Estimó que las pruebas a su favor no fueron valoradas por la PGR antes de ejercer acción penal, por lo que se pide reponer el procedimiento penal.
12 noviembre 2013 | Alfredo Méndez | La Jornada en Línea
México, DF. Un tribunal federal ordenó cancelar el auto de formal prisión que enfrentaba Elba Esther Gordillo por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos tras estimar que las pruebas aportadas por los defensores de la ex lideresa sindical no fueron valoradas por la Procuraduría General de la República antes de ejercitar acción penal en su contra.
El cuarto tribunal unitario penal ordenó lo que se denomina en el argot jurídico una reposición del procedimiento penal para el efecto de que un juez federal de primera instancia acepte diversas probanzas, fundamentalmente documentales privadas, mediante a las cuales Gordillo podría demostrar que no incurrió en el delito que le imputan.
El tribunal federal también ordenó que el juzgado debe ordenar la comparecencia de cinco funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que sean interrogados por los abogados de la ex lideresa magisterial.
Este martes el juzgado décimo cuarto de distrito del Reclusorio Sur se dio por notificado del fallo del tribunal unitario, por lo que cuenta con 72 horas para que la SHCP ratifique la querella y los dictámenes que inculpan a la maestra, amén de que se puedan desahogar en esas horas los interrogatorios a los servidores públicos requeridos.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, Gordillo solicitó la comparecencia de Edgar Bonilla del Ángel, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación , así como de dos peritos de Hacienda y otros de la PGR, cuyos nombres no fueron revelados.
Los abogados de Gordillo solicitaron por escrito a las autoridades judiciales que en caso de que los funcionarios requeridos se nieguen a comparecen en este plazo de 72 horas bajo algún pretexto de problemas en su agenda, el juez de la causa penal, Dario Noguera, ordene que las diligencias se efectúen en los domicilios laborales de los servidores públicos. En el transcurso de este martes el juez definirá lo conducente.
De su lado el abogado Marco Antonio del Toro, defensor de Gordillo , acudió al juzgado décimo cuarto del Reclusorio Sur para entregar un dictamen contable en el que según él se acreditará que no existe defraudación fiscal.
De acuerdo con la imputación que le hizo la PGR a la maestra, la presunta defraudación fiscal grave por 2 millones 199 mil pesos corresponde a los ingresos reportados por Gordillo durante el periodo fiscal del año 2008, debido a que fueron contratados con sus gastos de tarjeta de crédito realizados en ese periodo, y las autoridades fiscales presuponieron que hubo ingresos extraordinarios no declarados ante el serviciso de administración tributaria.
Del Toro ha sostenido diversas entrevistas que la imputación es infundada, ya que la SHCP no puede presumir ingresos de los contribuyentes sin que exista una auditoría fiscal, en la que el presunto defraudador del fisco sea escuchado y se le permita ofrecer pruebas que desacrediten la imputación.
La maestra se encuentra detenida en las instalaciones del penal femenil de Tepepan, en un área especial para enfermos, y también enfrenta otros proceso por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero de mil 978 millones de pesos.
Fuente: La Jornada en Línea
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