Adolfo Sánchez Rebolledo | Opinión-La Jornada
A pesar del pacto suscrito por los tres grandes partidos, y no obstante el ruido que rodea las reformas ya aprobadas, es difícil hallar cuál es el hilo conductor que las relaciona como parte de una estrategia coherente, capaz de generar las condiciones que permitan inaugurar un nuevo ciclo de desarrollo social en México.
El catálogo reformista puesto en marcha con más celo que rigor no atiende a una idea articuladora, a un proyecto de país ni tampoco responde a prioridades y necesidades objetivas sostenidas y procesadas por la sociedad en su conjunto, como podría suponerse. Algunos creen que lo esencial son los aspectos “positivos” derivados de la negociación, el acercamiento de posiciones hasta ahora irreductibles, pero las virtudes del pacto se exageran por cuanto hay cuestiones capitales para el futuro de la sociedad que no forman parte del consenso, lo cual, en cierta forma, desnaturaliza su razón de ser.
Nadie cuestiona la urgencia de transformar el marco laboral, educativo o energético, pero es obvio que no cualquier modificación asegura los resultados que la propaganda promete. La anunciada reforma energética, por ejemplo, asegura que no se privatizará la renta petrolera, pero en los planes del gobierno está la modificación de los artículos 27 y 28 que desmiente los verdaderos propósitos de quienes promueven el “rescate” de Pemex. La prueba está en que en lugar de argumentos, se machacan banderas ideológicas, el abc del “sentido común” empresarial de los aspirantes a ricos dispuestos a venderlo todo para gozar el instante de gloria “primermundista” antes de que la fortuna se desvanezca como ocurrió con la riqueza de las minas en la Colonia. La tramitación de la reforma, con su estupidizante cauda publicitaria, ha sido hasta ahora ofensiva para la inteligencia de la ciudadanía mexicana pues no sólo se le priva de informaciones que sí circulan en el exterior sino que se le escamotea el derecho a ser consultada en tiempo y forma en un tema de cuya importancia apenas puede dudarse.
Me parece, en este punto, muy destacable la opinión del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, cuando asienta que “no es recomendable emprender una reforma energética sólo a partir de las iniciativas de cambios constitucionales propuestas, y sin presentar o al menos ofrecer una idea suficientemente clara de los contenidos de la legislación secundaria y de sus implicaciones reglamentarias”.
Y más adelante concluye: “Lo anterior está lejos de tratarse de un prurito de técnica legislativa, pues deja en duda mecanismos concretos tan importantes como aquellos por los que se decidirá la distribución de la renta petrolera entre el Estado y los particulares que podrían acudir a los mecanismos de contratación que eventualmente se adopten, poniendo en juego las valiosas fuentes de ingresos con los que, a causa de nuestra precaria fiscalidad, se siguen financiando tantos programas de desarrollo”.
En mi opinión, ese mecanismo es una trampa para hacer de un cambio constitucional de extraordinaria significación un asunto más en la agenda legislativa, sin poner todas las cartas sobre la mesa. Nadie tiene derecho a suponer que los cambios, por el hecho de ser tramitados legal y democráticamente, serán neutrales o indiferentes para el conjunto de la nación. A querer o no estamos ante la disyuntiva de fijar objetivos claros capaces de articular el cambio en una sociedad plural, lo cual requiere llevar el debate, la crítica, el acuerdo, la visión de mediano y largo plazo a contracorriente de la cortedad de miras, las prisas y los modos de hacer de los políticos, tan atados a la coyuntura cuando no a la defensa de intereses particulares.
Sin duda, México sobrevivirá a la voracidad silvestre de sus oligarcas de bolsillo, pero tendrá que reconstruir el camino. Ya no es posible que en un país marcado por la más extrema desigualdad se piense en los recursos que la naturaleza le ha dado, y la Constitución protege, como materia de “negocios” privados.
Los delirios de grandeza de quienes ven la salvación en la imposible imitación de las potencias no ven otra reforma más justificable que completar la integración sin trabas soberanistas al capitalismo trasnacional.
Claman contra el desperdicio y la corrupción, pero son incapaces de imaginar un mundo más justo y austero, indispuesto contra el individualismo más exacerbado, como decía en un opúsculo olvidado el viejo comunista Berlinguer: “Austeridad es lucha efectiva contra la situación existente, contra la evolución espontánea de las cosas, y al mismo tiempo, premisa, condición material para realizar el cambio. Concebida de esta manera, la austeridad se convierte en una arma de lucha moderna y actualizada tanto contra los defensores de orden económico y social existente como contra los que la consideran como la única situación posible de una sociedad destinada orgánicamente a permanecer atrasada, subdesarrollada y, además, cada vez más desequilibrada, cada vez más cargada de injusticias, de contradicciones, de desigualdades”. El tiempo se agota.
Fuente: La Jornada
Y más adelante concluye: “Lo anterior está lejos de tratarse de un prurito de técnica legislativa, pues deja en duda mecanismos concretos tan importantes como aquellos por los que se decidirá la distribución de la renta petrolera entre el Estado y los particulares que podrían acudir a los mecanismos de contratación que eventualmente se adopten, poniendo en juego las valiosas fuentes de ingresos con los que, a causa de nuestra precaria fiscalidad, se siguen financiando tantos programas de desarrollo”.
En mi opinión, ese mecanismo es una trampa para hacer de un cambio constitucional de extraordinaria significación un asunto más en la agenda legislativa, sin poner todas las cartas sobre la mesa. Nadie tiene derecho a suponer que los cambios, por el hecho de ser tramitados legal y democráticamente, serán neutrales o indiferentes para el conjunto de la nación. A querer o no estamos ante la disyuntiva de fijar objetivos claros capaces de articular el cambio en una sociedad plural, lo cual requiere llevar el debate, la crítica, el acuerdo, la visión de mediano y largo plazo a contracorriente de la cortedad de miras, las prisas y los modos de hacer de los políticos, tan atados a la coyuntura cuando no a la defensa de intereses particulares.
Sin duda, México sobrevivirá a la voracidad silvestre de sus oligarcas de bolsillo, pero tendrá que reconstruir el camino. Ya no es posible que en un país marcado por la más extrema desigualdad se piense en los recursos que la naturaleza le ha dado, y la Constitución protege, como materia de “negocios” privados.
Los delirios de grandeza de quienes ven la salvación en la imposible imitación de las potencias no ven otra reforma más justificable que completar la integración sin trabas soberanistas al capitalismo trasnacional.
Claman contra el desperdicio y la corrupción, pero son incapaces de imaginar un mundo más justo y austero, indispuesto contra el individualismo más exacerbado, como decía en un opúsculo olvidado el viejo comunista Berlinguer: “Austeridad es lucha efectiva contra la situación existente, contra la evolución espontánea de las cosas, y al mismo tiempo, premisa, condición material para realizar el cambio. Concebida de esta manera, la austeridad se convierte en una arma de lucha moderna y actualizada tanto contra los defensores de orden económico y social existente como contra los que la consideran como la única situación posible de una sociedad destinada orgánicamente a permanecer atrasada, subdesarrollada y, además, cada vez más desequilibrada, cada vez más cargada de injusticias, de contradicciones, de desigualdades”. El tiempo se agota.
Fuente: La Jornada
