Jesús Martín del Campo | Opinión-La Jornada
El comportamiento de las autoridades ha convertido el diálogo con los maestros de la CNTE en un círculo vicioso. Con cada reunión en la Secretaría de Gobernación todo vuelve al punto de partida. Los funcionarios en turno les dicen a los maestros que sus derechos laborales no están en peligro con las actuales reformas, pero no se comprometen a nada en concreto y le dan largas al asunto; el secretario de Educación, atrincherado en alguna oficina o de viaje, se la pasa lanzando anatemas contra los maestros; y el magisterio en lucha que mantiene importantes contingentes en el DF, quienes en forma de relevos siguen coordinando las acciones nacionales de resistencia y rechazo a las reformas regresivas.
Por lo aprobado en el Congreso queda claro que la llamada reforma educativa tendrá como resultado la aplicación de normas draconianas contra los maestros, afectando, como se ha denunciado ampliamente, sus derechos laborales básicos. Con las leyes secundarias se afinaron los mecanismos para la aplicación de la evaluación guillotina.
En la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 4, numeral IX, dice que se entiende por “Evaluación del desempeño: A la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente…” Hasta ahora sólo sabemos que la manera como quieren medir resultados es con cuestionarios estandarizados. En los documentos se advierte una noción reduccionista de la evaluación, en lugar de ser vista como un proceso, y se habla, principalmente, de examinar a los docentes y a los alumnos.
Por lo que se refiere a la noción de calidad, aparece de manera muy general y difusa. En el artículo tercero constitucional reformado, en el párrafo segundo de la fracción II dice: “Será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Lo que hasta ahora conocemos es que la medida del logro académico de los alumnos, por presiones de instancias internacionales, las autoridades la llevan a cabo por medio de pruebas como la llamada Enlace y aunque la retiraron es altamente probable que usen otra parecida en lo sucesivo.
Sobre el cese de los maestros, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su artículo noveno transitorio dice: “Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que […] III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.” Con esto queda claro que, para las autoridades, calidad y evaluación se resumen y consuman suspendiendo a los maestros que no respondan satisfactoriamente algunos cuestionarios.
Además, se formará un numeroso ejército de evaluadores que tendrán plaza de base, con cargo, obviamente, al raquítico presupuesto que para educación apruebe el Congreso. Más burocracia para perseguir a los maestros y más gasto para tareas administrativas que para la mejora de las escuelas. Así, la reforma educativa promovida por el gobierno se reduce, parafraseando a Focault, a una operación para vigilar y castigar a los maestros, para evaluarlos con cuestionarios y excluirlos. Se trata de un proceso de control administrativo laboral con carácter regresivo.
Puede anunciarse desde ahora que, si las autoridades no consideran el contexto socioeconómico y cultural en el que llevan a cabo su labor los docentes, y también su opinión en el proceso de evaluación, misma que debe incluirse desde ahora, la reforma fracasará y la resistencia magisterial continuará.
Por otra parte, el modelo de evaluación del desempeño docente plasmado en las leyes aprobadas por el Congreso, revelan falta de información sobre el fracaso de modelos semejantes en muchos países del orbe. También implica que hay un seguimiento ciego a recetas catalogadas como neoliberales, aderezadas en el caso mexicano con la tradición política de implantar una jerga y una moda sexenal. Por eso, en el actual momento cuando las autoridades dicen que con la reforma el Estado recupera la rectoría de la educación y se escuchan las voces de los integrantes de Mexicanos Primero y de los locutores de los noticiarios de TV, uno no tiene sino que confirmar en donde está el bastón de mando ahora.
Aunado a lo anterior, las autoridades retoman ese discurso anticuado y autoritario de que el diálogo con los maestros llegó a su límite, que no se les concede la razón en nada, que ya no se movilicen y lo que sigue es la mano dura. Una especie de tolerancia represiva y de cerrazón.
El gobierno se equivoca en sus cálculos sobre la dimensión de la inconformidad magisterial y sobre la posibilidad de la CNTE de mantener de manera prolongada sus acciones hasta hacerse escuchar. Es pertinente repetir que los maestros en lucha no se niegan a ser evaluados, pero exigen que su experiencia y opiniones se tomen en consideración en un proceso integral que lleve a la mejora de la educación. Y todos nos preguntamos, ¿en donde despacha el secretario de Educación?
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
