Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraba sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el expresidente basó su guerra contra el narco.domingo, 27 de enero de 2013 | Jorge Carrazco Araizaga | Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- A penas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes "éxitos" del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la "guerra al narcotráfico" del ex presidente.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
ACUSACIONES DE OÍDAS
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR le respondió al abogado que las declaraciones de los "testigos protegidos colaboradores" no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de "Mateo", inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde de la PGR sólo favorece al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
DENUNCIA ANÓNIMA
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilita también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO). Según esa "prueba" que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez; el mayor Iván Reyna Muñoz, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
Además en esa denuncia lo acusaban de haber apoyado al extinto jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, cuando fue secretario particular del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa supuesta denuncia estaba fechada el 17 de mayo, un día después de la detención del divisionario.
Otra pieza que se desacomodó en el juego de la PGR fue la declaración ministerial del 15 de agosto de 2012 de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quien negó conocer y haberse reunido con el ex subsecretario de la Defensa Nacional, como lo dijo Jennifer, mientras que Mateo no pudo corroborar las fechas en que supuestamente se reunió y entregó dinero al acusado.
Con el caso del general Ángeles derrumbándose en la PGR, el jueves 17 de enero el abogado Ricardo Sánchez solicitó al juez "el cierre de instrucción" a pesar de que el domingo 6 el propio juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en Toluca, le había dictado auto de formal prisión junto a los coacusados, un hecho sin precedente en la historia reciente del Ejército.
BAJO TORTURAS
El litigante ni siquiera presentó al juez un incidente de desvanecimiento de datos; además de que, desde el 29 de noviembre de 2012, el propio juzgador ordenó que se le devolvieran los bienes que le había asegurado la PGR: Una casa heredada de la esposa del general, Leticia Zepeda; una casa del divisionario obtenida mediante un crédito de Banjército y las cuentas bancarias de la señora Zepeda, a pesar de que ella no estaba incluida en la causa penal.
Jennifer y Mateo, que ahora se encuentran en Estados Unidos —el segundo en calidad de procesado en una corte del sur de Texas— no fueron los únicos en declarar contra el militar en retiro. También lo hizo el mayor Iván Reyna Muñoz, quien en una queja que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio pasado asegura que fue torturado e intimidado para inculpar al divisionario.
Tampoco fue el único en declarar bajo presión. También Gerardo Ortega Maya, quien en su declaración ministerial responsabilizó al ahora coronel Avigaí Vargas Tirado de haberlo torturado para que hundiera al general Ángeles.
La detención del general en retiro el 16 de mayo de 2012, a la que siguieron las de los otros militares de alto rango, ocurrió en medio de una intensa disputa por la Sedena y se operó en coordinación de la PGR con el Ejército, entonces al mando del general Guillermo Galván Galván, quien a esas alturas ya había sido rebasado por los generales de división aspirantes a sucederlo.
Retirado desde 2008, Ángeles Dauahare fue detenido una semana después de haber participado en un foro sobre seguridad nacional en la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en San Luis Potosí, donde hizo una severa crítica a la falta de estrategia de Calderón para combatir el narcotráfico y se fue asimismo contra los militares que violan los derechos humanos con el pretexto de enfrentar a los narcotraficantes.
Su acusador en la PGR fue el entonces fiscal Gustavo Adolfo Flores Delgado, quien según "La Barbie", lugarteniente de los Beltrán Leyva actualmente preso, lo buscó el 21 de mayo y el 13 de julio de 2011 para pedirle que declarara contra Ángeles a cambio de beneficios como testigo protegido.
El fiscal, que dependía del entonces subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, tuvo el apoyo del entonces teniente coronel Vargas Tirado, hombre cercano al entonces subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien por todos los medios trató de llegar con Peña Nieto a la titularidad de la Sedena.
INCRUSTADO EN LA PGR
Vargas Tirado fue jefe de Estado Mayor de la 13 Zona Militar, en Tepic, a las órdenes de Gaytán Ochoa, con quien después ocupó distintos cargos en la PGR. El ahora coronel se mantuvo en la dependencia hasta el sexenio pasado.
En el año 2000 fue coordinador en el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro).Ya en el gobierno de Calderón, entre 2007 y 2010 fue coordinador general de Información contra la Delincuencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), sucesor del Cendro. En 2011, primero estuvo en la coordinación de asesores de Marisela Morales y después fue nombrado director de apoyo ministerial de la SIEDO.
Calderón lo ascendió en la promoción militar del 20 de noviembre pasado y lo hizo coronel del arma de Infantería, con todo y las acusaciones de tortura que hay en su contra en el expediente del general Ángeles Dauahare.
Según la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, Gerardo Ortega Maya, yerno del ex secretario de Marina Ricardo Ruano Angulo y acusado de ser el publirrelacionista del Chapo Guzmán en la SIEDO, señaló a Vargas Tirado como quien lo detuvo y torturó para obligarlo a declarar contra el divisionario, sobrino nieto del general revolucionario Felipe Ángeles.
En su declaración ministerial Ortega Maya asegura que Vargas Tirado lo torturó cuando fue detenido el 3 de mayo del año pasado en Huixquilucan, Estado de México. Dijo haber identificado su voz porque fue con quien había gestionado reingresar a la PGR, donde trabajó en 1994.
"Dicho individuo, con ayuda de otros cinco, me subieron a una mesa de aluminio médica, envolviéndome con una cobija y, posteriormente, amarrándome a dicha mesa, ordenó que me taparan el rostro con un trapo". Ortega Maya declaró también que le aplicaron agua por la nariz, toques eléctricos en un pie, pegándole en el pecho y las piernas con un objeto punzocortante para que dijera el nombre de los coordinadores de la SIEDO coludidos con abogados litigantes.
"Reconozco la voz de dicho individuo, quien fue quien me torturó para que declarara en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, ya que me hizo mención que el general secretario Galván le iba a partir su madre", declaró contra Vargas Tirado, quien se reincorporó en noviembre pasado al Ejército luego de que Cuitláhuac Salinas renunciara a la PGR poco antes de que terminara el gobierno de Calderón.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
