El próximo 26 de septiembre pretenden llevar a cabo un encuentro entre organizaciones de trabajadores, investigadores, abogados, movimientos sociales y legisladoresEl panorama del sector laboral en el país es un verdadero desastre, provocado fundamentalmente por la aplicación de políticas económicas neoliberales desde hace 30 años, con un seguimiento puntual –y doloroso para la población- de las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los que se sumó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El resultado concreto y trágico, agudizado durante la presente administración que encabeza Felipe Calderón, es que el mercado laboral formal quedó reducido a su mínima expresión en México, toda vez que el 61% de los 50 millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa del país se ha visto obligado a trabajar en condiciones de informalidad, sin contrato y sin acceso a prestaciones.
El resultado concreto y trágico, agudizado durante la presente administración que encabeza Felipe Calderón, es que el mercado laboral formal quedó reducido a su mínima expresión en México, toda vez que el 61% de los 50 millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa del país se ha visto obligado a trabajar en condiciones de informalidad, sin contrato y sin acceso a prestaciones.
A pesar de esa adversa situación, en la que destaca también los bajos salarios y la pérdida constante del poder adquisitivo de las familias de los trabajadores, los sectores reaccionarios del gobierno calderonista, así como los organismos cúpula empresariales están empujando una reforma laboral que legalice las flagrantes violaciones a la Ley Federal del Trabajo y cancele las conquistas históricas de los trabajadores a través de una larga y dura lucha, para lo cual cuentan en estos momentos con las mayorías parlamentarias indispensables para tal efecto, con los legisladores del PRI, a excepción hecha de sus sectores gremiales, y del PAN, a los que una fracción importante del PRD que lideran “los chuchos”, con Jesús Zambrano y Jesús Ortega a la cabeza, se sumarán para perpetrar ese atentado a la clase trabajadora.
No obstante, hay una fuerte oposición de diversos sectores de la izquierda y de grupos sindicales. El Partido del Trabajo ( PT) y el Movimiento Ciudadano (MC) se oponen férreamente a la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón al Congreso, para lo cual realizarán movilizaciones del 19 al 30 de septiembre junto con agrupaciones sindicales y sociales. Legisladores federales de esos dos partidos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección presidencial, están decididos a no dejar pasar, tal y como está, la iniciativa preferente del inquilino de Los Pinos, y exigen que se incluyan otras iniciativas, particularmente la de la izquierda.
El próximo 26 de septiembre pretenden llevar a cabo un encuentro entre organizaciones de trabajadores, investigadores, abogados, movimientos sociales y legisladores a fin de analizar la situación real del mercado laboral en el país, la democracia sindical y, por supuesto, el actual modelo económico que llevo a los trabajadores mexicanos a la situación que hoy padecen. A través de plantones, marchas, foros y denuncias, que se llevarán a cabo del 19 al 30 de septiembre, organizados y encabezados por Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y los sindicatos que aglutina, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente Sindical Mexicano, la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, la Confederación Obrera México de la Coordinadora de Sindicatos Universitarios y de Instituciones de Educación Superior, la Alianza de Trabajadores de la Salud y el Sindicato de Telefonistas, entre otras, demandarán a los diputados federales que no se apruebe la reforma laboral calderonista. Dichas organizaciones se han quejado reiteradamente que a pesar de al Ley Federal del Trabajo vigente y que se piensa echar al basurero de la historia, los contratos colectivos de trabajo no se cumplen.
Las organizaciones sindicales han denunciado en los últimos años que durante los gobiernos federales de extracción panista de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ha predominado una total falta de justicia en materia laboral, derivado principalmente de la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje, y de los tribunales laborales, los cuales han sido subordinados a los grandes capitales, a los cuales responden también los funcionarios federales del ramo, particularmente los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde destaca en ese lamentable papel el desempeño del actual senador Javier Lozano, quien a lo largo de su gestión demostró estar a las ordenes del capital internacional, estadounidense y canadiense, principalmente.
REFORMA REACCIONARIA
La intención de la reforma laboral es muy clara en palabras del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, discípulo aventajado del FMI y uno de los principales conductores de la política económica del país en el presente siglo, al pedirle al Congreso que aprueben una nueva legislación en la materia que permita la flexibilidad para contratar y despedir personal. Al participar en la sexta conferencia anual competencia y regulación “México compite. La agenda pendiente del federalismo regulatorio”, el obeso funcionario expuso que las empresas enfrentan tiempos buenos y malos y que actualmente “se necesita la flexibilización de contratación, pero también la flexibilización para despedir trabajadores, sin que sea tan costoso para la empresa”.
El mercado laboral mexicano pasa por una grave crisis. Datos oficiales difundidos por el INEGI, así como por expertos en la materia, señalan que de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, es decir, 50 millones de trabajadores, 14.2 millones de éstos están en la informalidad, reconocidos como tal oficialmente, pero si consideramos a los trabajadores que no tienen acceso a instituciones de salud, la cifra llega a 31.1 millones de personas, con lo que la proporción de trabajadores en situación de informalidad es de 61 por ciento de la PEA.
