*Reservados los archivos de extinción de LyFC
*El SME no está solo
*La huelga de hambre llevó la demanda smeísta al Congreso de la Unión
*El negocio de la fibra óptica
Por los presuntos delitos de motín, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad privada, la Procuraduría capitalina inició acción penal en contra de los 11 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), detenidos durante la protesta del lunes frente a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CFE). A su vez, por el delito de robo, tras una denuncia interpuesta por un reportero, el líder del SME, Martín Esparza Flores, tendrá que comparecer en los próximos días a declarar en audiencia ante la Agencia 50 del Ministerio Público de la Ciudad de México.
El procurador del DF, Miguel Ángel Macera, señaló que la conducta violenta de los miembros del SME pone en riesgo a las instituciones de la capital del país, aunque para afrontar la acusación de motín el juez del caso considera que los detenidos podrán actuar en libertad provisional.
El procurador del DF, Miguel Ángel Macera, señaló que la conducta violenta de los miembros del SME pone en riesgo a las instituciones de la capital del país, aunque para afrontar la acusación de motín el juez del caso considera que los detenidos podrán actuar en libertad provisional.
Este miércoles los electricistas sujetos a proceso ingresaron al reclusorio.
Elena Vega De la Mora
Aristas de una batalla por la fibra óptica
El lunes 11 de abril, la zona centro de la Ciudad de México fue testigo de una nueva movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), anunciada por Martín Esparza desde los primeros días de abril en protesta por la negativa de la Secretaría de Gobernación para dar respuestas a sus demandas de reincorporar a sus fuentes laborales a los smeístas que no han recibido su liquidación.
No obstante la convocatoria por una movilización pacífica, la marcha del día lunes se caracterizó por el comportamiento violento que manifestaron algunos electricistas que se enfrentaron con elementos de la policía capitalina y un cuerpo de granaderos tras la quema de tres vehículos en las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En tanto que la PGR resuelve las 1,287 averiguaciones previas y 60 actas circunstanciadas contra integrantes del SME -acumuladas desde el 10 de octubre del 2010- el líder de los electricistas anuncia la persistencia del movimiento y la intensificación de las marchas y movilizaciones en toda la zona de atención que tenía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) hasta que el gobierno federal atienda las demandas y protestas de los smeístas.
Reservados los archivos de extinción de LyFC
En la madrugada del domingo 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) sería liquidada. Con la fuerza de 24 mil policías se tomaron las instalaciones. Ante las televisoras, el presidente Calderón anunció que la extinción LyFC y el despido de 44 mil trabajadores, además de 20 mil jubilados, era inaplazable.
A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias y corrupción en la empresa, los expedientes que pudieran sustentar o documentarsus dichos fueron enviados a reserva por tratarse de un asunto de “seguridad nacional”.
Se determinó que ambos documentos –el “Diagnóstico sobre el organismo descentralizado LyFC” así como el “Informe de la Desincorporación mediante Extinción del Organismo Descentralizado LyFC”- sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues, de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo, abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los ex trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.
La Secretaría de Energía (Sener) rechazó trasparentar todo el contenido del “Informe de Desincorporación” en la extinción de Luz y Fuerza del Centro así como del “Diagnóstico” de la paraestatal por temor a “actos violentos o conflictos sociales”, a pesar de que el IFAI lo había pedido.
De acuerdo con las causales que la dependencia a cargo de Georgina Kessel argumentó para clasificar la información y no dotarla al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se encuentran que: “De publicitarse dicha información se podrían suscitar actos de violencia y conflicto social”.
También indicó que en función de las demandas judiciales en proceso, derivadas de la extinción de LyFC, no podía ofrecer la información hasta que no se adopte una decisión definitiva.
Por estas causales, el IFAI confirmó la reserva por dos años, pero ordenó a la Sener “elaborar y entregar” una versión pública del “Informe de desincorporación” en la extinción del organismo y del “Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro”.
El SME no está solo
Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando LyFC abasteció de energía sólo al Distrito Federal, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
Al SME lo acompañan otras organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), el de telefonistas (STRM), el de mineros y muchos otros que ven amenazados sus intereses como agrupaciones sindicales tras la liquidación de LFC. Además, varias organizaciones de la izquierda mexicana han aprovechado la coyuntura para sumar sus demandas a las del SME, son el caso del Partido del Trabajo (PT) y el movimiento que agrupa a los seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre otras.
La huelga de hambre llevó la demanda smeísta al Congreso de la Unión
En octubre de 2009, tuvo lugar la primera movilización del SME , en la que según el periódico la Jornada se conformó un contingente de 150 mil personas, 300 mil a decir de los organizadores y 500 mil según las últimas apreciaciones.
Diversos contingentes –electricistas, maestros, minero-metalúrgicos, estudiantes, telefonistas, empleados universitarios, bomberos, campesinos, amas de casa, intelectuales y pueblo en general-, entraron a la plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante un espacio de casi cuatro horas, en medio de combativas consignas en contra del gobierno de Felipe Calderón y en protesta por la derogación del decreto presidencial de extinción de LyFC.
El 25 de abril del año pasado, el SME instaló un plantón en el Zócalo capitalino, donde iniciaron una huelga de hambre en demanda de la restitución del empleo para los más de 17 mil smeístas que no habían cobrado su liquidación así como en protesta de la ilegalidad del decreto presidencial de extinción de LyFC.
En dicha movilización, varios electricistas estuvieron en situación de extrema gravedad, por lo que el Congreso de la Unión exigió al presidente Felipe Calderón a que atendiera las demandas del SME, y acordó constituir un grupo plural de legisladores que actuaría como mediador entre las partes en conflicto. Se acordó analizar en pleno dos iniciativas de ley que beneficiarán a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La primera iniciativa es la creación de un organismo descentralizado para que cerca de 14 mil integrantes del SME puedan desarrollar el mismo trabajo que venía haciendo Luz y Fuerza; la segunda, es para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que asuma responsabilidades de jefe sustituto.
La marcha del pasado lunes protestó, entre otras cosas, por la inexistencia de una comisión legislativa que atienda ambas iniciativas así como la falta de acuerdos en la materia.
El negocio de la fibra óptica
Se ha dicho que lo que está detrás de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es el interés del gobierno federal y de la iniciativa privada por la fibra óptica. Ésta, es un tipo especial de cable que puede llevar y traer una enorme cantidad de datos en video, imagen y audio.
La red de fibra óptica cuenta con treinta cables de los que sólo se usan seis para dar servicio de energía eléctrica. Los 24 restantes son los que se pueden usar para dar el servicio del llamado triple play que consiste en televisión por cable, Internet y telefonía.
La compañía LyFC, en extinción, tiene una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que tardó diez años en instalarse por los trabajadores electricistas. El 30 de junio de 2009, el SME y el director de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una petición para obtener el título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios del triple play. Sin embargo, el presidente Felipe Calderón, según los representantes del sindicato de electricistas, ya tenía en mente otorgarla a una compañía privada española.
En 1999 el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, otorgó una concesión a la compañía WL Comunicaciones para operar servicios de este tipo en LyFC. Esta empresa es dirigida por dos panistas: Fernando Canales y Ernesto Martens ex secretario de Energía de Vicente Fox. Esta empresa impugnó la solicitud del SME y de LyFC para manejar la fibra óptica.
De acuerdo con Mario Govea Sansón, miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía, “detrás del golpe al SME están intereses corporativos, económicos y políticos que ambicionan el control de las redes de fibra óptica de LyFC en el Valle de México, el mercado más importante del país (por el número de habitantes y por el nivel de ingresos). Buscan administrar el negocio del triple play: la transmisión de datos, audio y video (televisión, teléfono e Internet), y en el futuro también los servicios móviles.”
Desde 1999 el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, otorgó una concesión a la compañía WL Telecomunicaciones para operar los servicios de la red de fibra óptica de LyFC; ello dadas las ganancias de alrededor de 100 mil millones de pesos.
WL Telecomunicaciones es dirigida por dos panistas: Fernando Canales y Ernesto Martens, ex secretario de Energía de Vicente Fox. Esta empresa impugnó la solicitud del SME y de LyFC para manejar la fibra óptica.
