Se busca establecer si adquieren carbón extraído de manera ilegal que luego es vendido a CFE
Participan en la Promotora para el Desarrollo Minero, señala el procurador Homero Ramos
Gustavo Castillo García y Leopoldo Ramos | Enviado y corresponsal | Periódico La Jornada | Viernes 2 de noviembre de 2012, p. 3
Puebla, Pue., 1º de noviembre. El gobierno federal y las autoridades de Coahuila investigan a 84 empresas que participan en la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) en la entidad norteña, con el objetivo de establecer qué compañías están adquiriendo carbón extraído de manera ilegal o es robado por integrantes del grupo de narcotraficantes Los Zetas para luego venderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como si se tratara de un producto legal, afirmó el procurador de Justicia estatal, Homero Ramos Gloria, durante los trabajos de la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
El funcionario coahuilense señaló que existe la presunción de que se ha comercializado carbón fuera de los contratos, y que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Procuraduría General de la República (PGR) indagan aspectos financieros y operativos de las minas que participan en Prodemi, pues también se han cerrado tajos a cielo abierto que estaban siendo explotados ilegalmente.
“Prodemi comercializa menos de la quinta parte de la producción de carbón en el estado, tiene un padrón de 84 empresas o contratos y esos son los que están revisando en este momento la Secretaría de la Función Pública (estatal) y el área respectiva de Prodemi, para que no estén comprando carbón a terceros, sino que sea la explotación de sus tajos o de sus pozos la que se esté comercializando”, precisó el procurador.
Agregó que “la PGR tiene una línea de investigación abierta y las declaraciones del ex gobernador Humberto Moreira van a ser parte integrante de esa averiguación. Nosotros lo que hacemos es coadyuvar en la medida que las indagatorias toman forma, entregándoselas al Ministerio Público Federal para que obre en un solo expediente, que es el de competencia federal”.
En tanto, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, informó que las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales tienen dos vertientes: “la parte criminal” y la administrativa, que está a cargo de las secretarías de Economía y del Trabajo, por lo cual se han cerrado muchos tiros verticales de carbón para garantizar mayor seguridad en la zona y un combate a la delincuencia relacionada con estos efectos.
Luego de inaugurar la 28 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en el estado de Puebla, el secretario manifestó que la investigación (revelada por el ex dirigente nacional del PRI Humberto Moreira) comenzó en junio de este año a partir de denuncias anónimas y otros sucesos relacionados con la actividad que realizan las fuerzas federales en Coahuila.
En ese contexto, el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno de Coahuila, Jorge Verástegui Saucedo, confirmó que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) está en auditoría permanente desde hace un par de meses para detectar irregularidades entre las 84 empresas mineras que forman parte de ella. Las compañías proveen a la CFE de 3.3 millones de toneladas de carbón al año.
Sin embargo, ninguna de las compañías carboneras ha sido sancionada, salvo dos cuyos contratos quedaron en suspenso por disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó Verástegui Saucedo.
Dijo que la idea también es detectar posibles vínculos de las empresas con el crimen organizado, pero evitó dar detalles sobre la investigación, pues “pondríamos sobre aviso a presuntos involucrados y estaríamos obstaculizando una investigación federal y estatal”.
Destacó la importancia comercial que tiene el mercado del carbón en Coahuila, pues de las excavaciones en la zona carbonífera se extraen 15 millones de toneladas anuales que consume CFE en sus dos plantas termoeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, al norte de la entidad, donde se produce entre 8 y 11 por ciento de la energía eléctrica del país. De ese tonelaje, 20 por ciento lo aportan las empresas integradas en la Prodemi.
En la auditoría se revisa que el título de concesión de cada productor esté vigente y “se exigen las coordenadas georreferenciadas” para ubicar “satelitalmente el yacimiento” y evitar que se extraiga carbón en pozos o minas clandestinas.
Los productores de Prodemi también “se comprometen a cumplir normas de calidad que son revisadas de forma permanente; su declaración ante la Secretaría de Hacienda, lo que permite comparar sus ingresos con lo que reportan; que no haya mujeres en periodo de lactancia ni menores trabajando en minas”, y que tengan “permisos de la Secretaría de Medio Ambiente sobre daño ambiental”.
Las 84 empresas vinculadas con Prodemi generan más de 3 mil empleos directos en la zona carbonífera del estado; la mayoría de las compañías son minas de arrastre –donde extraen el carbón de forma horizontal–, y los pozos, que son verticales.
La promotora se creó hace diez años para intermediar entre pequeños y medianos propietarios de carbón y la Comisión Federal de Electricidad, y evitar que la paraestatal los excluyera de licitaciones internacionales.
Fuente: La Jornada
