domingo, 20 de febrero de 2011

A 5 AÑOS NINGUN FUNCIONARIO CONSIGNADO

Pasta de Conchos Espera Justicia
Tras la Explosión Impera la Impunidad...Sigue Pendiente el Rescate de los Cuerpos.
Por Regina Vargas
A 5 años de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, donde perecieron 65 mineros, no han consignado ni sancionado a ningún funcionario público por esas muertes, denunciaron organizaciones no gubernamentales quienes exhibieron que es fecha que no se han esclarecido las circunstancias en que ocurrió el siniestro, por lo que se dijo, que en ese caso impera la impunidad, pues ha muerto otros 43 mineros en esa región carbonífera.
Tania Muñoz Martínez, hija de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los mineros acaecido en 2006, comentó que durante tres años y medio los hijos de los trabajadores recibían un apoyo económico cada dos meses. La ayuda consistía en 900 pesos para quienes cursaban primaria y secundaria, y mil 500 pesos para estudiantes de bachillerato, pero fue retirado hace año y medio sin ninguna explicación.
Mencionó que las viudas de los mineros también reciben una pensión mensual y que su monto depende de la antigüedad del trabajador y si formaba parte de un sindicato.
Durante la presentación del V Informe de Pasta de Conchos 'Háblame desde allá abajo', por parte del Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y realizada por la organización Familia Pasta de Conchos y el Cereal, recordaron que ese siniestro no obra de la casualidad ni un accidente fatal, sino el resultado de erróneas decisiones de complicidades y de ineficiencia en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales.
El padre jesuita, Carlos Rodríguez, del citado centro de derechos humanos recordó que el gobierno no ha sido capaz de cumplir con la demanda más insistente de los sobrevivientes de los mineros fallecidos: el rescate de sus seres queridos para que sean sepultados conforme a sus propios usos y costumbres.
En la conferencia de prensa, realizada el pasado 16 de febrero, estuvieron presentes, familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, en la mina Lulú, del pocito Ferber, del Pocito Vertical 4, del Pocito “El Boker”, entre otros; Luis Arriaga, director del Cereal, Ricardo García Cervantes, Cristina Auerbach, entre otros.
Ahí se reiteró que la violación de los derechos humanos de los trabajadores mineros en la zona carbonífera de Coahuila continúa dándose, ya que del 19 de febrero del 2006 cuando murieron 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos a la fecha han muerto 43 más.
El director del centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Luis Arriaga, dice que lo más lamentable es que hasta la fecha no hay responsables. “Hasta la fecha no se ha consignado, ni sancionado penalmente a ningún funcionario público por estos hechos, hasta hoy no han sido esclarecidas las circunstancias en que el siniestro ocurrió”.
Ante este suceso, la familia Pasta de Conchos anunció que realizará en el DF marchas y misa el próximo sábado, cuando se cumplan cinco años de la muerte de los 65 mineros y una manifestación, este jueves, del Ángel al Grupo México.
Los afectados reiteraron que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón son responsables de dicho crimen, porque preponderaron los intereses del gran capital al de los mineros y sus familias.
Arriaga Valenzuela manifestó que este caso fue canalizado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Incluso, detalló que 300 familiares de los trabajadores acaecidos, demandan justicia para sus seres queridos y para otros 43 mineros que murieron en fechas posteriores en esta región carbonífera.
Explicó que a 5 años del siniestro, las autoridades no han escuchado las peticiones de los familiares, pese a que la CIDH les exhortó en septiembre pasado a presentar las observaciones correspondientes al caso.
Al terminar el plazo de dos meses se otorgó una prórroga de tres meses más, la cual venció este 10 de enero, por lo que espera la pronta resolución de las demandas de los familiares.
Por lo que manifestó que exigen mejores condiciones de trabajo, seguridad y un salario mayor para los trabajadores del carbón, que en promedio reciben 50 pesos por cada tonelada extraída de este mineral.
Sobre el particular, el senador Ricardo García Cervantes reconoció que 'si se muere un minero y nadie dice nada, seguirán muriendo más mineros', por lo que exhortó a los trabajadores y sus familiares a demandar mejores condiciones de trabajo y seguridad.
El informe anual que presentó la familia Pasta de Conchos retomó estadísticas, casos e información que sobre la tragedia y han ido acumulando en expedientes que, al no ser atendidos por el gobierno federal, han dejado a los responsables de las 65 muertes en la impunidad.
Y por tercer año, la FPC dedicó su informe en buena medida a las nuevas tragedias carboneras que, pasando desapercibidas, sumaron más de cien muertes de 2006 a la fecha.
Nuevamente se ponen en evidencia las condiciones de inseguridad que prevalecen en las minas de carbón, además de condiciones de trabajo análogas a esclavitud, contratación de menores de edad y operaciones mineras sin concesión que han sido solapadas por la STPS.
La activista de la FPC , Cristina Auerbach Benavides, moderadora de evento reveló que, tras la ruptura de más de dos años en los diálogos con el gobierno federal, hace dos meses iniciaron conversaciones con el secretario de Gobernación, Francisco Blake.
La mesa de diálogo ha registrado avances, pero exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a la de Economía (SE) y al Grupo México, que dejen de poner obstáculos e intentar afectar el diálogo con Gobernación.
También se aprovechó el foro para presentar el caso de la mina donde los sobrevivientes de esa operación minera expusieron su testimonio. El 6 de agosto de 2009, murieron ahí los mineros Rogelio Soto Torres y Alfredo Ríos Martínez, tras un derrumbe que la empresa justificó como “un efecto de aire comprimido”, y que de acuerdo a diversos especialistas y a la propia organización FPC, no existe en la minería de carbón.