Lo mismo está al servicio de la PGR en México que a las órdenes de la DEA en Estados Unidos. Sus dichos han llevado a la cárcel durante meses o años a varios policías o militares que le incomodaban al sistema; tras largos juicios, algunos de ellos recuperaron finalmente la libertad cuando se descubrió que los testimonios en su contra eran falsos. Se trata de Roberto López Nájera, conocido como el testigo protegido Jennifer, un hombre con el aparente don de la ubicuidad que de acuerdo con sus testimonios lo ve todo y lo escucha todo. Este presunto abogado oriundo de Acapulco, encontró una manera de vivir con todos los gastos pagados a costa de los erarios de México y de Estados Unidos.
A sus 34 años, Roberto López Nájera es experto en juegos de intriga. Logró convertirse en el testigo colaborador estrella de la Procuraduría General de la República (PGR) y al mismo tiempo en informante confidencial de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Con ese perfil, durante los últimos cinco años López Nájera ha sido usado por la PGR y la DEA para crear casos criminales que al final tienen poco éxito o son un desastre. Y goza de inmunidad en ambos lados de la frontera
Con el nombre clave de "Jennifer", en 2008 López Nájera fue pieza clave en la Operación Limpieza del sexenio de Felipe Calderón. En 2012 fue usado para armar el expediente contra cuatro generales.
La lista de víctimas de López Nájera en México incluye al ex comisionado de la Policía Federal (PF) Javier Herrera Valles, quien documentó las irregularidades de la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública; Noé Ramírez Mandujano, el subprocurador que junto con su equipo investigaba a ex militares que trabajaban para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y presuntamente estaban al servicio del Cártel de Sinaloa, y al general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa.
Todos ellos fueron absueltos al demostrarse su inocencia luego de estar presos años o meses por los falsos testimonios de "Jennifer".
Pero eso a López Nájera no le preocupa. Además de impunidad "Jennifer" ha recibido un pago mensual de la PGR, que costea la renta del lugar donde vive y el salario de sus escoltas. Y para su buena suerte también está en la nómina de testigos de la DEA, con la que participa en operaciones encubiertas.
Según los expedientes de la PGR, desde 2008 López Nájera se halla en Estados Unidos. Fuentes consultadas por este semanario apuntan a que está en Miami bajo protección de la DEA. En México, mientras tanto, la PGR dice haber iniciado una investigación sobre sus falsos testimonios.
DE ACAPULCO A MIAMI
De acuerdo con los archivos del periódico El Sur, de Acapulco, el 3 de junio de 2005 el abogado López Nájera —que entonces trabajaba para el despacho López Pineda y Asociados— dijo que había sido amenazado de muerte luego de presentar en mayo de ese mismo año una queja administrativa ante la Secretaría General de gobierno de Guerrero contra la notaria pública Bella Hernández.
"López Nájera informó que ya presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de Costa Azul, por amenazas contra quien resulte responsable y exige que se dé seguimiento, porque, si le llegara a pasar algo, una de las líneas de investigación debe enfilar hacia Bella Hernández", quedó registrado en El Sur.
Varios años después López Nájera declaró ante la PGR que desde 2004 ya operaba para el Cártel de Sinaloa, específicamente para Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", y para Arturo Beltrán Leyva.
Fuera de la discreción y bajo perfil que habitualmente caracteriza a los narcotraficantes, López Nájera denunció en la conferencia que días atrás había sido "interceptado por dos hombres que (...) primero le preguntaron si era Roberto López y lo amenazaron: ‘O le bajas en el asunto de Bella Hernández o te vamos a meter un balazo a ti y tu familia’".
El 4 de mayo de 2005 López Nájera había convocado a otra conferencia que jaló los reflectores de los medios locales. En ella anunció que había presentado una queja administrativa ante el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, para pedir la revocación de la patente de la notaría de Bella Hernández, porque supuestamente había violado el Código Civil al avalar un testamento entre sacerdotes.
Atendiendo la queja de quien después confesó que ya estaba al servicio del Cártel de Sinaloa, el gobierno de Guerrero resolvió que efectivamente Bella Hernández había violado la Ley Notarial y el 27 de enero de 2006 resolvió sancionarla administrativamente, separándola de su puesto.
Dos años después, luego de un juicio, Hernández recuperó su notaría.
A LA PGR
En 2007 a López Nájera se le ocurrió hacer contacto con la DEA. Se decía abogado y operador de "La Barbie" y de Arturo Beltrán Leyva.
En septiembre de ese año la PGR supo de la existencia de López Nájera por un agente del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) adscrito a la DEA en la embajada estadounidense. Éste notificó a funcionarios de la SIEDO, entonces encabezada por Ramírez Mandujano, que su "informante" le dijo que había funcionarios de la PGR, ex integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), que trabajaban para los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
El agente del FBI dijo que si le enviaban fotografías, el informante se ofrecía a reconocer a los ex militares. Se las enviaron y dijo reconocer a Fernando Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como quienes vendían información a la organización criminal.
Casi un año después, el 28 de julio de 2008 —según un documento que Proceso pudo consultar—, López Nájera solicitó a la PGR su ingreso al programa de testigos protegidos. En sus datos generales dijo ser originario de Acapulco, haber nacido el 8 de noviembre de 1978, ser católico, soltero y con estudios de maestría. Y confesó ser un criminal.
Inmediatamente se le asignó el nombre clave de "Jennifer". Los testigos de asistencia que presenciaron ese momento —según las firmas plasmadas en el documento al que tuvo acceso este semanario— fueron Marisela Morales, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, y Cuitláhuac Salinas, quien tenía menos de un mes de haber ingresado a la PGR.
Pese a que en septiembre de 2007 ya era informante de la DEA, siguió operando en la organización de los Beltrán Leyva y fue cuando estableció contacto con los ex gafes de la PGR, según se desprende de los hechos y fechas señaladas por el propio "Jennifer" en sus declaraciones ministeriales.
Fue justamente después de su contacto con la DEA —entre septiembre de 2007 y principios de 2008— cuando supuestamente se dieron presuntos pagos de sobornos de López Nájera a los ex gafes Rivera, García y Cilia, y a José Alberto Pérez Guerrero, ex funcionario de la Agencia Federal de Investigación que trabajaba en la embajada de Estados Unidos en México.
Pareciera que López Nájera fue la carnada para evidenciar la corrupción de los ex militares y de Pérez Guerrero. Él informó a la DEA de sus reuniones con éste, a quien en julio de 20008 Washington le tendió una trampa. Lo hizo ir a Estados Unidos con el pretexto de un supuesto curso y ahí lo detuvo. Pérez Guerrero confesó haber pactado con López Nájera darle información a cambio de un pago mensual y luego se hizo testigo colaborador de la PGR.
Rivera, García y Cilia también se confesaron culpables y se acogieron al mismo programa de testigos colaboradores para no caer en prisión. Como desde 2007 estaban siendo investigados por Ramírez Mandujano, declararon contra él y el equipo que los investigaba: Miguel Colorado, Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles y Francisco Javier Jiménez Sánchez.
Los tres primeros fueron detenidos en noviembre de 2008. Mejía Robles salió libre en diciembre de 2012. Ramírez Mandujano fue puesto en libertad el mes pasado. Se cree que la liberación de Zavala se efectuará en unas semanas y que Colorado también quedará absuelto. Jiménez Sánchez ha estado prófugo cinco años.
MAL MENTIROSO
De la versión de sus primeras declaraciones "Jennifer" fue modificando sus historias según le conviniera a la PGR para sostener los expedientes. Al final cada declaración terminó siendo muy distinta; añadió personajes y escenas que no correspondían a lo narrado en un inicio. Y la PGR lo siguió manteniendo a costa del erario.
Por ejemplo en octubre de 2010, cuando Herrera Valles llevaba dos años encarcelado y había ganado un amparo con el que iba a obtener la libertad, la PGR usó a "Jennifer" para inventar un testimonio más, acusándolo de haber ayudado a los Beltrán Leyva en el tráfico de drogas en el aeropuerto de Cancún.
Dos años antes López Nájera había explicado detalladamente la supuesta operación en ese aeropuerto sin mencionar a Herrera Valles. Gracias a esa imputación el tortuoso proceso contra el excomisionado se alargó más.
Tras una revisión de las decenas de declaraciones ministeriales hechas y firmadas por "Jennifer", el testigo protegido fue cambiando sus propias declaraciones, añadiendo fechas y nombres, presuntamente a petición de funcionarios de la Siedo.
Durante los más de cuatro años de proceso judicial contra Ramírez Mandujano, "Jennifer" evidenció su personalidad. Estuvo presente a través de teleconferencias en cuatro diligencias y un largo careo con el ex titular de la Siedo, a quien falsamente acusó de haber recibido sobornos de 450 mil dólares mensuales para dar a los Beltrán Leyva información sobre los operativos en su contra.
A las diligencias se presentaba vestido como si fuera a la playa. Huésped de los consulados de México en Estados Unidos, desde donde declaraba, comía y bebía durante las audiencias. A cada momento caía en contradicciones y mentiras pese a que intentaba prepararse leyendo notas de Internet.
"Jennifer" tuteaba a Ramírez Mandujano, a quien nunca antes había visto, para hacerle creer al juez que se conocían. Cantinfleaba para evadir las respuestas. Una de las escenas más absurdas ocurrió el 9 de mayo de 2011 en la diligencia de careos procesales por videoconferencia entre Ramírez Mandujano y el testigo colaborador.
En esa oportunidad "Jennifer" incurrió en contradicciones frente al ex zar antidrogas y evidenció su absoluto desconocimiento de los hechos que supuestamente denunciaba, cuando en un momento se refirió a "La Borrega" como si fuera el apodo de una persona y no como el paraje de Durango donde se cometió un cuádruple homicidio.
"Le pido que me explique qué intervención tiene o tuvo en la investigación la persona a la que él se refiere como "La Borrega", preguntó Ramírez Mandujano.
"Jennifer" cayó: "Hablas de La Borrega de nueva cuenta. No creo que quieras que te explique cuál es el rol que jugó en esa investigación; es decir, cómo pretendes que yo te explique lo que tú planeaste y no nos dijiste…".
Fuente: Proceso
19 mayo 2013 | Anabel Hernández | ProcesoFuente: Proceso
Testigos caros y a conveniencia de la PGR
De 1997 –a partir del “maxiproceso” contra Amado Carrillo Fuentes y sus cómplices del Cártel de Juárez– a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 181 millones 584 mil 677 pesos en la protección y manutención de criminales vinculados con el narcotráfico y que se han acogido al programa de testigos colaboradores a cambio de no pisar la cárcel o de penas sustantivamente menores.
Según una investigación de este semanario, complementada con información divulgada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) el domingo 12 de mayo , de 1997 a 2012 la cantidad de recursos públicos destinada a los testigos colaboradores creció más de 20 veces. En ese mismo tiempo el número de testigos colaboradores sólo aumentó 3.4 veces.
La disparidad entre una cifra y otra refleja el derroche de recursos públicos en un programa que en los últimos seis años ha sido controvertido, pues la PGR no corroboró los dichos de los testigos y les dio a sus declaraciones un trato diferenciado. En unos casos ignoró por completo las acusaciones hechas por ellos y en otros casos los orilló a inventar cargos.
De acuerdo con la información obtenida, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, la PGR tuvo un mayor número de testigos colaboradores que en los últimos tres años del gobierno de Ernesto Zedillo. Y gastó mucho más dinero público en ello. En 1999 en promedio cada testigo colaborador costaba al erario 53 mil 52 pesos anuales. En 2012 ese promedio fue de 341 mil 63 pesos.
Fue Marisela Morales –primero como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y luego como procuradora general– la que acumuló más testigos, más caros y con los peores resultados. Hoy ya es, por gracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, cónsul de México en Milán, Italia. l
Nómina creciente
Fuente: Investigación realizada por Proceso, complementada con la proporcionada por el IFAI.
Nota: No se puede sumar el número de testigos protegidos de cada año para obtener un gran total, pues esos colaboradores pueden ser o no los mismos de un año a otro, debido a que algunos se dan de baja, otros permanecen y llegan algunos nuevos.
Fuente: Proceso
El 5 de septiembre de 2008, Luis Hernández Gálvez se presentó en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR para denunciar el secuestro de su padre, Luis Hernández Gutiérrez (75 años), el 4 de septiembre de 2008.
A los pocos días, el 12 de septiembre, la familia pagó 293 mil pesos de los 3 millones de rescate que sus captores exigían. Pese al pago, los secuestradores siguieron exigiendo los 3 millones de pesos.
El 20 de septiembre, en un descuido de sus captores, el secuestrado logró escapar y solicitó el apoyo de policías de Tepotzotlán, Estado de México. Los agentes fueron a la casa de seguridad donde Hernández había permanecido y aprehendieron a José Salvador Puga Quintanilla, quien entonces usaba el apodo de El Gordo, y a Javier Eduardo Barrón El Arqui. La víctima los reconoció plenamente como sus plagiarios.
En el operativo fueron aseguradas dos pistolas y 464 gramos de goma de opio. Y el 21 de septiembre de 2008, la averiguación previa Tol/SPILDO/085/2008, abierta por el delito de secuestro, fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros de la SIEDO. El Gordo y El Arqui fueron puestos a disposición de esta subprocuraduría, entonces encabezada por Marisela Morales, y quedaron retenidos en un centro de arraigo.
Puga Quintanilla ya tenía un largo historial criminal. Existía la averiguación previa abierta en Tamaulipas AP/PGR/TAMPAS/CV-VFFAFE/2402/2007 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que El Gordo aparece como inculpado.
Teniéndolo a la mano, la PGR lo usó para incriminar a Javier Herrera Valles, coordinador regional de la Policía Federal (PF), quien llevaba todo el año de 2008 documentando y denunciando las irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyo titular era Genaro García Luna.
El 29 de octubre de 2008, Puga Quintanilla se presentó a declarar ante la SIEDO y señaló que había trabajado durante cuatro años para el Cártel del Golfo, que le constaban diferentes hechos delictivos de esta organización, que su deseo era declarar todo lo que conocía y colaborar con la PGR, siempre que se le integrara al sistema de testigos protegidos.
Ese mismo día la PGR formuló el acuerdo de derechos de testigo colaborador y El Gordo fue bautizado con la clave Pitufo; se le otorgaron entonces los beneficios del artículo 35 fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Legalmente, Puga Quintanilla ni siquiera podía acogerse al programa de testigos colaboradores porque la ley marca que este beneficio no puede concederse a la persona que tenga abierta una averiguación previa en su contra. Pitufo tenía dos.
Ese mismo 29 de octubre, Puga Quintanilla comenzó a contar sus historias. Declaró falsamente contra Arturo Herrera Valles, hermano del coordinador Javier, lo que provocó su inmediata aprehensión.
Como si fuera un pago por sus declaraciones, el 30 de octubre de 2008 Pitufo fue liberado del arraigo.
La suerte de su cómplice, El Arqui, fue muy distinta. El 31 de octubre se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.
Caso fabricado
El caso contra Javier Herrera Valles se fue gestando dentro de la SIEDO. El 21 de octubre de 2008, Víctor Hugo Martínez Rocha, un presunto falsificador de credenciales de la Policía Federal, declaró ante el Ministerio Público que supuestamente Marco Tamil Martínez Méndez, alias Román o El Patrón, le había pedido, por órdenes de Javier Herrera Valles, que reclutara gente para una unidad antisecuestro que trabajaría en la PF.
La imputación de Martínez Rocha era fácilmente refutable. Así que la PGR recurrió al Pitufo. El 13 de noviembre de 2008 éste cumplió su papel y declaró falsamente en contra de Javier Herrera Valles. Dijo que apoyaba las actividades delictivas del Cártel del Golfo. Ese mismo mes, Javier Herrera Valles fue detenido.
Este semanario tuvo acceso a personas que convivieron con Puga Quintanilla durante el sexenio pasado. Afirman que la PGR, además de una compensación mensual, le pagaba una residencia en la colonia Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, y que eran frecuentes los escándalos que el Pitufo protagonizaba en esa colonia de clase media alta: le pegaba a su esposa.
Pitufo andaba armado, según fuentes vinculadas con el caso, y supuestamente presumió que Julio Patesi, entonces fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO, le había ofrecido 17 mil pesos para que en sus declaraciones contra Javier Herrera Valles se dijera “testigo presencial”, en vez de “testigo de oídas”.
Cuando en 2010 Javier Herrera Valles tuvo la posibilidad de ganar un amparo y obtener su libertad al desvirtuar las declaraciones del falsificador Víctor Hugo Martínez y del Pitufo, la PGR presentó, de entre su colección de testigos colaboradores a modo, a Jennifer, para que declarara en su contra.
En diciembre de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic condenó a Herrera Valles a 10 años de prisión. Él continuó con su defensa hasta que, en septiembre de 2012, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit, Fernando Omar Garrido Espinosa, echó abajo esa condena y juzgó infundadas las acusaciones, por lo que ordenó la inmediata libertad de Herrera Valles. Su hermano Arturo ya había sido absuelto meses antes.
Desde que fue puesto en libertad, Javier Herrera Valles propuso a la Cámara de Diputados, a la PGR y al Poder Judicial de la Federación crear una comisión de la verdad para conocer a fondo el mal manejo de los testigos colaboradores en el sexenio de Felipe Calderón.
Fuente: Proceso
Según una investigación de este semanario, complementada con información divulgada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) el domingo 12 de mayo , de 1997 a 2012 la cantidad de recursos públicos destinada a los testigos colaboradores creció más de 20 veces. En ese mismo tiempo el número de testigos colaboradores sólo aumentó 3.4 veces.
La disparidad entre una cifra y otra refleja el derroche de recursos públicos en un programa que en los últimos seis años ha sido controvertido, pues la PGR no corroboró los dichos de los testigos y les dio a sus declaraciones un trato diferenciado. En unos casos ignoró por completo las acusaciones hechas por ellos y en otros casos los orilló a inventar cargos.
De acuerdo con la información obtenida, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, la PGR tuvo un mayor número de testigos colaboradores que en los últimos tres años del gobierno de Ernesto Zedillo. Y gastó mucho más dinero público en ello. En 1999 en promedio cada testigo colaborador costaba al erario 53 mil 52 pesos anuales. En 2012 ese promedio fue de 341 mil 63 pesos.
Fue Marisela Morales –primero como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y luego como procuradora general– la que acumuló más testigos, más caros y con los peores resultados. Hoy ya es, por gracia del gobierno de Enrique Peña Nieto, cónsul de México en Milán, Italia. l
Nómina creciente
Nota: No se puede sumar el número de testigos protegidos de cada año para obtener un gran total, pues esos colaboradores pueden ser o no los mismos de un año a otro, debido a que algunos se dan de baja, otros permanecen y llegan algunos nuevos.
Fuente: Proceso
El Pitufo, otro soplón a sueldo
Anabel Hernández Proceso
Salvador Puga Quintanilla era un criminal menor de Tamaulipas cuando, luego de un pleito con El Rojo, un narcotraficante del Cártel del Golfo, que supuestamente era su mentor, salió huyendo del estado buscando nuevos nichos para sus actividades criminales.El 5 de septiembre de 2008, Luis Hernández Gálvez se presentó en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR para denunciar el secuestro de su padre, Luis Hernández Gutiérrez (75 años), el 4 de septiembre de 2008.
A los pocos días, el 12 de septiembre, la familia pagó 293 mil pesos de los 3 millones de rescate que sus captores exigían. Pese al pago, los secuestradores siguieron exigiendo los 3 millones de pesos.
El 20 de septiembre, en un descuido de sus captores, el secuestrado logró escapar y solicitó el apoyo de policías de Tepotzotlán, Estado de México. Los agentes fueron a la casa de seguridad donde Hernández había permanecido y aprehendieron a José Salvador Puga Quintanilla, quien entonces usaba el apodo de El Gordo, y a Javier Eduardo Barrón El Arqui. La víctima los reconoció plenamente como sus plagiarios.
En el operativo fueron aseguradas dos pistolas y 464 gramos de goma de opio. Y el 21 de septiembre de 2008, la averiguación previa Tol/SPILDO/085/2008, abierta por el delito de secuestro, fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros de la SIEDO. El Gordo y El Arqui fueron puestos a disposición de esta subprocuraduría, entonces encabezada por Marisela Morales, y quedaron retenidos en un centro de arraigo.
Puga Quintanilla ya tenía un largo historial criminal. Existía la averiguación previa abierta en Tamaulipas AP/PGR/TAMPAS/CV-VFFAFE/2402/2007 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que El Gordo aparece como inculpado.
Teniéndolo a la mano, la PGR lo usó para incriminar a Javier Herrera Valles, coordinador regional de la Policía Federal (PF), quien llevaba todo el año de 2008 documentando y denunciando las irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyo titular era Genaro García Luna.
El 29 de octubre de 2008, Puga Quintanilla se presentó a declarar ante la SIEDO y señaló que había trabajado durante cuatro años para el Cártel del Golfo, que le constaban diferentes hechos delictivos de esta organización, que su deseo era declarar todo lo que conocía y colaborar con la PGR, siempre que se le integrara al sistema de testigos protegidos.
Ese mismo día la PGR formuló el acuerdo de derechos de testigo colaborador y El Gordo fue bautizado con la clave Pitufo; se le otorgaron entonces los beneficios del artículo 35 fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Legalmente, Puga Quintanilla ni siquiera podía acogerse al programa de testigos colaboradores porque la ley marca que este beneficio no puede concederse a la persona que tenga abierta una averiguación previa en su contra. Pitufo tenía dos.
Ese mismo 29 de octubre, Puga Quintanilla comenzó a contar sus historias. Declaró falsamente contra Arturo Herrera Valles, hermano del coordinador Javier, lo que provocó su inmediata aprehensión.
Como si fuera un pago por sus declaraciones, el 30 de octubre de 2008 Pitufo fue liberado del arraigo.
La suerte de su cómplice, El Arqui, fue muy distinta. El 31 de octubre se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.
Caso fabricado
El caso contra Javier Herrera Valles se fue gestando dentro de la SIEDO. El 21 de octubre de 2008, Víctor Hugo Martínez Rocha, un presunto falsificador de credenciales de la Policía Federal, declaró ante el Ministerio Público que supuestamente Marco Tamil Martínez Méndez, alias Román o El Patrón, le había pedido, por órdenes de Javier Herrera Valles, que reclutara gente para una unidad antisecuestro que trabajaría en la PF.
La imputación de Martínez Rocha era fácilmente refutable. Así que la PGR recurrió al Pitufo. El 13 de noviembre de 2008 éste cumplió su papel y declaró falsamente en contra de Javier Herrera Valles. Dijo que apoyaba las actividades delictivas del Cártel del Golfo. Ese mismo mes, Javier Herrera Valles fue detenido.
Este semanario tuvo acceso a personas que convivieron con Puga Quintanilla durante el sexenio pasado. Afirman que la PGR, además de una compensación mensual, le pagaba una residencia en la colonia Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, y que eran frecuentes los escándalos que el Pitufo protagonizaba en esa colonia de clase media alta: le pegaba a su esposa.
Pitufo andaba armado, según fuentes vinculadas con el caso, y supuestamente presumió que Julio Patesi, entonces fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO, le había ofrecido 17 mil pesos para que en sus declaraciones contra Javier Herrera Valles se dijera “testigo presencial”, en vez de “testigo de oídas”.
Cuando en 2010 Javier Herrera Valles tuvo la posibilidad de ganar un amparo y obtener su libertad al desvirtuar las declaraciones del falsificador Víctor Hugo Martínez y del Pitufo, la PGR presentó, de entre su colección de testigos colaboradores a modo, a Jennifer, para que declarara en su contra.
En diciembre de 2011, el Juzgado Segundo de Distrito en Tepic condenó a Herrera Valles a 10 años de prisión. Él continuó con su defensa hasta que, en septiembre de 2012, el magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal de Nayarit, Fernando Omar Garrido Espinosa, echó abajo esa condena y juzgó infundadas las acusaciones, por lo que ordenó la inmediata libertad de Herrera Valles. Su hermano Arturo ya había sido absuelto meses antes.
Desde que fue puesto en libertad, Javier Herrera Valles propuso a la Cámara de Diputados, a la PGR y al Poder Judicial de la Federación crear una comisión de la verdad para conocer a fondo el mal manejo de los testigos colaboradores en el sexenio de Felipe Calderón.
Fuente: Proceso
