3 diciembre 2011 | Proceso
El ISSSTE estrena director general: un personaje ligado al círculo íntimo de Felipe Calderón y que presume de sus buenas relaciones con Enrique Peña Nieto. Antes de llegar a la institución que tutela los derechos de los burócratas estuvo a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde dejó una cauda de opacidad y sospechas de malos manejos de los recursos a su cargo. Entrega de contratos sin concurso y subastas irregulares de lo incautado al crimen organizado, son algunas de sus credenciales.
Tercer director del ISSSTE en el sexenio, Sergio Hidalgo Monroy Portillo llega a esta institución –que atiende a poco más de 12 millones de derechohabientes– con varios expedientes de opacidad e irregularidades en el uso de recursos públicos, en las subastas de los bienes decomisados al narcotráfico, así como en el manejo de empresas en liquidación, como la Compañía de Luz y Fuerza, a su paso por la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Al asumir la dirección general del instituto, Monroy Portillo prometió que durante su gestión “no habrá media transparencia. Lo que van a encontrar conmigo es abrir todas las cuentas del ISSSTE, enseñar la forma de administrar los recursos que nos encomiendan. El encargo que me hace el presidente no se relaciona con cuestiones políticas sino a concentrar el trabajo, a profesionalizar la seguridad social”.
Pero sus antecedentes como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (diciembre de 2006 a julio de 2010) y sobre todo como director general del SAE contradicen su compromiso con la transparencia: informes de la Secretaría de la Función Pública señalan que hay al menos 124 procesos de investigación sobre responsabilidades en la dependencia que dejó el lunes 28 de noviembre.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de fiscalización de la cuenta pública de 2009, emitió un dictamen negativo sobre el desempeño del SAE en materia de administración y procedimientos legales que, al parecer, no se resolvieron durante la administración de Monroy Portillo.
“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el desempeño del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la administración y seguimiento de los procesos legales relativos a la recuperación de cartera” porque:
“El SAE no reportó indicadores con el fin de evaluar el desempeño de los procesos legales para la recuperación de cartera vencida.
“Al no encontrarse actualizado el Sistema Integral Jurídico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no permite al SAE conocer el estado procesal en el que se encuentran los juicios a su cargo.
“El SAE no supervisa que los terceros especializados en materia jurídica actualicen el Sistema Integral Jurídico del SAE de los actos y diligencias que impulsen el procedimiento judicial, de los asuntos que tienen asignados.
“El SAE permitió la caducidad de dos juicios: la prescripción de la acción en la vía mercantil de un juicio; y carece de información de cinco más, lo que no permite identificar la etapa procesal en que se encuentran los juicios.”
El análisis de la ASF sobre los 7 mil 188 juicios en trámite durante 2009 también revela que el SAE otorgó “por asignación directa” 54 contratos plurianuales para la prestación de servicios profesionales de 237 abogados externos. De manera aleatoria, la ASF seleccionó 69 juicios mercantiles por un monto de 60 millones 495 mil pesos y detectó varias irregularidades.
Por ejemplo, en 36 asuntos “no se localizó el registro de la fecha de emplazamiento y el resultado de la diligencia de embargo”; en nueve “no contaron con el inventario de los bienes embargados y en 15 “no se encontró el registro de la inscripción del inmueble embargado en el Registro Público de la Propiedad y de la inscripción del embargo”.
La adjudicación directa de contratos no es exclusiva de los servicios jurídicos. Durante la etapa de Monroy Portillo como director del SAE se firmó un contrato por 80 millones de pesos con los servicios de la policía auxiliar mexiquense –los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem)– para vigilar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en proceso de liquidación desde el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009 y cuyos bienes cayeron en la órbita del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El SAE no ha hecho públicos los términos de la asignación directa para los servicios de policía privada que ejercen los Cusaem. Testimonios recabados por Proceso confirmaron que se trató de una asignación directa y que hay diversas irregularidades. Por ejemplo, por contrato a cada uno de los agentes de los Cusaem que vigilan las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza se les deben pagar nueve mil pesos mensuales, pero muchos reciben menos de la cuarta parte (dos mil pesos mensuales). No hay ningún informe sobre el destino de los recursos sobrantes.
“La parte de liquidación de empresas es una de las más oscuras dentro de la administración del SAE. Se amparan en la información confidencial para otorgar contratos directos, lo mismo en materia de seguridad privada que en distribución de medicamentos”, revela a Proceso una fuente interna que pidió el anonimato.
Esta misma fuente señala que desde el SAE, el equipo de Monroy Portillo realizó una asignación directa por 400 millones de pesos para la distribución de medicamentos a los jubilados de Banrural, Ferronales y los trabajadores de Luz y Fuerza.
“En lugar de entregar medicamentos de patente, como señala el contrato, entregan genéricos intercambiables, a un menor costo. ¿Quién se beneficia con esta maniobra?”, cuestiona la fuente interna del SAE.
Este mismo informante denuncia que existe una “red de corrupción” en la que presuntamente están involucrados el propio Monroy, su secretario privado Francisco Díaz Corsas, así como Héctor Orozco Fernández, brazo derecho del actual director del ISSSTE y al que pretenden dejar al frente del SAE. Orozco fue uno de los responsables de la contratación de despachos externos para que se levantara el inventario de la Compañía de Luz y Fuerza.
Precios irrisorios
Bajo la dirección de Monroy el SAE también tuvo diferencias con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que en dos ocasiones le ordenó entregar la relación completa de los domicilios asegurados al crimen organizado. El 5 de junio de este año, los comisionados del IFAI resolvieron por unanimidad que el SAE debe entregar la relación completa de domicilios de los bienes inmuebles asegurados en 2009 y 2010 que fueron declarados “decomisados” y que se pusieron en “subasta pública”.
El IFAI explicó que mediante dos solicitudes de acceso, una particular pidió saber la dirección de todos los bienes inmuebles puestos a disposición del SAE entre 2009 y 2010. La dependencia entregó una lista incompleta. La solicitante presentó un recurso de revisión alegando que el SAE no proporcionó la dirección íntegra, es decir, calle, número, colonia, delegación o municipio y el estado donde se encuentran dichos bienes.
La dependencia respondió que esta información estaba reservada seis años y argumentó que son datos específicos que permiten identificar los inmuebles que se encuentran vinculados con averiguaciones previas o procesos judiciales.
La comisionada María Marván, ponente del caso, advirtió que los “bienes inmuebles decomisados” que están en subasta no son susceptibles de la reserva y por tanto constituyen información pública.
Las subastas del SAE sobre los bienes que el gobierno federal le incauta al crimen organizado han despertado múltiples críticas y suspicacias por la falta de publicidad de las mismas. Se convocan sólo a través de internet, no se difunden a través de medios masivos ni de spots y en muchas ocasiones se rematan en un precio menor a su valor real.
Por ejemplo, la base de datos que proporcionó el SAE al IFAI revela que una residencia decomisada al crimen organizado en las Lomas de Chapultepec se vendió en tres millones de pesos, cuando su valor en el mercado es el doble o triple.
Se subastaron un departamento en 177 mil pesos, una finca en construcción en 103 mil o terrenos de 8 mil metros cuadrados en 5 millones de pesos. Una avioneta Cessna en 48 mil pesos, televisores LCD en cinco pesos, ipods en 17 pesos y relojes con baño de oro en 110 pesos.
Otras gangas que benefician sólo a quienes el SAE quiere que se enteren son las siguientes: un Ford Gran Marquís en 8 mil pesos, un Jeep Liberty 2004 en 43 mil pesos o una aeronave Douglas en 100 mil pesos.
En octubre de 2011, el IFAI volvió a resolver que el SAE no podía negar la información relativa a quién es el propietario y qué uso le está dando actualmente a la fibra óptica que operaba la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El SAE había resuelto que esta información debía estar reservada dos años ya que darla a conocer podía entorpecer el proceso de liquidación de Luz y Fuerza. La comisionada María Elena Pérez Jaén, ponente en este caso, explicó que la propiedad de la fibra óptica sigue siendo de la Compañía de Luz y Fuerza, independientemente de que haya sido entregada y esté siendo utilizada por la Comisión Federal de Electricidad, y que el levantamiento del inventario de bienes de la compañía no impide al SAE manifestar de quién es la propiedad de la misma.
El 1 de octubre, Sergio Hidalgo Monroy informó públicamente que el SAE había vendido ya 60% de los bienes muebles que poseía la Compañía de Luz y Fuerza en 80 millones de pesos. Precisó que de los 900 vehículos que fueron decomisados a los electricistas, 600 han sido vendidos a través de “subastas periódicas” que realiza el SAE.
En esa misma ocasión, Monroy informó que sólo 0.3% de los bienes que llegan al SAE provienen de los decomisos que realiza la PGR a la delincuencia organizada; el resto son incautados en las aduanas. El 33% de los recursos que se obtienen de las subastas realizadas casi en secreto se destinan a la Secretaría de Salud “para el combate a las adicciones”.
Padrinos poderosos
Las relaciones de Monroy Portillo con el círculo íntimo del presidente Felipe Calderón no son un secreto. Su esposa, Verónica González Rossi, amiga de Margarita Zavala, fue nombrada en diciembre de 2006 directora general adjunta de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República.
Sus relaciones con el panismo son fuertes desde el sexenio anterior. En junio de 2003, Vicente Fox lo nombró director corporativo de Operación del recién creado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que sustituyó al anterior Fideicomiso Liquidador.
Su amistad con Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y con Ernesto Cordero Arroyo, extitular de Hacienda, le permitió mantener una estrecha relación con el primer círculo calderonista.
En diciembre de 2006, al iniciar el sexenio, fue designado oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Ya antes se había desempeñado como director de Procedimientos Legales de Crédito en la misma dependencia y fue consejero comercial del Banco Nacional de Comercio Exterior.
Sus padrinos no pertenecen sólo al círculo calderonista. Él presume entre sus allegados tener cercanía y buenas relaciones con el exgobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el “precandidato único” del PRI a la Presidencia de la República.
