TV Azteca, lavadero de imágenes de políticos y gobiernos
Las multas que por más de 100 millones de pesos le impuso la Comisión Federal de Competencia a Televisa no ponen en jaque la sociedad que Emilio Azcárraga estableció con Ricardo Salinas en Iusacell, aun cuando el órgano antimonopolio advierte que castigará la violación reiterada a las normas y leyes que buscan evitar la concentración en el ámbito de las telecomunicaciones. Al final de cuentas, la penalización económica en contra del consorcio puede atascarse en el limbo de las apelaciones judiciales.
Por primera vez desde que inició su proceso de expansión hacia el triple play y de concentración del mercado de la televisión restringida, Grupo Televisa fue objeto de dos multas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), que suman 107.6 millones de pesos, por dos casos diferentes –Televisión Internacional (TVI) y Cablemás– pero en circunstancias similares: la violación a una condición impuesta por el organismo antimonopolio que le prohibió a altos ejecutivos de Televisa formar parte del Consejo de Administración de GSF, consorcio que controla las empresas Total Play y Iusacell, ambas de Ricardo Salinas Pliego.
Las dos multas, que aún pueden ser litigadas por Grupo Televisa en tribunales o acogerse al recurso de reconsideración (caso Cablemás), no afectarán el proyecto más ambicioso de Emilio Azcárraga Jean: su sociedad al 50% con Salinas Pliego en Iusacell, pero podría desembocar en un proceso de desinversión o ruptura con TVI o con Cablemás, según distintos observadores consultados.
En menos de una semana, el pleno de los cinco comisionados de la CFC decidió imponerle a Grupo Televisa la más alta sanción para estos casos: 53.8 millones de pesos por el caso de Televisión Internacional (TVI), donde es socio de Francisco González, dueño de Grupo Multimedios Estrella de Oro y de los periódicos Milenio y el canal Milenio TV, y otra multa por 53.8 millones por el caso de Cablemás, la segunda cablera más grande del país, donde Televisa mantiene el control mayoritario desde que se asoció con la familia Álvarez Guerrero.
En el primer caso, el de TVI, el pleno del organismo regulador ratificó la multa que estableció en octubre del año pasado. Grupo Televisa pidió reconsiderar esta decisión, pero perdió. Aún falta saber si la televisora se amparará ante los tribunales ordinarios. Fuentes internas de la empresa indican que “seguramente” irá por esta vía.
En el segundo caso, el de Cablemás, la CFC resolvió la multa el miércoles 9. Grupo Televisa puede interponer el recurso de revisión en los próximos 30 días naturales. La multa equivale al monto máximo estipulado por la Ley Federal de Competencia Económica, anterior a las reformas de mayo de 2011.
En ambos casos, los integrantes de la CFC argumentaron que en abril de 2011 dos consejeros de Grupo Televisa (Emilio Azcárraga Jean, presidente, Alfonso De Angoitia, vicepresidente) y otro funcionario más se integraron al Consejo de Administración de GSF Telecom Holdings, propietaria de la empresa de televisión restringida Total Play, que también pertenece a Ricardo Salinas Pliego.
“Con ello, Televisa incumplió la condición de que en su consejo de administración no participaran consejeros de otras empresas de televisión restringida o de alguna de sus subsidiarias, impuestas por la CFC con el objetivo de evitar que se inhibieran los incentivos de estas empresas de televisión restringida para entrar a los mercados regionales en los que tienen presencia las filiales de Televisa (Cablevisión y Sky) o Cablemás”, señala el comunicado del organismo.
El incumplimiento por parte de TVI y Cablemás, ambas empresas relacionadas con Televisa, se acreditó como resultado de un proceso de verificación iniciado por la CFC en diciembre de 2011, “que se interrumpió temporalmente a causa de diversas suspensiones judiciales obtenidas por Televisa y algunas de sus subsidiarias”.
Multa o descentralización
Durante la discusión, dos de los cinco integrantes del pleno de la CFC, Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Bernés, consideraron que no bastaba con la multa sino que procedía ordenar “la desconcentración” de Televisa en Cablemás y en TVI; es decir, que desinvirtiera en ambas empresas, las cuales suman más de 2.7 millones de suscriptores de televisión por cable.
Desde 2007, la adquisición de las dos compañías le permitió al consorcio de Azcárraga Jean tener el control de 65% de los abonados a sistemas de televisión restringida, según los datos de la propia CFC. TVI cuenta con 738 mil suscriptores y Cablemás, la segunda más grande después de Cablevisión, tiene 1 millón 938 mil usuarios.
Al mismo tiempo, la sociedad en estas empresas, que eran rivales de Cablevisión y Sky, ambas filiales de Grupo Televisa, le generó al consorcio de Emilio Azcárraga Jean un incremento sustancial en sus utilidades. Tan sólo en 2012 Cablemás produjo 485 millones de pesos de ganancias y TVI, 227.9 millones, según el reporte trimestral de 2012 de Televisa.
Eduardo Pérez Motta, presidente del pleno de la CFC, admite que se generó esta discusión, pero finalmente prevaleció la posición de los otros tres comisionados que optaron sólo por la multa.
“Hay diferentes grados de gravedad. Si hubieran hecho algo que desde nuestra perspectiva hubiera implicado algo muy grave, no hubiera bastado la multa. Si hubiéramos decidido ordenarle a Televisa que desinvierta, seguro lo hubiéramos perdido en tribunales”, aclara Pérez Motta, en consulta telefónica.
“La multa tenía que ser proporcional a la gravedad de lo que cometieron. En ambos casos, estamos hablando de casi 110 millones de pesos, que es una cifra considerable”, argumenta.
–¿Estas multas ponen en riesgo la fusión entre Televisa y Iusacell, aprobada finalmente en junio de 2012? –se le pregunta.
–No, para nada. En todo caso pondrían en riesgo la operación actual de Cablemás y TVI. Ahora, todo depende de si estas empresas deciden ampararse para no pagar la sanción.
El comunicado del órgano regulador establece que “en ambos casos, el pleno juzgó que no era procedente ordenar la desconcentración en TVI y en Cablemás, posibilidad prevista en el artículo 35, fracción VIII de la Ley Federal de Competencia Económica, atendiendo a las consecuencias que se han derivado del cumplimiento que hasta el momento se ha dado del resto de las condiciones impuestas por la CFC en estos casos.
“Sin embargo, el pleno señaló que ante una eventual reincidencia, la comisión hará uso de todas sus facultades legales para sancionar debidamente el incumplimiento de condiciones”, advierte el comunicado.
Desde 2007, la inversión de Grupo Televisa generó una polémica en el sector de las telecomunicaciones porque implicaba una mayor concentración de esta empresa, ya no sólo en materia de televisión abierta, sino también de televisión restringida y, por ende, en el mercado del triple play (servicios de telefonía, televisión e internet).
Hasta 2008, Grupo Televisa tenía 49% de Cablemás y la familia Álvarez 51% de las acciones con voto, tras una inversión de 258 millones de dólares. En el caso de TVI, Televisa se quedó con 50% y Francisco González con otro 50%, luego de una inversión de 798.3 millones de pesos y un préstamo de 240.6 millones de pesos a Multimedios, convertibles en acciones de la compañía.
Al autorizar estas inversiones, la CFC le impuso varias condiciones a Grupo Televisa. Entre éstas se encuentran el must offer para “garantizar que los consumidores podrán acceder a la programación de Televisa aunque el operador de TV restringida que contraten sea competidor de esta empresa” y el must carry para que los suscriptores puedan “tener acceso a todos los contenidos de televisión abierta –sean o no de Televisa–, nacionales y locales, sin importar que su proveedor de servicios de TV restringida tenga ligas con esta empresa”.
La tercera condición establece que tanto Grupo Televisa como TVI y Cablemás “deberán tomar acciones para impedir la coordinación por otras redes de telecomunicaciones que sean sus competidores actuales o potenciales. En particular, Grupo Televisa deberá prohibir que los miembros de sus consejos de administración participen en los órganos de administración y operación de otros concesionarios de redes y deberán enajenar sus acciones en PCTV, en la que es socio de otros concesionarios de TV por cable”.
Los otros grupos que no pertenecen a la Canitec, la cámara de televisión por cable controlada por Televisa, y PCTV, compañía que finalmente quedó bajo las órdenes de Televisa, han argumentado que la empresa de Azcárraga Jean ha incumplido estas condiciones.
Hasta ahora, la CFC sólo ha impuesto una multa a Televisa por el caso de la participación de altos ejecutivos de GSF, de Ricardo Salinas Pliego.
Simulación
Los dos multas no afectan la operación más ambiciosa para Televisa, que es su sociedad con GSF, controladora de Iusacell y de la empresa Total Play, ambas de Ricardo Salinas Pliego, su presunto competidor en TV Azteca.
La fusión entre los dos grupos más grandes de televisión se anunció desde marzo de 2011 cuando dieron a conocer que invertirían en Total Play, la única empresa capaz de dar servicio de 100 megas en internet, televisión en alta definición (HD) hasta con 250 canales, telefonía fija y móvil, mediante la red 4G de Grupo Iusacell.
Apenas una semana antes, a pesar de haberlo negado airadamente en enero de 2011, Salinas Pliego y Azcárraga Jean concretaron la adquisición de 50% de Grupo Iusacell a través una operación de inversión de Televisa por mil 565 millones de dólares en compra de deuda convertible en acciones, y de 37.5 millones de dólares en capital; es decir, un total de mil 600 millones de dólares.
La sociedad se anunció antes de que la CFC autorizara la fusión de los dos gigantes de la televisión mexicana. El 24 de enero de 2012, por tres votos contra dos, el pleno del organismo antimonopolio rechazó la fusión. Uno de los argumentos centrales para rechazarla fue precisamente el incremento del poder de Televisa en el mercado de la televisión restringida, al adquirir acciones en Total Play.
En una de las partes medulares de la argumentación, se señaló:
“a) de acuerdo con los últimos datos reportados respecto del número de suscriptores de Total Play, su trayectoria de crecimiento ha tenido una tasa de crecimiento significativo; b) Total Play es un nuevo competidor en el mercado con acelerado crecimiento; c) Televisa detenta más de 60% del mercado en el Valle de México; d) Total Play, dada su penetración acelerada en el mercado, su política agresiva de precios, su tecnología implementada (fibra óptica), y la gama de su oferta en cuanto a las cualidades de sus servicios… es un competidor disruptivo para el DF y un competidor potencial para el resto del país… por lo que la concentración llevaría a que dicho competidor, que cuenta con la tecnología, la calidad de producto y precios capaces de afectar la participación de mercado de Grupo Televisa, dejaría de ser un competidor independiente de ésta, pues Grupo Televisa tendría el control indirecto de dicho competidor, al adquirir 50% de su controladora GSF.”
Tras un intenso cabildeo de Los Pinos y de presiones de ambas compañías, en junio de 2012, una semana antes de las elecciones presidenciales, la CFC decidió aprobar la fusión entre ellas imponiendo siete condiciones.
A pesar de haber beneficiado la concentración de las dos televisoras más importantes, los voceros y representantes jurídicos de Grupo Salinas calificaron de “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones impuestas por el organismo antimonopolio.
Una de esas condiciones era que se publicaran, “a más tardar el 30 de noviembre de este año” (2012) la convocatoria a la licitación correspondiente a las frecuencias de televisión abierta en tecnología digital. Pasó esa fecha límite y no se cumplió.
TV Azteca, lavadero de imágenes de políticos y gobiernos
Jenaro Villamil | Proceso
Desde que Enrique Peña Nieto canalizó grandes sumas del erario mexiquense a empresas ligadas con Televisa para promover su imagen, políticos de toda laya siguieron su ejemplo y han dilapidado millonarias sumas en campañas publicitarias, documentales y series. La compra de espacios está beneficiando también a TV Azteca, que cuenta con brokers como Mercadotecnia y Servicios Avanzados y Jeshom Publicidad y Mercadotecnia. Fuentes consultadas por Proceso afirman que estas agencias realizan dobles facturaciones para borrar huellas fiscales.
Para demostrar que “Nuevo León está en pie de lucha” y revertir la imagen de Rodrigo Medina como uno de los mandatarios más impopulares por la ola de corrupción e inseguridad que asuela esa entidad, el gobernador priista acudió desde noviembre de 2012 a los buenos oficios de la agencia Mercadotecnia y Servicios Avanzados, mejor conocida como MAZ, vinculada a TV Azteca.
MAZ realizó la campaña denominada Soy Nuevo León, con Martha Higareda Cervantes como vocera. En la conferencia de presentación, efectuada el 28 de noviembre de 2012, la actriz presumió que en 10 días recorrió mil 200 kilómetros y grabó 260 horas en sitios turísticos de la entidad como La Huasteca, el parque Fundidora, la cascada Cola de Caballo, las grutas de García y General Terán, entre otros sitios.
Desde entonces, en la pantalla de TV Azteca aparecen spots y notas favorables a Rodrigo Medina con costo al erario de Nuevo León. MAZ comercializa los espacios informativos, de entretenimiento y hasta de deportes en los canales de Ricardo Salinas Pliego, como antes lo hizo con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, uno de sus clientes más importantes (Proceso 1882).
“Ahora estamos impulsando la belleza, los atractivos de la entidad”, declara Medina en un spot de un minuto 39 segundos de duración transmitido el 28 de noviembre de 2012 en Azteca Noticias. En la campaña Soy Nuevo León se asegura que la violencia en esta entidad se “redujo” hasta en 40%.
En este despliegue nada es gratis. Se trata de una estrategia conocida como “publicidad integrada” (propaganda disfrazada de notas informativas o de campañas promocionales), que auspician gobiernos estatales y municipales y distintas dependencias federales. Uno y otras se han convertido en los clientes más importantes de Televisa y de TV Azteca a raíz de que el modelo de promoción de Enrique Peña Nieto en el Estado de México proliferó en todos los ámbitos.
En el caso de Nuevo León, la campaña fue diseñada por el equipo de Jesús Adrián Frías de la Parra y de Benjamín Mendoza, director general de Ventas a Gobierno de TV Azteca, los principales responsables de las dos agencias que aparecen en los documentos de contabilidad de la televisora como gestores de la venta de espacios: MAZ, anotada ante el Registro Público de la Propiedad el 16 de octubre de 2007, y Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, cuyo registro data del 2 de junio de 2009.
La clave para la operación de estas compañías es que aparecen separadas de la estructura de Grupo Salinas y realizan doble facturación frente a los “clientes”, en su mayoría dependencias federales y gobiernos estatales. A partir de los dos últimos años su objetivo principal será “vender” servicios a gobernadores en apuros o con aspiraciones presidenciales, así como a alcaldes de distintas entidades.
En el caso de Medina, la campaña Soy Nuevo León tendrá un costo mínimo de 150 millones de pesos, la misma cantidad que pagó el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la promoción televisión e internet entre 2011 y 2012, según confirmaron a Proceso vendedores de MAZ y Jeshom que participaron en dichas estrategias.
Uno de los clientes más importantes de MAZ fue el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, quien destinó entre 70 y 110 millones de pesos para la realización de programas especiales, cápsulas y entrevistas durante los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
En cuanto al mandatario de Chiapas, Juan Sabines canalizó a TV Azteca más de 260 millones de pesos de publicidad por la vía de estos brokers, según contratos y hojas de contabilidad cuyas copias obtuvo Proceso.
El gobierno de Felipe Calderón también destinó cientos de millones de pesos a TV Azteca por medio de estas empresas. Tan sólo al cierre de junio de 2011, el Ejecutivo federal pagó a esta televisora mil 696 millones de pesos.
A esa cifra se añaden los 222.7 millones del Instituto Mexicano del Seguro Social, los 339.7 millones de Pemex y los 382.5 millones de pesos de Pronósticos Deportivos para hacer una suma de 2 mil 641 millones 571 pesos, de acuerdo con la copia de las hojas contables que obtuvo Proceso.
Publicidad encubierta
En dos reportes correspondientes al 30 de marzo y el 25 de abril de 2011, Chiapas, Nuevo León y Veracruz aparecen como los principales clientes del área de Ventas a Gobierno de TV Azteca.
Tan sólo al 31 de marzo de ese año, la entidad del sureste facturó 45 millones 137 mil pesos; la norteña 16 millones 100 mil, y la oriental 15 millones 517 mil 241 pesos. Los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Coahuila pagaron a la televisora de Salinas Pliego 2 millones 292 mil pesos, 1 millón 350 mil y 646 mil 551 pesos, respectivamente.
Otro informe contable, que contrasta los ingresos entre 2010 y 2011, especifica los principales programas donde se realiza la “venta” de publicidad integrada a los gobiernos, tan sólo entre enero y mayo de ambos años: A quien corresponda, Animal nocturno, En contexto, Entre tres, Frente a frente, Reporte 13 y Shalalá, entre otros.
Los costos de los “mensajes” en los espacios informativos varían según la duración, el rating y el canal donde se transmitan. Por ejemplo, un spot de siete minutos difundido a las 21 horas cuesta 5 millones 709 mil pesos en Canal 13; 3 millones 76 mil pesos en Canal 7, y 890 mil pesos en la señal metropolitana de Canal 40.
Para TV Azteca, el negocio de vender campañas e infomerciales a los gobernadores se incrementó desde 2009, cuando Enrique Peña Nieto favoreció a Grupo Televisa con millonarios contratos mediante intermediarios como TV Promo o Radar.
El Estado de México también ha sido un cliente importante para la televisora del Ajusco, pero no tan generoso como los gobiernos de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Nayarit y Yucatán.
Algunos de los exvendedores de MAZ y Jeshom consultados por Proceso revelan que ha habido confrontación con los clientes. Por ejemplo, a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco comenzaron a sacarle notas negativas acerca de sus obras inconclusas. El motivo: Yucatán tenía una deuda pendiente con TV Azteca.
La clave de estos negocios está en la asignación de una entidad o un grupo de entidades a alguno de los cinco gerentes que funcionan como “ejecutivos de cuenta” y están bajo las órdenes de Benjamín Mendoza. El área de Ventas a Gobierno les exige incrementar el monto de “publicidad integrada” facturada a través de MAZ o de Jeshom.
Por ejemplo, un reporte confidencial del primer trimestre de 2010, cuya copia tiene Proceso, especifica el monto de las ventas de cada uno de los gerentes de entonces: Alejandro Muñoz González, 4 millones de pesos; Edith Pacheco Reza, 10.7 millones de pesos; Pedro Antonio Murad Millet, 700 mil pesos, y Vanessa Catalina Mar Solano Rivera, 40 millones de pesos. Esta última llevaba la cuenta de Chiapas.
En el mismo reporte se especifican los minutos de transmisión de ese primer trimestre y cómo debía cobrar MAZ a cada uno de los gobiernos estatales: 15.3 millones de pesos a Veracruz; 12.1 millones a Puebla; 6.8 millones a Yucatán; 4.2 millones al Distrito Federal, y 12.8 millones de pesos a Chiapas. Por su parte, Jeshom debía facturarle 1.3 millones a Querétaro, 116 mil pesos a Hidalgo y llevaba la cuenta de una “telenovela” en Nayarit.
Las cantidades se incrementaron sustancialmente para el primer trimestre de 2011. Las cantidades, por gerentes, eran las siguientes: Alejandro Muñoz González, 18.8 millones de pesos; Edith Pacheco Reza, 112.5 millones de pesos; Pedro Antonio Murad Millet, 8.7 millones de pesos, y Vanessa Catalina Mar Solano, 92.3 millones de pesos.
En ese trimestre los montos de inversión publicitaria de los gobiernos estatales fueron sustancialmente mayores: Chiapas pagó 43.2 millones de pesos por una hora 14 minutos de transmisión de notas favorables; Veracruz 42.2 millones por dos horas 40 minutos; Estado de México 12.9 millones por una hora 31 minutos; Distrito Federal, 10.3 millones por 39 minutos, y Yucatán, 16 millones de pesos por 18 minutos.
Para finales de 2012, el gerente Pedro Murad ya no estaba en el equipo de ventas de MAZ ni de Jeshom. Fuentes consultadas por Proceso indican que al parecer se enfrentó con Benjamín Mendoza, principal responsable de toda la estrategia de venta a los gobiernos estatales.
Amplio espectro
Aunque MAZ y Jeshom no son las únicas agencias que venden “publicidad integrada” en los contenidos de TV Azteca, sí son las más socorridas para realizar negociaciones con las secretarías de Estado, los gobernadores, los alcaldes y hasta con los titulares de dependencias como Pronósticos Deportivos, Lotería Nacional, Consejo de Promoción Turística de México y Pemex.
No sólo se dedican a vender publicidad. Pueden realizar “toda clase de eventos, seminarios, conferencias, estudios de mercado”, como es el caso de Mercadotecnia y Servicios Avanzados (MAZ), registrada el 16 de octubre de 2007, según el folio 371366 del Registro Público de la Propiedad, o incluso “prestar y recibir toda clase de servicios y asesorías” y “obtener toda clase de préstamos con o sin garantía”, como ocurre con Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, creada en 2009.
Su principal accionista y administrador único es Jesús Adrián Frías de la Parra, con 80% de la participación, y Homero Cárdenas Garza, con 20%. La comisario es Claudia Patricia García Alba, según el contrato firmado ante el notario Máximo García Cueto el 16 de febrero de 2009.
Jeshom es una sociedad que abarca toda la gama de servicios vinculados: publicidad, producción de audiovisuales y eventos especiales, y representación de otras compañías. Entre sus objetivos están:
“–La creación y realización de estrategias publicitarias, análisis y compra de medios, desarrollo de concepto creativo, desarrollo de identidad de marca, producto y, en general, de cualquier índole…
“–La realización de toda clase de estudios de mercado, así como convenciones que realicen con las artes gráficas, publicidad y diseño de novedades…
“–En general, la prestación a favor de cualquier persona física y moral, instituciones y entidades públicas y privadas de cualquier tipo de actividades o servicios relacionados o vinculados directa o indirectamente con producciones audiovisuales, producción de eventos, producción de materiales gráficos, mercadotecnia y publicidad…
“–Fabricar, ensamblar, procesar, comprar, vender, distribuir, almacenar, dar servicio, importar, exportar y en general negociar o comerciar en cualquier otra forma con toda clase de bienes muebles o inmuebles…
“–Obtener toda clase de préstamos con o sin garantía; otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles, empresas o instituciones con las que la sociedad tenga relaciones de negocio…
“–Actuar como comisionista, mediador, distribuidor o intermediario y aceptar el desempeño de representaciones en negociaciones de todo tipo.”
Se trata de un broker que le permite al Grupo Salinas y a sus filiales (TV Azteca, Elektra, Iusacell, Total Play y Banco Azteca, etcétera) darle la vuelta a cualquier huella fiscal.
Fuente: Proceso
