Organización Editorial Mexicana
29 de diciembre de 2010
Carlos Acosta / El Sol de México
Ciudad de México.- La llamada "toma de nota" --que otorga legalidad a las directivas de organizaciones sindicales-- se ha convertido en un mecanismo de control del Gobierno, como factor de estabilidad laboral en el país y a la que tienen que someterse los dirigentes en busca de su sobrevivencia y, en muchos casos, de su interminable gestión sindical.
Tanto líderes sindicales como litigantes en materia laboral señalan que el trámite de este requisito legal que lleva a cabo la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, se ha convertido en un círculo vicioso y en ocasiones hasta "perverso", en el que la burocracia y tramitología son utilizados como pretexto para frenar la entrega del registro.
Sin embargo, aseguran que mientras varias agrupaciones gremiales tienen que sortear algunos obstáculos, otras más, como las del movimiento obrero organizado aglutinadas en el Congreso del Trabajo, reciben trato privilegiado y casi de facto obtienen la notificación respectiva.
Incluso, algunos líderes -quienes pidieron no mencionar su nombre- aludieron a que también prevalece la corrupción en la entrega de la toma de nota, sobre todo cuando está en disputa un contrato colectivo de trabajo y por el que las exigencias oscilan entre un millón y tres millones de pesos, dependiendo del número de trabajadores y del sector del que se trate.
Durante el gobierno del PAN se tienen dos casos emblemáticos en los que la STPS ha negado reconocimiento a las dirigencias sindicales: a Napoleón Gómez Urrutia, al frente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos de la República Mexicana, y a Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El primero de ellos lleva casi cuatro años sin ser reconocido con el argumento de que no cumple con los estatutos, a pesar de que la asamblea del gremio lo ha ratificado en varias ocasiones, mientras que el segundo apenas la recibió en días pasados tras un año seis meses.
Datos de la STPS refieren que se tienen registrados 2 mil 492 sindicatos, pero de acuerdo al abogado y exjuez en materia laboral, José de León, un buen número no están actualizados en su documentación, con tomas de nota falsas y líderes que cobran cuotas a pesar de no contar con el reconocimiento legal.
Destaca que, sin duda, la autoridad laboral es estricta y enérgica con algunos gremios que no coinciden con la política del Gobierno en turno, o con los intereses de grupos empresariales, tal es el caso de Gómez Urrutia, mientras que otros dirigentes del llamado sindicalismo oficial, como el petrolero Carlos Romero Deschamps, y el ferrocarrilero, Víctor Flores, entre otros, gozan de ciertos privilegios.
Para Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios, y del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Fiscal y Administrativa, David Leyva, y del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Agraria, Juan Carlos Casas, existen vicios en el procedimiento y en ocasiones burocratismo, sobre todo porque se trata de una decisión de los trabajadores.
Refieren que la Secretaría del Trabajo carece de facultades para intrometerse en la vida sindical y violar la autonomía sindical, toda vez que es competencia de los trabajadores elegir a sus representantes y sólo se le tiene que notificar a la Dirección de Registro de Asociaciones la decisión de la asamblea.
Sin embargo, Bahena Lome indica que a pesar de que se da cumplimiento a lo que marcan los estatutos, la autoridad rebasa sus facultades al negar la toma de nota y, ejemplo, de ello es el caso de los mineros y de los electricistas, aunque este último ya solucionado, y en cambio otorga con gran facilidad otros reconocimientos legales.
* Propuestas
De hecho, desde hace ocho años la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que agrupa a organizaciones del llamado movimiento independiente como el Sindicato de Trabajadores Telefonistas, el Stunam, de pilotos y sobrecargos, entre otros ha pugnado por la desaparición de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS.
Incluso, en la propuesta de reforma laboral presentada por el diputado federal del PRD y presidente colegiado de la UNT, Francisco Hernández Juárez, incluyó la añeja propuesta, para dar paso al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, promovido por sindicatos de la industria automotriz desde fines de la década de los 80.
"El registro constituye uno de los pilares de la construcción jurídica que se ofrece. Sería poderoso instrumento para enfrentar desde la Ley la corrupción generalizada de nuestro mundo laboral contaminado por la generalizada falsificación de la contratación colectiva -los contratos de protección- operada por empleadores obtusos y simulaciones sindicales que el sistema corporativo estatal ha hecho proliferar y continúa protegiendo", precisa el planteamiento.
También el PAN en su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, incluyó algunos aspectos sobre la "toma de nota, con el propósito de facilitar a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades registradoras, mediante la utilización de herramientas electrónicas, para proporcionar informes, notificar sus cambios de directiva y modificaciones estatutarias, así como las altas y bajas de sus miembros".
Señala en forma expresa cuáles son los principios rectores que deben regir la actuación de las autoridades registradoras de las asociaciones de trabajadores y de patrones, mismos que son los de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.
En el artículo 364 Bis menciona que en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.
Refuerza que los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local.
Todos los documentos deberán estar autorizados por las personas facultadas en los estatutos. A falta de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, el registrador requerirá al solicitante a fin de que subsane dicha omisión en un término no mayor a treinta días. Transcurrido dicho término sin que se exhiban los documentos requeridos, se ordenará el archivo de la solicitud de registro, por falta de interés.
Sin embargo, en el anteproyecto de reforma del PRI, que finalmente no fue presentado al Pleno camaral, no plantea la eliminación o cambios sustanciales para acreditar a la dirigencia sindical ante la autoridad, y sólo establece en su artículo 368 que el registro del sindicato y el aviso de actualización o cambio de directiva, realizado en términos de la presente Ley, producen efectos ante todas las autoridades y ante terceros.
De igual forma, menciona en el artículo 373 que la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical.
* Privilegios
De León puntualiza que en otros países no se requiere autorización del registro, como en España, donde existe la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y en la que sólo se tiene que realizar un registro como si fuera una sociedad mercantil. "Aquí históricamente demuestra que ha servido de control de los sindicatos", subraya.
A pesar de que la autoridad laboral considere que sólo es un registro que da legalidad a la organización, insiste que en la práctica se convierte en un mecanismo de control, a través de la exigencia de requisitos, aunque en la mayoría de los casos se las otorgan en "fast track" porque son sindicatos afines al Gobierno.
Sostuvo que, además, la toma de nota se ha convertido en una fuente de enriquecimiento de los funcionarios porque cobran por la actualización de toma de nota de una directiva.
Bahena enfatiza que en México hace falta una política laboral, que no sólo impulse el empleo, sino en la que se atiendan los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, se haga respetar la Ley Federal del Trabajo y que el Gobierno se deje de meter en la vida sindical.
En su pasada intervención en Foro "Por un Mercado Laboral más Eficiente", el secretario del Trabajo, Javier Lozano, preguntó: ¿Queremos eliminar la toma de nota? Me parece muy bien, nos quita muchos problemas y dolores de cabeza y visitas incómodas.
"¡Sale!, nada más que en aras de la certidumbre jurídica, alguien tiene que definir en última instancia a quién corresponde la representación de los sindicatos y quién administra los recursos patrimoniales de los sindicatos. Porque si todos pensamos que basta con asambleas a mano alzada que todo mundo coincide de manera uniforme, unívoca sobre quién es el representante legal de tal o cuál sindicato, no tenemos mayor problema, pero no ocurren las cosas así en la práctica", agregó.
"¿Quién le va a dar la acreditación debida? ¿La representación legal y legítima a quienes van a defender los intereses de los trabajadores y quienes van a manejar su patrimonio? ¿No quieren que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Me parece muy bien... ¿una institución nueva? La que sea, pero de plano ¿desaparecerlo? La ley de la selva, al tiempo..."
