Juan Somavía* | Periodico la Jornada - Opinión | Martes 1 de Noviembre 2011
El panorama mundial del empleo es terrible. El desempleo afecta a más de 200 millones de personas, y continúa aumentando. La tasa actual del crecimiento del empleo, a uno por ciento o menos anual, no permitirá que se restablezcan los 30 millones puestos de trabajo perdidos desde que comenzó la crisis, en 2008.
Sin embargo, los números del desempleo son sólo parte de la historia. Millones de trabajadores tienen trabajos sólo de tiempo parcial porque carecen de una alternativa mejor. Aun antes de la crisis, la mitad del empleo fuera de la agricultura estaba en la economía informal, y dos de cada cinco trabajadores en el mundo vivían por debajo del umbral de la pobreza de dos dólares al día por persona.
El desempleo juvenil afecta a casi 80 millones de personas, con una tasa dos o tres veces superior a la de los adultos.
El desempleo y la desigualdad de los ingresos son denominador común de protestas que se multiplican en diferentes partes del mundo. Además, millones de personas tienen trabajo, pero carecen de elementos básicos: derechos, protección social y voz. En 25 países se han realizado protestas relacionadas con el empleo.
La situación podría empeorar. Con la desaceleración de la economía, desde mediados de 2011 estamos al borde de una recesión mundial del empleo que podría durar una década. Las consecuencias sociales y políticas podrían ser catastróficas.
Cuando los líderes del G-20 se reúnan esta semana en Cannes, su mayor desafío será mantenerse en contacto con sus ciudadanos y responder al creciente descontento mundial. Ellos se esforzarán por calmar los mercados financieros y asegurar que primero la zona euro, luego Estados Unidos y finalmente Japón resolverán su crisis de deuda soberana. Es urgente apagar los incendios financieros. Sin embargo, para conservar la legitimidad política el G-20 deberá enfrentar con el mismo vigor la tragedia de los millones de desempleados y de trabajadores precarios que están pagando el precio de una crisis de la cual no son responsables.
Los líderes del G-20 pueden dirigir sus esfuerzos de recuperación económica mundial hacia el camino del trabajo decente basándose en sólidas asociaciones público/privadas. Esto se traduce en cuatro medidas concretas que han demostrado su eficacia.
En primer lugar, aumentar las inversiones en infraestructura generadoras de empleo desde el actual 5-6 por ciento del PIB a 8-10 por ciento en los próximos cinco años. China e Indonesia han demostrado que esas inversiones son cruciales para mantener el empleo durante una desaceleración.
El desempleo juvenil afecta a casi 80 millones de personas, con una tasa dos o tres veces superior a la de los adultos.
El desempleo y la desigualdad de los ingresos son denominador común de protestas que se multiplican en diferentes partes del mundo. Además, millones de personas tienen trabajo, pero carecen de elementos básicos: derechos, protección social y voz. En 25 países se han realizado protestas relacionadas con el empleo.
La situación podría empeorar. Con la desaceleración de la economía, desde mediados de 2011 estamos al borde de una recesión mundial del empleo que podría durar una década. Las consecuencias sociales y políticas podrían ser catastróficas.
Cuando los líderes del G-20 se reúnan esta semana en Cannes, su mayor desafío será mantenerse en contacto con sus ciudadanos y responder al creciente descontento mundial. Ellos se esforzarán por calmar los mercados financieros y asegurar que primero la zona euro, luego Estados Unidos y finalmente Japón resolverán su crisis de deuda soberana. Es urgente apagar los incendios financieros. Sin embargo, para conservar la legitimidad política el G-20 deberá enfrentar con el mismo vigor la tragedia de los millones de desempleados y de trabajadores precarios que están pagando el precio de una crisis de la cual no son responsables.
Los líderes del G-20 pueden dirigir sus esfuerzos de recuperación económica mundial hacia el camino del trabajo decente basándose en sólidas asociaciones público/privadas. Esto se traduce en cuatro medidas concretas que han demostrado su eficacia.
En primer lugar, aumentar las inversiones en infraestructura generadoras de empleo desde el actual 5-6 por ciento del PIB a 8-10 por ciento en los próximos cinco años. China e Indonesia han demostrado que esas inversiones son cruciales para mantener el empleo durante una desaceleración.
En segundo lugar, garantizar que pequeñas y medianas empresas, la principal fuente de creación de empleo, tengan acceso al financiamiento bancario y a sistemas de apoyo a la gestión, y que los créditos otorgados a las Pymes crezcan. Eso han hecho Brasil y México.
En tercer lugar, concentrarse en el empleo para los jóvenes, a través de pasantías, y servicios de orientación y formación empresarial, a fin de facilitar la transición de la escuela al trabajo. Los países que han seguido esta ruta, como Alemania, Australia y Singapur, tienen tasas de desempleo juvenil más bajas.
Finalmente, establecer pisos de protección social en los países con baja cobertura. Puede realizarse con un costo de entre uno y dos por ciento del PIB, dependiendo del país. Los esquemas de protección social financiados con dinero público en Argentina, Brasil, India, México y Sudáfrica están ayudando a millones de personas a salir de la pobreza.
Si los países se concentran en estas prioridades al mismo tiempo que elaboran planes creíbles y socialmente responsables para financiar la deuda soberana y consolidar las finanzas públicas, la recuperación será más sólida. La meta es impulsar la tasa mundial de crecimiento del empleo a 1.3 por ciento, recuperando así para 2015 la tasa de empleo de la población en edad de trabajar de antes de la crisis.
El mundo enfrenta un urgente desafío de igualdad. La percepción de que algunos bancos son demasiado grandes para fracasar y algunas personas son demasiado pequeñas para ser tomadas en cuenta, y que los intereses financieros predominan sobre la cohesión social, socavan la confianza de las personas.
La OIT apremia a los líderes del G-20 en Cannes a colocar la economía real al mando de la economía mundial; a orientar el sector financiero hacia inversiones productivas a largo plazo en empresas sostenibles; a ratificar y aplicar las ocho normas fundamentales del trabajo, y a promover el empleo, la protección social y los derechos básicos en el trabajo con la misma diligencia aplicada para controlar la inflación y equilibrar las finanzas públicas.
Esto permitirá sentar las bases de una nueva era de justicia social.
*Director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
