21 abril 2014 | Gabriela Hernández | Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- La diputada federal Roxana Luna, del PRD, reveló que la Procuraduría local giró seis nuevas órdenes de aprehensión en contra de activistas, además de que existe una “lista negra” con nombres de 150 personas, quienes corren el riesgo de ser detenidas por oponerse a los megaproyectos que impulsa el gobierno estatal. La legisladora aseguró que en la entidad existe una “ola de violación sistemática” de los derechos humanos y criminalización de los movimientos sociales, lo que ha generado resentimiento social e inconformidad.
“El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos, quienes carecemos de información de los proyectos; solicitamos ser consultados y tomados en cuenta, sin que nuestras tierras y aguas sean expropiadas o contaminadas; sin embargo, la autoridad se empeña en querer callar a los ciudadanos y ordena más detenciones”, acusó.
Dentro del “clima de miedo” que ha generado el gobierno de Rafael Moreno Valle, agregó que se han girado órdenes de aprehensión contra Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia.
Además, destacó que según información que ha confirmado el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, existe la amenaza por la reactivación de 150 órdenes más, según se desprende de la averiguación AP430/2013/DMZS/Atlix.
Esto aparte de las cuatro que ya ejecutó la Procuraduría local en contra de la comisario ejidal Enedina Rosas Vélez; del defensor de derechos humanos, Juan Carlos Flores Solís; del dirigente campesino Abraham Cordero, y del comisariado Avelino Velázquez, activistas que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
En el caso de Cordero, el activista encabeza además la lucha en contra del libramiento Arco Poniente por afectar 244 hectáreas de tierras agrícolas, en donde trabajan 15 mil jornaleros, y quienes producen mil 500 toneladas de legumbres y hortalizas que se venden a la Central de Abasto de la Ciudad de México.
En ese marco, también mencionó las amenazas que recibió el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés, por hombres armados que acudieron a su casa en Atlixco, el viernes 11.
Luna Porquillo dijo que a esta situación se agrega lo ocurrido el jueves 17, cuando el alumno de Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, con quien conduce el programa radiofónico “El campo y la ciudad, diálogo necesario”, también recibió amenazas desde los números telefónicos 2281096875 y 2283665469.
A esto, apuntó, se suman las llamadas amenazantes que sufrió Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero, el miércoles 16 desde el número 5565731338: “Bájale o te va cargar la chingada, conocemos a tu esposa y a tus tres hijos”.
“Es clara la estrategia del gobierno del estado: disolver los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, imponer por la fuerza los proyectos y callar a los intelectuales, generando un clima de miedo en la entidad”, expresó la diputada.
Por su lado, estudiantes de la Facultad de Sociología de la BUAP convocaron este martes 22 a una marcha para exigir al gobierno estatal que detenga la “ola de represión” en contra de los luchadores sociales y las comunidades que se oponen a los llamados “proyectos de muerte”.
Fuente: Proceso
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