos extractivistas.
Durante su participación, la investigadora Valentina Campos Cabral, del Instituto de Ciencias y del Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable, informó que existen las condiciones legales para cancelar definitivamente el PIM en Puebla, debido a los cambios abruptos que ha tenido el trazo del gasoducto desde los últimos cuatro años, sin los permisos correspondientes.
La postdoctorante universitaria reprobó que la Semarnat y los gobiernos estatales y municipales de Puebla ocupen una posición de gestores de la Iniciativa Privada para que se liberen las licencias necesarias, a fin de que se construya el gasoducto.
“Lo interesante es que estos permisos no se fueron dando de forma armónica o natural, y quien proponía el proyecto tuvo que cambiar en varios momentos el trazo del gasoducto. Esto tiene implicaciones legales, porque se requiere una serie de permisos por cada modificación, lo cual no se cumplió”, denunció.
Asimismo, recalcó que hay una ilegalidad en los cambios continuos del trazo de la obra. “Lo que se está haciendo no respeta el marco legal, y eso puede generar una suspensión de la construcción del gasoducto”.
En tanto, Samuel Contreras, del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), destacó que no existen las condiciones para la instalación de un gasoducto, no solo por el peligro que representa por su cercanía al cráter del volcán Popocatépetl, sino por el riesgo ambiental para miles de familias que se encuentran asentadas en la región.
De fondo, dijo que el gobierno federal pretende instalar un polo industrial en la zona de alto riesgo eruptivo, con ramales para alimentar diferentes corredores fabriles en las entidades de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el estado de México.
Incluso refirió que este miércoles la CFE anunció a nivel nacional que hay una serie de proyectos para instalar gasoductos a lo largo de la República, pero principalmente en el norte del país, que traerá gas de los Estados Unidos de Norteamérica y que a su paso dejará una severa contaminación en los pueblos de la zona fronteriza.
El gobierno estatal, gestor de la iniciativa privada y la CFE
Campos Cabrales informó que desde el año 2010 a la fecha, cuando se hizo pública la intención del gobierno federal de construir el Proyecto Integral Morelos, cambió un sinfín de veces la traza del gasoducto que alimentará a las dos termoeléctricas en Huexca.
Por mucho tiempo dijo que el PIM fue un tema oculto, hasta que hace cuatro años la Comisión Reguladora de Energía emitió el decreto, donde confirmó que Morelos es una zona geográfica importante para el transporte de gas natural del circuito Morelos, Tlaxcala y estado de México.
La investigadora comentó que inicialmente se pensó que el gasoducto se construiría en el estado de México, pero después se supo que sería en la entidad poblana, por su añeja tradición industrial y por su privilegiada posición geográfica, que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico.
Reveló que en 2010 la empresa TransCanadá, interesada en la obra, pidió a la CFE que se modificara el trazo por estar en una zona densamente poblada, que afecta a 13 millones de habitantes, pero sobre todo por ser una región de gran riqueza histórica, cultural y prehispánica que habría que resguardar.
“Desde entonces la paraestatal, en lugar de corregir los errores, mantuvo con hermetismo el proyecto”, dijo.
En esa misma ocasión, precisó, se dio a conocer que el gasoducto se construiría en dos etapas. La primera concluiría en 2012, y la segunda, en 2015.
Sin embargo, como la Comisión Federal de Electricidad y las empresas españolas Elecnor y Abengoa, ganadoras de la concesión de la obra, no pudieron demostrar los beneficios del proyecto, los campesinos se negaron a rentar o vender sus tierras para el derecho de vía del gasoducto.
Por esta razón, dijo, la paraestatal ha tenido que cambiar la ruta de la infraestructura gasera, que a la fecha se desconoce a precisión.
Los campesinos pagarán el costo social y ambiental
En contraste, Valentina Campos refirió que la CFE y las firmas arguyeron que generarán mil 400 empleos en la construcción del gasoducto, lo cual agregó confirma que habrá más perjudicados que beneficiados con ello.
Ante lo expuesto, la investigadora señaló que finalmente quienes pagan el costo social y ambiental son los campesinos, pues serán despojados no solo de sus tierras, sino también del agua que capta la región volcánica.
La académica informó que actualmente la construcción del gasoducto y las termoeléctricas están paradas de manera provisional, gracias a la protesta social; no obstante, recriminó que esto haya valido el encarcelamiento de tres ambientalistas, a quienes se les fabricaron delitos para su reclusión.
A base de coerción y amedrentamiento, explicó que la CFE y las firmas españolas rompieron el pacto con los pueblos y se comenzó a construir en diferentes etapas el Proyecto Integral Morelos. Primero, la termoeléctrica en Huexca, Morelos, y a la vez el gasoducto en Tlaxco, Tlaxcala.
En ese escenario, reprochó que los gobiernos de los 14 municipios poblanos que se verán afectados por el gasoducto y que hicieron público su rechazo al proyecto hoy den la espalda a sus pueblos y avalen la obra de la paraestatal.
Dijo que lejos de resguardar y representar la voz de sus comunidades, los presidentes municipales son gestores del gobierno y las empresas, que a cambio les ofrece obra pública, como escuelas, caminos y centros de salud, que es una obligación del Estado.
“A nivel estatal, el gobierno también se convierte en gestor de la iniciativa privada, generando un clima de tensión para los opositores al gasoducto, a quienes cuestionan y ponen en duda su honorabilidad y honestidad”, expuso al auditorio, en franca alusión al doctor Ricardo Pérez Avilés.
Incluso, reclamó que el gobierno llegó a criminalizar la resistencia de los pueblos, encarcelando a sus líderes.
“Lo que ha ocurrido en la lucha por la defensa del territorio, es gracias a la organización local y regional, al punto que se ha conformado un frente común contra las autoridades”, destacó la académica.
Finalmente, indicó que por parte de las autoridades está la necesidad de seguir manteniendo el proyecto, legitimarlo y poner en pánico a la población con la detención de Enedina, Juan Carlos y Abraham.
Pero en lugar de intimidar a los opositores, advirtió que los pueblos se organizaron desde el ámbito local hasta el nacional, tejiendo redes con otras agrupaciones de interés mutuo, para buscar por la vía legal la caída del Proyecto Integral Morelos.
Fuente: La Jornada de Oriente
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