Gustavo Leal F* | Opinión-La Jornada
En el contexto de una "universalidad” acotada, donde el Estado –escudándose en un limitadísimo “piso básico” de protección social signado por el secretario Alfonso Navarrete Prida con la OIT– reduce prestaciones (pensión y seguro de desempleo) mientras abandona a su inercia la seguridad social integral, el IMSS-Peña ha decidido finalmente abrir sus servicios médicos, hospitalarios y de riesgos de trabajo al mercado asegurador, tal como lo solicitara la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Desde que Peña designara a la doctora Mercedes Juan como secretaria de Salud, fue claro que optó por el grupo de interés, Funsalud –que presidía Juan antes de su nombramiento–, que más ha promovido la participación del sector privado en la prestación de servicios.
El pasado mayo, clausurando la 23 Convención Nacional de Aseguradores, Fernando Solís Soberón (ex presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro; ahora director general de Banca de Ahorro y Previsión de Banorte y, simultáneamente, presidente de la AMIS), entregó a Peña un listado de 15 escalofriantes propuestas de lucro para la mayor participación del sector asegurador en el área de pensiones y salud.
De ser implementadas, ellas reducirían las tareas del IMSS-Issste casi al mínimo imaginable. El sector asegurador bloquearía su crecimiento al pretender asumir –para su proyecto de lucro– el grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el de tercerización ( outsourcing) que Peña Nieto legalizó con su contrarreforma laboral (noviembre 2012).
Además, esas propuestas quieren compartir la atención médica (o de plano otorgarla), así como involucrarse en las prestaciones en especie y dinero de los seguros de enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo y de invalidez y vida. Buscan, también, constituirse en juez y parte al dictaminar riesgos de trabajo y al expedir certificados de incapacidad. ¿Qué les quedaría a las instituciones? El seguro de guarderías que ya se brinda –por Levy– subrogado.
Su “oportunidad” surgió al amparo de la oferta de campaña de Peña para implantar una seguridad social “universal”, luego ajustada a la baja en la reforma hacendaria 2013. Solís sostiene que “es deseable crear un sistema único de seguridad social”, además de evaluar “la conveniencia de abrir a la competencia la prestación de los seguros y la atención médica en beneficio de los derechohabientes”.
El diagnóstico de Solís y la AMIS asume y desarrolla la propuesta de Funsalud (“Universalidad de los servicios de salud en México. Grupo de trabajo de Funsalud”, Salud Pública de México, Vol.55/2013, Editora invitada: Mercedes Juan López).
Poco después de la elección 2012, en agosto, la primera presentación para conformar un “fondo único” corrió a cargo del ex secretario foxista Julio Frenk, también de Funsalud, quién sostuvo que “podemos empezar por un Seguro Universal de Salud que sea el fondo que conjunte el financiamiento de los distintos seguros públicos, dándoles los espacios a cada institución. No un modelo de fusión de instituciones, pero sí un fondo común con políticas homologadas”.
Por su parte, ya como secretaria de Salud y siguiendo a Frenk, Mercedes Juan manifestó –desde un principio– que para consolidar la universalidad de los servicios tomaría “como referencia el estudio que realizó al frente de Funsalud, planteando un fondo único de impuestos generales”. Para ella, “lo que queremos es que una persona pueda elegir a dónde se quiere atender y, si llegáramos a esto, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y, de esta manera, mejoraría la calidad”. ( Reforma, 16/1/13).
En el mismo sentido se manifestaron el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), firmas como PriceWaterhouseCoopers e interesados como la Cámara de Comercio Británica (Louise Batchelder), al demandar un “sistema único de seguridad social” financiado con un “fondo único federal” y la sana competencia entre prestadores.
Como reconoce el CEEY (quién contó con la voz de Jorge Chávez Presa, ex diputado federal priísta, ex director en Hacienda, actual director en Banorte e integrante del CEESP), la implementación del “fondo único” implica un catálogo de prestaciones restringidas (tecnocráticamente racionadas) y extendibles a toda la red de seguridad social, como las que ya opera el Catálogo Universal de Servicios Esenciales (Causes) y el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC) del Seguro Popular y que también asume la propuesta Funsalud.
Incluso, días antes de la presentación de la reforma hacendaria, la secretaria Mercedes Juan comunicó que ella se basaría en “un fondo único de salud” ( Reforma, 25/7/13).
Mientras con la bandera “universalista”, de acuerdo a la cual la salud “es un derecho humano y no laboral”, Peña Nieto recorta prestaciones, impulsa limitadísimos “pisos básicos” (como la pensión “universal” y el seguro de desempleo), el 12 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo SA1.HCT.260613/181.P.DIR. relativo a la aprobación de las disposiciones de carácter general para la prestación indirecta de servicios médicos y hospitalarios, así como para la reversión parcial de cuotas obrero-patronales, sobre el cual el sindicato del IMSS no se ha pronunciado.
Continuando las “políticas” del PRI-Zedillo y el PAN-Fox-Calderón, Peña Nieto ha optado por abandonar a su suerte una de las más vastas redes de seguridad social integral de América Latina: la del IMSS-Issste, mientras entrega sus bolsas a proyectos de lucro (como el de AMIS-Banorte-Funsalud) y se contenta con ofrecer a los jóvenes víctimas de sus reformas antilaborales derechos “universales” de paquetes básicos ultramínimos.
