jueves, 17 de enero de 2013

Gobernación indaga a ex funcionarios que beneficiaron a casas de apuestas

Se habla de clonación de licencias y cambio de estatus legal
Fabiola Martínez | Periódico La Jornada | Jueves 17 de enero de 2013, p. 15
La Secretaría de Gobernación analiza la posible comisión de irregularidades por parte de funcionarios de la administración pasada, por el manejo que dieron al permiso otorgado a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de Arturo Rojas Cardona.
La posible ilegalidad radica en que con base en ese permiso (DGAJS/SCEVF/P-06/2005) las empresas que fungían como sus operadoras (Exciting Games y Producciones Móviles) fueron convertidas –en agosto de 2012– en “permisionarias” por medio de una “resolución administrativa”, es decir, por una decisión de los propios funcionarios de Gobernación y no de una orden del Poder Judicial, como sí ocurrió en tres casos más.

Es decir, las autoridades de Gobernación, ahora a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, analiza las circunstancias con base en las cuales sus antecesores convirtieron, de la noche a la mañana, a dos operadores en permisionarios, revelaron funcionarios consultados por este diario.

Exciting Games y Producciones Móviles forman parte de la supuesta red de corrupción en el negocio de los casinos, en la que habrían participado funcionarios, ex funcionarios y políticos panistas para la expedición de autorizaciones irregulares y/o falsas en beneficio de ciertos empresarios.

Tras el incendio en el casino Royale, en agosto de 2011, que dejó 52 muertos, Gobernación interpuso demandas penales y administrativas en contra de tres ex funcionarios (entre estos Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos) y aseguraron que tenían evidencias acerca de que varios servidores públicos promovieron “criterios de excepción regulatoria”, en favor de Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey.

Esta empresa cedió luego sus derechos a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta (involucrada en el incendio), misma que supuestamente era administrada por Correa y Juan Iván Peña Neder, quien en 2007 fue coordinador de asesores del entonces subsecretario de Gobierno, Abraham González. De ahí surge el litigio, en juzgados, entre Emex y sus operadoras porque, en los hechos, existían dos negocios que gestionaban la apertura de casinos a nombre de Producciones Móviles. Los abogados de Emex han dicho que su permiso fue “clonado”.

Talía Vázquez, ex esposa de Peña Neder, acusa a este abogado de violación tumultuaria (proceso que enfrenta en un penal federal) y también afirma que en febrero de 2011 Peña le dio a Roberto Gil Zuarth, entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón y ahora senador del Partido Acción Nacional (PAN), 800 mil dólares para que cabildeara la apertura de un casino Royale en Querétaro.

En agosto de 2012, tres meses y medio antes de que concluyera el sexenio, Exciting Games y Producciones Móviles fueron convertidas en permisionarios, aunque según la información que hasta anoche estaba en la página de la dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación, tanto Emex como las dos empresas en mención están clasificadas con el mismo permiso: DGAJS/SCEVF/P-06/2005.

El martes pasado, el último subsecretario de Gobierno de la administración pasada, Obdulio Ávila, dijo ante los medios que no se otorgaron nuevas licencias sino que el 15 de agosto de 2012 se transfirieron las que ya tenía Emex. Como el caso sigue en juzgados, hoy día las tres empresas referidas siguen apareciendo como “permisionarias”.

Ávila argumentó que las antes operadoras, hoy permisionarias, generaron derechos. Incluso, quien fuera titular de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso, argumentó que pese a los problemas con Emex, ambos negocios argumentaron que no podían perder sus inversiones extranjeras porque, además, estaban amparadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Talía Vázquez dijo que la presunta irregularidad que indagan los responsables actuales de Juegos y Sorteos se puede constatar fácilmente con los documentos del SAT.

Fuente: La Jornada