Como parte de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, la autoridad ubicó adeudos incobrables; la prioridad en el proceso es cuidar las obligaciones con los trabajadores, afirma la dependencia.
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — En el proceso deliquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) registró 13,045 millones de pesos en cuentas por cobrar, de los cuales alrededor de 6,000 millones de pesos son prácticamente irrecuperables.
El director general del organismo, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, dijo que en esas cuentas por cobrar están incluidos deudores mayores y menores, aunque es el ciudadano promedio en donde "no tenemos mayor evidencia" para recuperar esos recursos.
Entrevistado luego de su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, señaló que se trabaja en programas de recuperación de las deudas y en la regularización de los estados financieros, que incluye una parte de entidades y dependencias del Gobierno federal.
Ahí no existe mayor problema para realizar el cobro porque cuentan con un sistema de compensación que les retira del presupuesto federal para ir pagando poco. "Así que ahí es una recuperación segura. Simplemente en el transcurso del tiempo acabaremos de recuperarlo", subrayó.
Sin embargo, Monroy Portillo reconoció que "la parte que será difícil recuperar" es aquélla que involucra a los deudores menores, que son los ciudadanos que tienen un adeudo y un domicilio, pero donde no existe una lectura que sustente el adeudo, por lo tanto "no vemos posibilidades de atenderlo".
Bienes de LFC
Monroy Portillo rechazó que algún bien de la extinta LFC haya sido donado a partido político alguno.
Al comparecer, dijo que la prioridad en el proceso de liquidación de esta empresa es cuidar las obligaciones con trabajadores y jubilados.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que los bienes de la extinta empresa tienen sólo dos destinos: han sido puestos a disposición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se destinan a atender las obligaciones de la empresa en extinción, con los recursos que se obtienen por su venta.
Señaló que tras el decreto de extinción de LFC, publicado por el Ejecutivo federal el 11 de octubre de 2009, el encargo que recibió el SAE fue exclusivamente la liquidación de la empresa paraestatal.
Las cuatro obligaciones que tiene el SAE son: Tomar las medidas necesarias para que los bienes que se requieran para continuar con la prestación del servicio público se entreguen a la CFE, en su calidad de proveedor de electricidad.
Además, tomar el control y disponer de todos los bienes de la propia liquidación; proceder a la liquidación de todos los trabajadores; y pagar las pensiones que corresponden a los jubilados.
En el levantamiento del inventario se identificaron más de 500 inmuebles relacionados con la extinta empresa, los cuales están distribuidos en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Michoacán, destacando por su importancia estratégica 180 subestaciones y áreas técnicas y 34 centrales generadoras.
Hidalgo Monroy Portillo comentó que aunque en Guerrero y Michoacán la extinta empresa no tenía operaciones se encontraron dos inmuebles.
Como resultado de la clasificación, registro y documentación de los bienes, se encontraron más de 40 millones de unidades, entre las que se encuentran transformadores, postes, medidores, escaleras y todo tipo de cables y herrajes.
En cuanto a mobiliario, equipo y vehículos se encontraron alrededor de 2 millones de bienes, tales como escritorios, sillas, libreros, mesas, equipos de cómputo, grúas, remolques, camiones y camionetas.
El director general del SAE señaló que el organismo también intervino para la toma de control de juicios, obligaciones, pasivos, contratos y convenios y, por supuesto, cualquier obligación con extrabajadores y jubilados.
Indicó que entre las obligaciones de los pasivos que en cualquier momento pueden generar contingencias importantes para la empresa, el SAE encontró que la obligación más importante estaba en el pasivo actuarial, es decir, en el pasivo que generaban los pensionados de LFC.
De acuerdo con un estudio hecho por un despacho actuarial externo, el pasivo actuarial al 11 de octubre de 2009 es de 286,831 millones de pesos por concepto de pensiones y jubilaciones.
Expuso que la reconstitución de los activos de la empresa arrojó que el balance inicial de la liquidación da un activo total por 134,000 millones de pesos y un pasivo de 359,812 millones de pesos, lo que señala un déficit en el patrimonio de la institución de 225,466 millones de pesos.
Sobre la indemnización laboral voluntaria, recordó que de los más de 44,000 trabajadores que laboraban en LFC, 28,000 se inscribieron al proceso de liquidación hasta agosto de 2010, es decir, 65%, y faltan por liquidar más de 15,000 ex empleados.
Sobre el pago de la nómina de jubilados, dijo que ésta no es una obligación menor, ya que vale más de 11, 000 millones de pesos anuales, y consideró que es el pasivo más relevante de la liquidación.
Mencionó que del universo de jubilados, el pico es en personas entre 56 y 60 años, así que "tenemos muchos años todavía hacia adelante, para la atención de esta obligación que nos da el propio decreto".
Refirió que de la revisión de los expedientes, el SAE incluyó a más de 500 extrabajadores a la nómina de jubilados, que demostraron los derechos que tenían, y se estableció un mecanismo para el pago a los beneficiarios de los jubilados fallecidos.
Hidalgo Monroy Portillo expresó que el SAE ha tratado de dar cumplimiento puntual a las obligaciones que le impuso el decreto de extinción de LFC, pero subrayó que la prioridad en esta liquidación ha sido cuidar las obligaciones con trabajadores y jubilados.
