12 diciembre 2012 | Ezequiel Flores Contreras | Proceso
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Padres de familia, estudiantes y miembros de organizaciones sociales condenaron que un año después del asesinato de dos alumnos de la normal rural de Ayotzinapa durante el desalojo fallido realizado por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011 sobre la autopista Del Sol, el crimen continúe en la impunidad; e insistieron en su demanda de justicia.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los gobiernos federal y estatal no han cumplido “cabalmente algunos puntos” de la recomendación 1VG/2012, que emitió el 27 de marzo.
En dicha recomendación, la CNDH determinó que en el operativo policiaco, en el que asesinaron a dos estudiantes y falleció un trabajador por quemaduras provocadas por el incendio de una gasolinera, se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por “la acción y omisión” de los diferentes funcionarios que participaron en el desalojo violento de los manifestantes.
A través de un comunicado, la CNDH consideró que existen elementos suficientes para “sancionar administrativamente” al exprocurador Alberto López Rosas, y al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, quienes actualmente se encuentran sometidos a proceso de juicio político en el Congreso.
Por su parte, el gobierno estatal señaló que durante el acto de conmemoración realizado por familiares y padres de familia de los estudiantes abatidos, estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales rurales; así como integrantes de diversas organizaciones sociales, “imperó el respeto de libre expresión de ideas en un ambiente de paz y tranquilidad”.
“Reconocemos el comportamiento de los manifestantes, así como la prudencia y la tolerancia de la ciudadanía y automovilistas, quienes, por espacio de unas horas, vieron afectado su libre tránsito en la vía de la autopista Del Sol”, indicó el gobierno estatal a través de un comunicado.
No obstante, el gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero hizo mutis frente a los señalamientos de la CNDH sobre el incumplimiento de la recomendación que contempla 30 puntos.
A las 11:00 horas, un contingente de aproximadamente dos mil personas arribó al punto donde se registró el fallido desalojo, en el entronque sur de la autopista Del Sol, donde realizaron un acto litúrgico en memoria de los estudiantes asesinados.
En el lugar, los propietarios de la gasolinera Eva II –donde el año pasado fue provocado un incendio y el trabajador Gonzalo Rivas murió por las quemaduras que sufrió al pretender sofocar el siniestro– recibieron a los manifestantes colocando los restos de la estructura metálica de la bomba despachadora quemada en ese entonces sobre un andamio y al frente una cartulina con el siguiente mensaje: “Ya cooperamos con un muerto… gracias”.
Después de la misa, donde se condenó la impunidad y la ausencia de justicia que persiste a un año del trágico hecho, el contingente enfiló en marcha sobre el carril sur-norte de la autopista Del Sol hacia la sede del Congreso local y posteriormente se manifestó frente al edificio del Poder Ejecutivo, donde la consigna fue la misma: “Justicia y castigo contra los autores intelectuales y materiales de estos hechos”.
La protesta fue aprovechada por diputados locales y funcionarios estatales para ausentarse de sus labores y dar el día a los trabajadores de ambas instituciones bajo el argumento de los festejos “guadalupanos”.
Mientras que policías estatales y federales permanecieron acuartelados, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó mediante un comunicado que “el resguardo de la ciudad para evitar desmanes” correspondía a la Policía Municipal.
La protesta fue seguida en todo momento por al menos 26 observadores, una ambulancia de la Cruz Roja y la Dirección de Tránsito Municipal.
Al final, los manifestantes advirtieron que seguirán insistiendo en su demanda de justicia y castigo contra los autores intelectuales del caso Ayotzinapa.
Fuente: Proceso
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