Sin molestarse, pues, en modificar la Constitución, el gobierno ha privatizado de facto la energía eléctrica
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido 85% de sus clientes de élite, es decir, los grandes corporativos
30 septiembre 2011 | Empresa | Alberto Barranco | El Universal
En abierto desafío a una resolución de la Suprema Corte que declaró contraria a la Constitución la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobada en 1992 por la entonces aplanadora priísta, está creciendo una oferta de energía eléctrica paralela a la de la Comisión Federal de Electricidad.Del tamaño de la ilegalidad que vuelve en los hechos letra muerta la exclusividad para el Estado reclamada en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, habla el que la energía producida y distribuida por instancias privadas alcanza ya 76.28% del potencial de la paraestatal.
Dicho con todos los números, mientras ésta mantiene un nivel de 39 mil 265 megawatts, la oferta paralela llega a 27 mil 755.
Sin molestarse, pues, en modificar la Constitución, ya ve que a veces los señores integrantes del Congreso se vuelven rejegos, el gobierno ha privatizado de facto la energía eléctrica.
De hecho, ya ni quien se acuerde de lanzar al menos un cohete el 27 de septiembre, en la conmemoración de aquel 1961 en que el presidente Adolfo López Mateos decretó la nacionalización de la industria.
En la práctica, la Comisión Federal de Electricidad ha perdido 85% de sus clientes de élite, es decir, los grandes corporativos.
En la lista de quienes han dejado de recibir los tradicionalmente abusivos recibos de la paraestatal están la totalidad de las empresas cementeras, léase Cementos Mexicanos, Holcim-Apasco, Cementos Chihuahua…; los consorcios industriales como Alfa, Femsa, Cervecería Modelo, Kimberly Clark, Procter & Gamble, Sabritas; las cadenas de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro y Liverpool; las mineras como Peñoles y Autlán; las cadenas de autoservicio como Wal Mart; las firmas de servicios como Teléfonos de México…
De acuerdo con el ordenamiento empujado por el gobierno salinista para reducir el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y entonces aún de Luz y Fuerza del Centro, en favor de la causa privada, se integraron varias opciones de generación privada.
Una de ellas, supuestamente la más socorrida, hablaba de que se permitiría a firmas generación privada sin distingo de capital nacional o extranjero, bajo la modalidad de ciclo combinado, cuya producción, hasta un límite, se destinaría a una clientela específica, vendiéndose los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
Ahora que en todos los casos la distribución del fluido sería vía la red de transmisión de la empresa pública.
Otra de las modalidades hablaba de permitir la generación privada para autoconsumo, es decir, no había forma de vender los excedentes a la causa pública.
Lo cierto es que abierta la rendija, pronto surgieron decenas de empresas que bajo la formulita generan energía… que la venden a entidades privadas ajenas a ellas, en competencia con el Estado.
La trampita se ha multiplicado al infinito, por más que en los libros de la Comisión Reguladora de Energía se habla sólo de la entrega de 936 permisos de autogeneración y autoabasto, de los cuales 374 ya caducaron o los dieron de baja los concesionarios. Los 562 vigentes, con todo, representan, decíamos una oferta paralela de 72 mil 755 megawatts.
La paradoja del caso es que ante la explosión de plantas generadoras de energía privada, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se expediría un nuevo reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que incrementaba la posibilidad de vender excedentes a la Comisión Federal de Electricidad.
La maniobra, orquestada por el entonces secretario de Energía, Ernesto Martens, quien había sido director general del Grupo Vitro y presidente de Cintra, provocaría la promoción, por parte de la oposición en el Congreso, de una Controversia Constitucional.
La exposición de motivos era simple: No se vale modificar una ley bajo el método simple de plantear un nuevo reglamento.
El Ejecutivo, pues, asumía olímpicamente atribuciones del Congreso.
Naturalmente, la Suprema Corte le dio la razón a los quejosos… con la novedad de que la resolución iría más lejos, al determinarse que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica violaba lo dispuesto en la Constitución.
Lo inaudito del caso es que ni la propia Corte ni el Congreso hayan movido un dedo, en congruencia, para derogar el ordenamiento.
En la manga ancha se volvió, o mejor dicho la volvieron, chiquita la Comisión Federal de Electricidad.
Total, qué tanto es tantito, diría el cinismo.
