MEXICO, D.F. (apro).- El plan está en curso: La reforma energética será aprobada con los votos de PRI y PAN, socios en la conducción de México durante el más reciente cuarto de siglo, y lo revelado por The Wall Street Journal fue una filtración del gobierno sólo para calibrar la reacción opositora y definir la amplitud de la privatización.
11 noviembre 2013 | Álvaro Delgado | Proceso
Con la reactivación de los mecanismos priistas de siempre, el PRI y sus rémoras –Partido Verde y Nueva Alianza– reunirían en el Senado 62 votos y sólo requerirían de 23 de los 38 del PAN para avalar con 86 votos la reforma constitucional que abriría el sector energético al negocio privado nacional y extranjero, lo que no representa mayor problema: La negativa de más de 15 panistas es prácticamente imposible.
Con la reactivación de los mecanismos priistas de siempre, el PRI y sus rémoras –Partido Verde y Nueva Alianza– reunirían en el Senado 62 votos y sólo requerirían de 23 de los 38 del PAN para avalar con 86 votos la reforma constitucional que abriría el sector energético al negocio privado nacional y extranjero, lo que no representa mayor problema: La negativa de más de 15 panistas es prácticamente imposible.
En la Cámara de Diputados tampoco habría dificultad: Se requieren 334 votos para aprobar una reforma constitucional y, aunque PRI-PVEM-Panal juntan 251 –la mayoría absoluta que perdió en 1997–, fácilmente se sumarían al menos 83 de los 114 legisladores del PAN.
Y menos se presentarían complicaciones en los congresos locales para concretar la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que pretenden Enrique Peña Nieto y el PAN, donde esos dos partidos mantienen el predominio en al menos 16 de ellos.
Aritméticamente, pues, el contubernio PRI-PAN –que comenzó en 1988 con Carlos Salinas cuando ambos partidos pactaron repartirse el país– no tendría problemas para materializar la privatización, menos aún con una ficticia rebelión de senadores panistas que, como Javier Corral y Ernesto Ruffo, no tienen mayor influencia en su grupo ni en su partido.
La única incógnita es si esta reforma se aprueba este mes, como está en el plan de Peña y del propio PAN –según las negociaciones clandestinas, parte de las cuales fueron filtradas por funcionarios gubernamentales a The Wall Street Journal y Bloomberg–, y la amplitud de la privatización.
El “nudo” de las negociaciones clandestinas entre funcionarios y allegados a Gustavo Madero –quien buscará reelegirse en la presidencia del PAN– es justamente si la apertura a la inversión privada es ilimitada e indiscriminada, como proponen los panistas, o parcial y con algunos controles, como alega el gobierno de dientes para afuera.
Por eso el gobierno de Peña filtró que la reforma energética contempla conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y de crudo en aguas profundas, un modelo que daría a las empresas una parte del petróleo o gas que se lograra extraer, y no sólo repartiría las ganancias en monetario entre las partes, como es lo que ofreció en su iniciativa.
Según lo publicado por The Wall Street Journal, los contratos de ganancias compartidas, en los que toda la producción va al Estado, se plantearían sólo para campos petroleros de bajo riesgo. Los otros dos en negociaciones se utilizarían para proyectos de mayor riesgo y alcance.
Los expertos consultados por el diario afirman que para las empresas interesadas sería más atractivo tener en su propiedad barriles de petróleo, para tener la libertad de comercializar los barriles por ellas mismas, podrían dirigirlos a los mercados que mejores cotizaciones les ofrecieran y no estarían supeditadas a lo que la administración de Pemex hiciera en lo individual para luego pagarles.
A nadie puede caber duda de que PRI y PAN comparten la idea de entregar el principal recurso estratégico de México, el petróleo, y que la mayoría de la sociedad no apoya este proyecto, aun cuando es previsible que se comiencen a difundir baterías de encuestas mentirosas, como en las elecciones del año pasado.
Lo previsible también es que esta batalla, que es en realidad una disputa por la nación, se dé más allá del ámbito parlamentario y que el único recurso de los opositores a la entrega de los recursos energéticos sea la calle.
Criminalizada la protesta, uniformados casi el total de los medios de comunicación y avaladas las tropas para actuar como se les dé la gana, se perfila un conflicto hondo, pero el asunto es si lo mexicanos permitimos, por ignorancia, complicidad o pereza, que se despoje a la nación de lo que le queda.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
